EscucharEl editorial de La Nación del lunes 15 de febrero, generalizó indebidamente el apoyo de diputados del Movimiento Libertario a los desfinanciados proyectos de presupuesto de la administración Arias.
Consideré la aprobación de esos presupuestos desequilibrados un desaguisado contra el orden en las finanzas públicas y contra nuestro orden constitucional.
Así lo hice ver en mis intervenciones, en el plenario legislativo, relacionadas con esos presupuestos y los voté en contra. Tanto así, que una diputada del PLN indicó con relación al presupuesto extraordinario: “Señor Presidente, para hacer algunas apreciaciones sobre el Presupuesto Extraordinario de la República. Externar, primero, la preocupación tanto de nuestra fracción, como en el plano personal y en el plano de costarricense sobre el voto negativo que ha dado el Partido Acción Ciudadana y el partido libertario a este presupuesto (…)”
Otras consideraciones. Aunque coincido con lo expresado por el editorialista y no con las vanas preocupaciones oficialistas, es necesario agregar algunas otras consideraciones con respecto a esos presupuestos indebidamente aprobados.
Con relación al Presupuesto Ordinario del 2010 como consta en el Acta del Plenario N.º 107 del 24 de noviembre, dije: “(…) es un presupuesto que tiene otro enorme y profundo y grave defecto, y es que está proponiendo utilizar endeudamiento para gastos corrientes del Estado bajo el pretexto de que esto es necesario, pero estamos frente a un pretexto de la más grave naturaleza (…)”.
Los presupuestos criticados en el editorial, son también radicalmente inconstitucionales y esa inconstitucionalidad no se puede curar con más inconstitucionalidades, ni con una reforma esquizofrénica de la Ley de Presupuestos Públicos.
Un presupuesto es una ley especial, que no puede modificar las leyes ordinarias, sino que, más bien, debe atenerse a ellas.
La aprobación de esos presupuestos no reformó, ad hoc, el artículo sexto de la Ley de Presupuestos Públicos, por la sencilla razón de que no podía hacerlo, en cuyo caso esos presupuestos son inconstitucionales.
Por ello, nunca estuve de acuerdo en su aprobación, según consta en las actas de plenario.
El país enfrenta una artera manipulación en el control de los asuntos relativos a materia fiscal. Varios actos y proyectos de ley del oficialismo muestran una conducta gravemente desviada en materia de endeudamiento público, entre las que destacan los bonos chinos; la construcción de un lujoso edificio legislativo y una nueva casa presidencial; los inconstitucionales presupuestos objetados –en su oportunidad– y ahora advertidos por el editorialista; el manejo de los presupuestos para enfrentar calamidades públicas –como Cinchona–; el proyecto para permitir deuda subordinada en los bancos estatales, y finalmente, la reforma al artículo sexto de la Ley de Presupuestos Públicos.
Los avances logrados en otras épocas para ordenar las finanzas públicas están siendo desmantelados, mediante todo tipo de abusos. Recuerdo, en relación con estos presupuestos mal tramitados y aprobados, que se utilizó la amenaza de dejar sin aguinaldo a los empleados públicos (Poder Ejecutivo) como argumento para aflojar la lógica y la defensa de la legalidad que corresponde a la Asamblea Legislativa. Por ello no podía estar de acuerdo en su tramitación y así lo expresé con vehemencia.
Una impresionante manipulación para propiciar el descontrol y el clientelismo se ha apoderado de nuestras finanzas públicas y de nuestro proceso electoral.
Para desgracia del país, estos presupuestos fueron aprobados. Nunca más debe incurrirse en esos actos legislativos y de ninguna manera aprobar la reforma o suspensión temporal de la Ley de Presupuestos Públicos, por lo que es indispensable denunciarlos, como también lo hace el editorial.
Por estas razones me opuse a esos presupuestos, aunque equivocadament e La Nación diga que los aprobé.
