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Abandonar la escena de un accidente no es solo una omisión moral: puede agravar el daño, retrasar la atención y debilitar la protección de las víctimas.
Un reciente reportaje titulado “Fuga sin castigo”, de Teletica, volvió a colocar sobre la mesa una pregunta que Costa Rica no debería seguir postergando: ¿debe cambiar la legislación para castigar a quienes provocan un accidente y huyen? Según expone ese trabajo periodístico, en nuestro país la legislación actual no tipifica por sí misma como delito el hecho de darse a la fuga tras un accidente de tránsito. Ese dato ya resulta inquietante. Pero lo es aún más cuando se analiza no solo desde el derecho penal, sino desde la seguridad vial y la protección efectiva de las víctimas.
La evidencia internacional ayuda a dimensionar mejor la gravedad del problema. Un informe reciente de la AAA Foundation for Traffic Safety estimó que, solo en 2023, más de 919.000 choques reportados por la policía en Estados Unidos involucraron a un conductor que abandonó la escena. Esos hechos dejaron a más de 242.000 personas lesionadas y 2.872 fallecidas.
No estamos, entonces, ante una conducta marginal ni anecdótica, sino frente a un fenómeno masivo, persistente y devastador. Más aún, el estudio advierte de que peatones y ciclistas son especialmente vulnerables, al punto de que aproximadamente una de cada cuatro lesiones y muertes de estos usuarios ocurrió en siniestros con fuga.
Ese dato debería interpelarnos con fuerza en Costa Rica. La fuga tras un atropello o un choque no es solo un acto de irresponsabilidad individual; es una decisión que puede empeorar de manera decisiva el desenlace para la víctima. El informe de la AAA también señala que muchas de estas fatalidades ocurren de noche, en condiciones de oscuridad, y con mayor incidencia sobre usuarios vulnerables y en entornos urbanos o socialmente más expuestos. Cuando alguien huye, no solo evade su deber: también retrasa la atención, dificulta la identificación del responsable y multiplica la sensación de desprotección para las víctimas y sus familias.
Por eso, el debate costarricense merece ser abordado con más seriedad técnica y menos superficialidad. Es hora de preguntarse si ha llegado el momento de cerrar ese vacío legal. A mi juicio, sí. Pero no basta con crear delitos o aumentar penas de forma aislada. Hace falta una respuesta integral: reglas claras sobre el deber de permanencia y auxilio, mejores mecanismos probatorios, fortalecimiento de la investigación, modernización tecnológica y una narrativa pública que deje claro que huir no es una falta menor ni una salida desesperada aceptable. En seguridad vial, la impunidad también educa, pero educa mal.
Costa Rica ha discutido sobre exceso de velocidad, alcohol al volante, motocicletas, uso del cinturón, infraestructura y fiscalización. Todo eso importa. Pero seguir dejando en una zona ambigua la fuga posterior al siniestro transmite una señal equivocada: que el abandono de la víctima puede quedar diluido entre tecnicismos.
Si de verdad queremos una movilidad más humana, más responsable y más justa, debemos entender que el problema no termina cuando ocurre el impacto. A veces, la segunda agresión empieza cuando el responsable decide desaparecer. Y ese vacío, jurídico y moral, ya no debería seguir acompañándonos.
barqueroa77@gmail.com
Alberto Barquero Espinoza es administrador de empresas con énfasis en transporte terrestre y seguridad vial.
