
México.- Cuando Robert Townsend estuvo a cargo de Avis, la arrendadora de automóviles número dos del mundo, descubrió que el centralismo de la administración era muy poco práctico. Que la empresa no necesitaba que los automóviles, el personal, el mobiliario y los contratos con los clientes fueran suyos. Que podía transformar la estructura piramidal de sucursales en una federación de franquicias, que le pagaran regalías y cumplieran una serie de normas, a cambio de beneficiarse con el nombre, la propaganda y los descuentos negociados con las armadoras de automóviles: los únicos elementos que valía la pena centralizar.
Pero las franquicias no nacieron del mercado, sino del poder, desde hace milenios, como dice la Historia económica general de Max Weber. El soberano extendía licencias de pillaje a la tropa sin sueldo (por eso, todavía, tantos funcionarios están dispuestos a pagar, en vez de cobrar, por la franquicia de servir a la patria) o arrendaba la recaudación de impuestos a un vampiro local, que tenía el monopolio para chupar la sangre de los súbditos locales, pasándole una cuota al vampiro central. Estas franquicias del poder absoluto, anteriores a la aparición histórica del mercado, eran sin competencia: concesiones de la soberanía para ejercer el monopolio de la violencia legítima.
Según el primer diccionario de nuestra lengua (Tesoro de la lengua castellana o española de Sebastián Covarrubias, 1611), franquicia es "el lugar libertado y privilegiado, como es la casa, y cierto término alrededor de los embajadores, cardenales y otros príncipes seglares". Las franquicias son poderes por abstención. A diferencia de los apoderados o encargados de una sucursal, que actúan por cuenta del poder que reciben, actúan por su propia cuenta, en un espacio libertado y privilegiado. Su poder es respetado como ajeno, dentro de términos definidos.
A principios del siglo XIX, había en México cientos de pequeñas aplanadoras políticas, primero subordinadas a la acción o la abstención del poder español, luego subordinadas a las fuerzas militares estacionadas o de paso por la zona (en las guerras de Independencia) y después a los grandes caciques regionales. Muy lentamente, Porfirio Díaz logró una proeza histórica: subordinar las aplanadoras regionales a una gran aplanadora central. Logró que una serie de poderes autonómos se volvieran franquicias del poder central, bajo las apariencias de una república democrática.
Teóricamente, en el mundo de los negocios, se puede hacer lo mismo: convencer a un conjunto de refaccionarias o talleres de automóviles para que sigan actuando por su cuenta, dentro de ciertos límites, pero bajo un solo nombre, y estandarizando su forma de operar. Pero no resulta fácil, cuando se parte de autonomías que ya existen y son viables; a menos que sea posible "convencerlas" de que se afilien, aunque no quieran. Esto lo puede imponer una mafia (empresarial, sindical, policiaca, política) o un general triunfante (como Díaz).
Claro que para Díaz, como para Obregón y Calles, el sistema de franquicias era un mal necesario y transitorio: lo deseable era llegar a un sistema de sucursales propias. Pero la perfección del poder absoluto tardó mucho en llegar, y, cuando llegó, las sucursales no eran propiedad de un general triunfante, sino de una especie de Grupo Industrial Los Pinos que era dueño del país, sin que, a su vez, fuera propiedad de una sola persona. El negocio era propiedad de la administración (no de los supuestos accionistas), y tenía sucursales de la aplanadora central por toda la república.
En los sistemas de franquicias, hay un vaivén entre la autonomía central y las autonomías locales, que pueden acabar como simples sucursales o, en el extremo opuesto, como empresas que rompen con la afiliación, como un hotel o un puesto de hamburguesas que siguen operando como siempre, pero con otro nombre y sin pagarle regalías al sistema que los cobijó.
Un escenario posible y lamentable sobre el fin del PRI consistiría, no en que desapareciera el negocio de las aplanadoras, sino en que se volviera local, financiado y operado por los antiguos socios a cargo de las sucursales. En México, abundaron los partidos locales y regionales que fueron dueños de su propia aplanadora. Pueden resurgir. La aplanadora central, además de aplastar a los ciudadanos, ha venido aplastando a sus propias sucursales, que pueden rebelarse: aplastar a los ciudadanos por su cuenta, con su propia máquina y sin apoyo central. El sistema de sucursales puede retroceder a un sistema de franquicias toleradas (como Porfirio Díaz tuvo que tolerar a muchos caciques locales), porque la amenaza de retirarles el logo del PRI puede ser contraproducente: conducir a la formación de un Partido Aplanador Tabasqueño o un Partido Aplanador Yucateco.
Un PRI desmoronado puede acabar en eso: una federación de franquicias del PRI, que usen el logo y paguen regalías (en vez de recibir dinero de Los Pinos), a cambio de disponer de un territorio libertado y privilegiado para su propia aplanadora.