Mauricio Vargas Fuentes. 10 noviembre

A lo largo de mis treinta años en la Universidad de Costa Rica (UCR), principalmente durante los últimos cuatro años como director de una unidad académica, fui testigo de un asunto que me preocupó profundamente: el modelo de organización y gestión no se corresponde con lo que se enseña en esa materia. Tremenda contradicción.

La autonomía ha sido el discurso alrededor del cual las autoridades han unido al personal docente y administrativo y a los estudiantes. Una autonomía que no responde a la realidad y detrás de la cual se esconden los privilegios de los trabajadores universitarios —yo gocé de ellos—, sobre todo de los “más viejos” y de quienes ostentan la “categoría ocupacional” de estar en plazas en propiedad.

La propiedad se adquiere por ser empleado antiguo, no por méritos propios, pues no se sustenta en una objetiva evaluación del desempeño. Da lo mismo ser bueno o mal profesor o investigador. El único requisito es tener “puesta la camiseta”. ¡Cuántas veces escuché ese término y nunca nadie pudo explicarme su significado! Significa, a fin de cuentas, cualquier cosa.

Por el contrario, el docente interino recibe precarios salarios. No existen mecanismos para sancionar o premiar y, además, no hay requisitos que guíen una práctica para enaltecer el cargo de director de una unidad académica. La excelencia no es una exigencia debidamente normada.

Mediocridad. La anualidad es uno de los privilegios que propician la mediocridad. Claro que hay otros, pero este es el principal.

A la sociedad se le informó de que ese incentivo disminuyó de un 5,5 % a un 3,75 %, pero no se le explicó debidamente que no se calcula sobre el salario base, sino sobre el resultado de sumar el salario base, el escalafón, el fondo consolidado, el reconocimiento por elección y los pasos académicos (artículo 14 de la convención colectiva).

El más perverso de los privilegios es la dedicación exclusiva: un 30 % sobre el salario base. ¿Quién no tiene dedicación exclusiva en la UCR? Prácticamente todos la reciben, son pocas las excepciones. Yo nunca la recibí. Me retiré de la universidad sin recibir dicho beneficio, que hubiese sumado a mi pensión.

Contradictoriamente, durante los últimos años, se cuestiona internamente el vínculo remunerado que la universidad tiene gracias a una serie de convenios con otras instituciones públicas que requieren su conocimiento y capacidades para mejorar en diversos campos.

Hace 30 años, la UCR creó una fundación para flexibilizar su relación con los actores sociales públicos y privados, no para hacer negocio, sino para concretar, en la práctica, una estrategia de vínculo con la sociedad: el vínculo remunerado.

El vínculo remunerado beneficia a la sociedad, a la universidad y al docente que promueve este tipo de iniciativas; sin embargo, convertimos la estrategia en un asunto de corte ideológico, tanto así que la Fundación para la Investigación se encuentra camino a desaparecer.

Endogamia universitaria. Por otra parte, existe también lo que yo defino “endogamia universitaria”, y se origina en hechos que la institución debe revisar a corto plazo. La mayoría de los docentes que hacen carrera universitaria son el resultado de los propios procesos de formación en la misma casa de estudios superiores y, al concluirlos, se quedan laborando en ella.

Dicho de otra manera, son profesionales con muy poco conocimiento de la realidad social, económica y política del país. Son quienes leen y replican lo que otros escribieron, muy selectivamente, la mayoría de las ocasiones. Son el resultado de un reciclaje. Aunque, por supuesto, nadie niega el aporte al país.

¡Muchos trabajadores de la UCR viven en una burbuja creyendo pertenecer a una casta superior, producto de la cultura organizacional privilegiada que la UCR ha generado y defiende bajo el paraguas de la autonomía.

Urge que la UCR mire en su interior y comprenda que 77 años de historia hacen un llamado a la autorrevisión y el ajuste. Su modelo de organización y gestión no puede ni debe seguir siendo objeto de financiamiento público sin dicha revisión.

El autor es médico en gerencia de la salud y uno de los jerarcas del Instituto Centroamericano de Administración Pública.