EscucharEl término bioética está relacionado con la disciplina filosófica conocida como ética, la cual tiene como interés principal, desde la antigua Grecia, la reflexión sobre cómo debemos vivir (bien).
Esta disciplina cobró relevancia durante la pandemia debido a que conlleva reflexión y orientación de manera multidisciplinaria, a través de comités o comisiones, sobre la investigación médica y los seres humanos.
La llegada de la vacuna contra la covid-19 colocó al Ministerio de Salud ante dos problemas propios de la bioética: quiénes debían ser los primeros en ser inoculados y qué pasaría si alguien decide no vacunarse.
El primer problema ya se resolvió sin mayor discusión al respecto, pero el segundo está sin una solución. También es válido preguntar si está bien que alguien rehúse el tratamiento.
Uno de los principios de la bioética es la autonomía del paciente, también conocido como permiso o consentimiento informado. Tiene que ver con el respeto y el derecho de toda persona a decidir sobre las intervenciones médicas en su cuerpo.
Aunque vivimos en una sociedad democrática, donde se reconoce la pluralidad de opiniones y diversas formas de concebir la vida, debe considerarse que el mundo afronta una emergencia de salud pública, y si bien en Costa Rica se respeta la autonomía de las personas, es sumamente necesario apelar a que la gente voluntariamente investigue en medios oficiales, serios y científicos para que, de la manera más prudente, tome decisiones mejor razonadas.
Algunos países tienen la intención de obligar a la población a vacunarse. Aunque parezca sensato, hacerlo entra en conflicto con la autonomía de las personas sobre su cuerpo.
Si bien debemos sentir orgullo por nuestras libertades, en momentos como el actual, la decisión de no vacunarse está más allá del interés individual y, por tanto, el Estado debería exigirlo por el bien no solamente de quien se niega, sino también del resto de la sociedad.
La obligatoriedad de las vacunas no es una cuestión nueva. En el 2019 la Sala Constitucional falló que todas las niñas de 10 años debían vacunarse contra el virus del papiloma humano. Otro ejemplo es el requisito de vacunarse contra la fiebre amarilla antes de viajar a países de América del Sur.
Proteger la salud pública y prevenir enfermedades es un fin constitucional legítimo, y por eso el Estado debería exigir a toda la población vacunarse contra la covid-19 en cuanto el país cuente con las dosis suficientes para ello.
El autor es educador y filósofo.
