EscucharAl igual que miles de costarricenses, sé que el asunto de la explotación del oro en Crucitas, en Cutris de San Carlos, y en Abangares es un asunto controversial.
Quienes creen que hay que defender el medioambiente de toda forma afirman que no debe permitirse esa explotación, de ninguna manera. Otros opinan que, sin perjudicar la naturaleza, es posible llevar a cabo labores de minería ajustadas a los más estrictos cánones ecológicos. Con motivo de esas discrepancias, un expresidente de la República y un exministro fueron sometidos a un proceso penal, por actuar en la forma que consideraron adecuada. Los litigios sobre Crucitas todavía siguen y, posiblemente, continuarán durante varios años más.
No pretendo analizar en este artículo la justicia de los reclamos de quienes se sienten perjudicados por las acciones tomadas por este gobierno, en relación con la extracción, procesamiento y comercialización del oro.
Mi intención es la de protestar vehementemente por la violación del derecho que los habitantes de Costa Rica tienen a “trasladarse y permanecer en cualquier punto de la República”, según el artículo 22 de la Constitución Política.
¿Cómo puede un grupo de personas, que sienten que una acción gubernamental ha perjudicado sus derechos, impedir a cientos o miles de ciudadanos regresar a sus hogares después de haberse trasladado a distintos sitios para disfrutar de un corto descanso, precisamente durante un fin de semana en que el gobierno acomodó uno de los más significativos feriados nacionales para fomentar el turismo? Permitir el bloqueo de vías, ¿promueve la actividad turística?
Inconcebible. Es obvio que en este caso la respuesta de las autoridades fue lenta y débil, y con ese proceder sometieron a una gran cantidad de personas a la infame situación de estar muchas horas detenidas en la principal carretera nacional.
¡Eso es inconcebible! También lo es la actuación de quienes impidieron la libre circulación, sin preocupación por si en los vehículos había niños, personas enfermas o, simplemente, gente que deseaba regresar a sus hogares.
Para quienes bloquearon la carretera Interamericana y, además, otras que algunos desesperados conductores trataron de usar para llegar a su destino, lo único importante son sus derechos, con total y absoluto menosprecio por los de los demás.
A pesar de ser esa una actuación bárbara, consiguieron sus objetivos, que funcionarios del más alto nivel se trasladaran a negociar con ellos. Ese proceder constituye una invitación a que cualquier grupo que sienta, con razón o sin ella que sus derechos han sido amenazados por una acción gubernamental, obstruya las vías, sin importar los inconvenientes que causen a otras personas.
Violación de derechos. ¿Desconocía el gobierno los pronunciamientos de los tribunales que condenan la obstrucción de vías públicas? ¿Olvidó sus promesas de no negociar con ningún grupo que estuviera violando la libre circulación? Afirmo, y estoy seguro de que expreso la posición de miles de costarricenses al decirlo, que el gobierno no debe permitir, bajo ninguna circunstancia, que se impida el derecho de los habitantes de este país de trasladarse libremente de un sitio a otro.
Con igual firmeza, condeno las acciones de quienes, para reclamar sus derechos, causan graves perjuicios a mucha gente, totalmente ajena a su discrepancia con las autoridades gubernamentales.
Ya muchas personas y entidades lo han proclamado. Hoy me permito unir mi voz a las de ellas: el derecho a la libre circulación es sagrado y de ninguna forma puede violarse para reclamar derechos particulares, reales o supuestos.
El autor es exvicepresidente de la República.
