Cecilia Cortés. 23 enero

La no renovación del convenio para mantener en funcionamiento la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) es un duro golpe para la ciudadanía que la consideraba la tabla de salvación para recuperar el Estado de derecho.

Fue la ciudadanía hondureña la que clamó por el establecimiento de la Misión en el 2015, cuando se conoció el escandaloso desfalco al seguro social en un país donde un 65 % de la población vive en pobreza, un 68 % no tiene empleo o sufre subempleo, la economía apenas crece un 3,5 % y la criminalidad, la inseguridad y la extorsión son comunes.

De acuerdo con la encuesta, el 65 % estaba de acuerdo con la renovación del convenio para la continuación de la Maccih.

La corrupción estructural capturó todas las instituciones del Estado, y esa es la causa de la violación de los derechos a la educación, la salud, la seguridad y una vida digna.

La captura del Estado, entendida como “la capacidad de grupos para influir a través de prácticas corruptas en los procesos de alta decisión del Estado, que a su turno se convierte en una forma predominante de corrupción asociada con el favoritismo de intereses privados en las altas esferas del poder” (Kaufmann, 2002), tiene como consecuencia una institucionalidad al servicio de redes de corrupción, grupos criminales, grupos económicos y cualesquiera otros menos el interés nacional.

Trabajo ciudadano. Estuve 16 meses en la Maccih, de setiembre del 2018 a diciembre pasado, ejerciendo el cargo de jefa del Observatorio de la Justicia Penal de Honduras, nombrada por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El Observatorio fue la instancia dentro de la Maccih que el convenio le reservó a la sociedad civil como reconocimiento por el papel desempeñado en el 2015, el cual hizo posible la creación de la Misión.

Hace un año, la renovación de la Maccih se puso en la agenda nacional y, durante el 2019, la sociedad civil se movilizó, así como otros actores y sectores, para promover la continuidad de la Misión como un asunto de vida o muerte para la democracia de Honduras.

Institucionalidad tomada. Por ejemplo, en noviembre del 2019, el Centro de Estudios para la Democracia publicó los siguientes hallazgos relevantes: el 87 % de la ciudadanía considera que hay mucha corrupción en Honduras; más del 80 % opina que instituciones como las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, las alcaldías, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, la presidencia de la República, la Policía Nacional y los partidos políticos están afectadas por la corrupción; la desconfianza en que dichas instituciones puedan desempeñar un buen papel en la lucha contra la corrupción es alta.

Por otra parte, el 61 % no confía en la presidencia, el 57 % en la Corte Suprema de Justicia, el 56 % en el Ministerio Público, el 59 % en el Congreso Nacional y el 62 % en los partidos políticos.

De acuerdo con la encuesta, el 65 % estaba de acuerdo con la renovación del convenio para la continuación de la Maccih.

Aportes. Ser parte de la Misión fue una experiencia excepcional en lo personal y profesional. Propusimos, según el modelo de Costa Rica, elaborar el primer informe sobre el estado de la justicia penal de Honduras, con la colaboración del Programa Estado de la Nación.

Logramos crear el sistema descentralizado de observación y seguimiento de la justicia penal con base en la jurisdicción territorial y el Ministerio Público hondureños.

La decisión de que la Misión no continúe es un retroceso sin precedentes. La sociedad civil hondureña tiene en sus manos la oportunidad de llevar la democracia a una fase superior. Ojalá la comunidad internacional la apoye.

La autora es internacionalista.