Enrique J. Egloff. 4 abril

El Proyecto de Ley de Combustibles número 20641 fue dictaminado recientemente y, por tanto, resulta imposible dejar de expresar seria preocupación. El plan propone prohibir la exploración y explotación del petróleo y del gas natural, nombrar al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) rector en materia de combustibles y ampliar el ámbito de acción de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope). Esto último nos alarma más, pues es extender los tentáculos de un monopolio estatal a otras actividades.

El plan dejaría sin efecto los decretos firmados por gobiernos pasados con respecto a la exploración y explotación del petróleo y del gas natural.

Si bien es cierto el país habla de descarbonizarse, y pareciera que prohibir la exploración y explotación de petróleo va en dicha línea, conforme avance el proceso y menos combustibles fósiles sean expendidos, la recaudación del impuesto único sobre los combustibles disminuirá, por lo cual cabe preguntarse cómo el gobierno cubrirá el faltante en el presupuesto.

Si no hacemos algo, no importan los esfuerzos para controlar el déficit fiscal, la menor venta de combustibles fósiles tendrá un efecto negativo sobre dicho balance. La respuesta al problema quizás sea la exploración y explotación de gas natural, que, como sabemos, emite menos dióxido de carbono que los derivados del petróleo.

Aunque el gas natural está fuera del monopolio de Recope, el dueño de todo el gas natural que pueda existir en nuestro país es el mismo Estado y, por tanto, sería una extraordinaria fuente de ingresos. Entonces, ¿es sensato prohibir la exploración y explotación de gas natural?

Ampliación del monopolio. Pero el aspecto más alarmante sobre el proyecto 20641, es ampliar el ámbito de acción de Recope para investigar, producir, industrializar, transportar y comercializar biocombustibles, hidrógeno y otros combustibles renovables. Cualquier cosa que haga Recope al respecto lo debe hacer en un ambiente de competencia.

Por biocombustibles entendemos etanol y biodiésel, que no es otra cosa más que aceite vegetal. Ahora, en el proyecto de ley se le permite a Recope industrializar caña de azúcar y aceite vegetal para producir etanol y biodiésel, los cuales, si por la víspera se saca el día, serán mucho más caros que los que producirá la empresa privada.

Por tanto, al fin y al cabo, si se le permite a Recope producir e industrializar biocombustibles, vamos a terminar pagando más, cuando el país, por el contrario, clama una reducción tangible en los costos de energía.

Diferente sería si la ley dijera que a Recope se le autoriza adquirir y mezclar biocombustibles para comercializar las mezclas resultantes.

La producción de hidrógeno se ha planteado a partir del agua, por lo que en un período de sequía como el que vivimos no parece lógico destinarla a la generación de combustibles. Además, no se vislumbra, a corto o mediano plazo, la fabricación de vehículos de hidrógeno, pues todo indica que los autos eléctricos son el futuro y una base sobre la cual apostar para la descarbonización del país.

Aumento en tarifas. También se habla de permitir a Recope investigar. Desafortunadamente, eso no es gratis, pues se destina hasta un 0,15 % de los recursos económicos de la fijación tarifaria de los combustibles a suscribir alianzas estratégicas con entes públicos y privados.

Sobre lo anterior recordemos a Soresco y que Recope debe operar al costo. Por tanto, ese 0,15 % es un impuesto más a los ya de por sí altos precios a los combustibles en Costa Rica.

En un país donde el desempleo ya ronda el 12 %, lo peor es encarecer los costos de la energía, incluidos los combustibles.

En resumen, el proyecto de ley favorece a Recope, pero no a Costa Rica, razón por la cual los diputados deben votarlo negativamente.

El autor es presidente de la Cámara de Industrias.