EscucharVivimos tiempos extraños. O tal vez no porque lo cierto es que la sinrazón y los abusos forman parte de los ciclos de la historia. Pero en pleno siglo XXI y en una potencia como los Estados Unidos, que se presume de ser una tierra fértil en valores éticos que han contribuido a su progreso y libertad, cuesta creer los niveles de despropósito que ha alcanzado la administración Trump con su política migratoria.
Todo gobierno tiene derecho a tomar medidas para poner freno a la migración irregular. De hecho, desde hace años, republicanos y demócratas debaten sobre una posible reforma migratoria para canalizar el estatus de más de 11 millones de migrantes indocumentados asentados en el país y, a la vez, controlar el flujo de migrantes en las fronteras. Antes de que Donald Trump ocupara la Casa Blanca, su predecesor, el demócrata Barack Obama, llegó a deportar a unos 2,5 millones de indocumentados, poniendo énfasis en individuos con antecedentes criminales.
Trump llegó a la presidencia prometiéndoles a sus electores un endurecimiento de las políticas migratorias, incluido el recorte drástico de la migración legal. Como parte de su selectiva retórica antiinmigrante, caracterizó a mexicanos y centroamericanos como “violadores” y “criminales”. Y desde el principio se propuso poner en marcha tácticas para “disuadir” el ingreso de indocumentados por la frontera con México.
Con ello, su gobierno ha pretendido tumbar el protocolo establecido bajo lo que se conoce como el Acuerdo de Flores de 1985, el resultado de años de litigio contra la política de detención de menores migrantes. Por medio de este acuerdo, se fijaron estándares para el trato humano de estos niños, el plazo de su detención y las condiciones para ser puestos en libertad.
Condiciones sanitarias. No contentos con la separación de familias enteras, el encierro indefinido de migrantes y el hacinamiento de estos grupos, en lo referente a los menores que han sido separados de sus padres y están internados en centros, una abogada del Departamento de Estado llegó a esgrimir ante jueces federales que no era “necesariamente” obligatorio proporcionarles artículos de higiene básicos como jabón, un cepillo de dientes o la posibilidad de ducharse.
La funcionaria en cuestión, Sarah B. Fabian, puso en duda la interpretación de condiciones “seguras y sanitarias” que hasta ahora se habían acatado. En su retorcida argumentación, se pretendía dar por bueno y lógico negarles a los pequeños el aseo esencial que todo ser humano merece para subsistir con un mínimo de dignidad.
Afortunadamente, la razón y la decencia todavía imperan entre el ruido y la furia desatados. El pasado jueves los tres jueces federales que debían valorar la apelación del Departamento de Justicia determinaron que el gobierno debe proveerles a los menores detenidos artículos de primera necesidad.
Pequeña victoria. Resulta ser que uno de los jueces, A. Wallace Tashima, de origen japonés, durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo internado junto con sus padres en un campo de concentración en Arizona.
Cuando en junio la abogada de la administración Trump defendió la apelación, Tashima la exhortó a que puntualizara si, a su juicio, era “seguro e higiénico” no disponer de un cepillo de dientes, un jabón o una manta.
“¿Acaso hay circunstancias en las que una persona no necesita durante días un cepillo de dientes, pasta de dientes o un jabón?”, llegó a plantearle el juez Tashima. Seguramente, tenía en mente las instalaciones con alambradas en las que miles de migrantes japoneses fueron internados entre 1942 y 1948.
En estos momentos, en los que hay cientos de menores migrantes esparcidos en distintos centros de detención bajo la tutela de compañías privadas subcontratadas por el gobierno, el dictamen de los tres jueces constituye una pequeña victoria.
Podrán lavarse los dientes, darse una ducha, abrigarse con una manta. ¿Quién podía imaginar que se llegaría a cuestionar los derechos más básicos de los niños? Sin duda vivimos tiempos extraños.
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La autora es periodista y escritora.
