Rodolfo Brenes Vargas. 19 junio

La Biblia inicia su relato con la creación de la Tierra y, acto seguido, de la luz: “Y dijo Dios: hágase la luz; y la luz se hizo. Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas”. Así, desde tiempos bíblicos, la luz se asocia con el bien, con la transparencia y la virtud; mientras que las tinieblas remiten al mal, a la oscuridad moral y al vicio. En el contexto de la Administración Pública, la transparencia se manifiesta mediante el principio de publicidad, que es una de las varias conquistas de la filosofía de la Ilustración.

Si, en la teoría política y filosófica, el poder le pertenece al “pueblo soberano” y los funcionarios públicos no son más que simples depositarios provisionales de este poder, lo lógico y natural es que podamos supervisar, controlar y criticar su trabajo. Sin lugar a dudas, la legitimidad del poder descansa en la confianza de los ciudadanos. Por ello, el poder debe ejercerse de cara al pueblo, nunca bajo el manto del secretismo y de la oscuridad.

Freno. Refiriéndose a la importancia de la publicidad en el marco judicial, el político y filósofo francés Mirabeau decía: “Denme al juez que quieran, parcial, corrupto, mi enemigo si quieren, poco importa, con tal de que no pueda hacer nada si no es de frente al público”.

La experiencia muestra que la publicidad es un importante freno a la arbitrariedad, al abuso del poder y a la corrupción. No es casualidad que los países nórdicos, percibidos en los índices internacionales como los menos corruptos del mundo, tengan legislación que garantiza ampliamente el acceso a la información, lo cual fortalece el control ciudadano del poder público y obliga a la constante rendición de cuentas de los funcionarios y políticos.

Estas reflexiones son necesarias, pues, en estos momentos, algunos diputados maniobran en la oscuridad y en las tinieblas para no reelegir a un magistrado de la Sala Constitucional. Desde luego, no cuestiono la facultad de la Asamblea Legislativa para decidir interrumpir la reelección automática de un magistrado, mediante mayoría calificada. Tampoco pretendo que los altos jueces deban ser siempre reelegidos en su cargo. En cuanto funcionarios públicos, ellos también están sujetos al escrutinio de su trabajo.

Decisión premeditada. Sin embargo, lo que sí es altamente criticable es el procedimiento que se está siguiendo en este caso. La comisión de nombramientos se lanzó a escarbar entre los antecedentes del magistrado, sin encontrar la mancha que buscaban, para sustentar una decisión que parecía tomada de antemano. Así, en una votación secreta y relámpago, se acordó no recomendar la reelección, sin que los ciudadanos sepamos por qué.

Dos de los diputados que acuerparon esa recomendación han ensayado pobres e incongruentes justificaciones, como que están en contra del principio de la reelección, a pesar de que votaron a favor de reelegir a otra magistrada, o de que ellos mismos han sido reelegidos en sus cargos. Más peligrosas son las cándidas explicaciones de otro diputado, quien pretende erigirse en juez de los jueces y escogerlos en función del alineamiento de las sentencias que han dictado con sus propios intereses político-partidarios y territoriales.

Semejante desnaturalización del ejercicio del poder político supone un peligro para la democracia, ante el cual no podemos callar. La estabilidad y la credibilidad de nuestras instituciones así nos lo demandan.

El autor es abogado.