La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobó una moción para establecer un tope máximo para las tasas de interés de un 30,18 % en colones y de 15,43 % en dólares. Estos límites son el resultado de multiplicar la tasa promedio de todos los préstamos del sistema financiero por un factor de 2,2, sin ningún sustento técnico.
A simple vista, parece una noticia positiva, pero, si se examinan las consecuencias del control de precios, se llega a la conclusión de que dañará a los consumidores pobres, a quienes se pretende ayudar.
Los préstamos que resulten con costos mayores a los límites establecidos por los diputados dejarán de realizarse, como consecuencia de la decisión legislativa. Por ejemplo, si otorgar un préstamo a una determinada persona cuesta 35 %, las entidades se abstendrán de cederlo.
En el mercado financiero, el costo de los préstamos está asociado al costo de fondos para la entidad (la tasa de interés pagada a los depositantes), los costos operativos de otorgar el préstamo y del riesgo de no pago.
Los créditos pequeños y de corto plazo son caros de ofrecer porque implican costos relativamente fijos que se deben diluir en un monto pequeño y en un plazo corto. El costo operativo por colón prestado es mayor para un préstamo de ¢100.000 que para uno de ¢20 millones.
Los perjudicados. También los créditos de las personas de menor ingreso son más costosos por razones de riesgo porque son más vulnerables frente a las situaciones familiares y el entorno económico.
El establecer los topes máximos a las tasas de interés, especialmente sin ningún criterio técnico, provocará que las personas de menor ingreso resulten perjudicadas porque perderán el acceso al crédito formal y quedarán obligadas a recurrir al mundo de la ilegalidad.
En el caso de las tarjetas de crédito, los topes establecidos dejarían a 727.449 personas sin crédito, lo que representa una reducción del saldo de crédito con tarjetas de ¢208.220 millones, un 14 % de reducción.
Cuando estas 727.449 personas se queden sin tarjeta, debido a la propuesta legislativa, las compras con tarjeta de crédito se reducirán en ¢294.060 millones, es decir, el comercio verá reducida sus ventas con tarjeta de crédito en un 10 %; pero igual el impacto ocurrirá en otros sectores de la economía y en la recaudación fiscal, lo que dificultará la reactivación económica.
Falacias. Se ha justificado el control de tasas de interés aludiendo que evitaría el sobrendeudamiento de los consumidores; argumento falso. Los consumidores tienden al endeudamiento excesivo cuando las tasas de interés son bajas; por ejemplo, en el caso de los empleados públicos. Tampoco es cierto que las tarjetas de crédito son la principal fuente de deuda de los consumidores porque tan solo representan el 11 % del total de deudas de las personas.
También se dice que el control de tasas aliviará la situación de los consumidores; otro argumento falso porque la ley no es retroactiva y no reduce las tasas ya pactadas.
En resumen, los topes a las tasas de interés son un mal instrumento de política económica porque no logran alcanzar los objetivos propuestos y dañan al consumidor, al crecimiento de la economía y amplían las inequidades sociales.
Una política pública óptima debería enfrentar eficazmente los problemas del mercado de préstamos, especialmente con la educación financiera, la provisión de buena información y el cumplimiento de los principios de protección del consumidor financiero por parte de los oferentes de crédito.
El autor es economista.
