Juan Jaramillo Antillón. 27 diciembre, 2019

En mis libros, he señalado que el precio de los nuevos tratamientos médicos y de la tecnología que nos posibilita eficaces operaciones en corazones, cerebros, ojos y oídos, y hasta trasplantes de órganos, crece desproporcionadamente.

Si agregamos que la Sala Constitucional ha dicho que la salud no tiene precio, ¿adónde vamos a parar?

Hasta hace poco, no había medicamentos para tratar cánceres rebeldes o enfermedades congénitas. Hoy, han surgido una serie de fármacos que calman la dolencia por cierto tiempo a enfermos incurables; maravillosos por sus efectos terapéuticos, cada vez más eficaces, pero más caros.

El tratamiento de algunos tipos de leucemia cuesta $300.000. Si hay 20 pacientes, lo cual no es inusual, el costo será $6.000.000 al año.

Un tratamiento nuevo para un tipo de enfermedad hereditaria vale $4.000.000. Los paliativos (no curativos) de diversas enfermedades que prolongan un poco la vida de los enfermos varían entre $50.000 y $200.000.

Dilema social. No va a ser posible pagar los fármacos en la revolución innovadora acelerada de los medicamentos. Entraremos en una etapa en la cual habrá que decidir entre darles tratamientos a pequeños grupos a costa de los seguros sociales o regular el mercado.

Cabe señalar que, aunque no se produjera la revolución terapéutica, el valor de la medicina moderna está llevando a la quiebra a muchas familias y, tarde o temprano, a los seguros sociales.

Los médicos estamos obligados a darles a nuestros enfermos los mejores tratamientos posibles. Si agregamos que la Sala Constitucional ha dicho que la salud no tiene precio, ¿adónde vamos a parar?

Las farmacéuticas que los producen afirman que el elevado costo de los medicamentos se debe al pago de la investigación y la producción.

Sin embargo, la mayor carga que pesa sobre el precio obedece a la gigantesca propaganda mundial para cada remedio, así como el gasto en convencer a los médicos para que los receten y a los grupos de presión de enfermos a los que se acercan para que influyan en las instituciones.

La industria farmacéutica no es altruista. Es un negocio que coloca el interés económico sobre el bien social. Es tan poderosa que ni en Estados Unidos ni en nuestro país los gobiernos han podido regular los desmesurados precios de las medicinas, como sí lo han hecho otros países latinoamericanos, Canadá y la Unión Europea.

Comprobación de eficacia. Ahora bien, la propaganda suele ser exagerada para inducir la compra. Una encuesta en Francia demostró que, de las decenas de fármacos introducidos a ese país anualmente, solo uno en diez fue calificado de “excelente” o que aportaba algo valioso.

En cambio, en 524 medicamentos analizados en diez años, se halló que no aportaban nada nuevo, y algunos, con frecuencia, tenían efectos secundarios serios o eran de alto riesgo para la salud. De hecho, las farmacéuticas han sido muchas veces acusadas y condenadas por lanzar al mercado sustancias peligrosas.

Hace un tiempo, por un tratamiento para combatir la hepatitis C, la empresa productora cobró $84.000 en Estados Unidos ($1.000 cada tableta), pero expertos de la Universidad de Liverpool señalaron que producir el tratamiento completo no pasaba de $136.

Para ser honesto, debo aclarar que, si bien invierto millones en mis tratamientos médicos privados y los de mi familia, a pesar de estar asegurado, si llegara a necesitar uno de los fármacos señalados, recurriría al Seguro Social y hasta la Sala Constitucional porque, al fin y al cabo, también soy humano.

Salud para todos. El paradigma de los seguros sociales es proporcionar servicios oportunos y adecuados a la población entera, según el principio de solidaridad, tratando de lograr la máxima calidad al menor costo, pues los recursos económicos son siempre limitados, y la salud no es la excepción.

Aunado a lo anterior, está la tardanza para ser atendido por especialistas o someterse a operaciones quirúrgicas en los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social. Los dos problemas juntos volverán la situación insostenible.

La premisa bajo la cual se creó la seguridad social en el Reino Unido es: la seguridad social no puede darles todo a todos; no debe darles todo a algunos; debe darles algo a todos.

El autor es médico, exministro de Salud y catedrático y profesor emérito de la Universidad de Costa Rica.