EscucharEn el artículo titulado “Dos iniciativas para transformar los servicios públicos en digitales”, publicado el 17 de setiembre, el diputado Wagner Jiménez Zúñiga hace alusión al proyecto de ley para la creación de una Agencia Nacional de Gobierno Digital, pero es impreciso al señalar que la versión del texto propuesto por él en lugar de promover las buenas prácticas y estándares internacionales planteados por la OCDE, las contradice.
La versión del texto citado por el diputado pretende la creación de un nuevo órgano estatal con desconcentración máxima y personería jurídica instrumental.
Para el público no avezado en la jerga legal, en pocas palabras, significa aumentar el tamaño del Estado en un momento en el cual, por razones evidentes, resulta contraproducente. Sin mencionar que parte de las funciones del nuevo órgano serían “drenadas” de otros del Estado que por ley ya poseen esas tareas. Duplicidad y más gasto público no parecen buenos objetivos en el contexto actual.
Otros aspectos contradictorios de la propuesta, que fueron señalados por diferentes actores del ecosistema digital, rozan con el ordenamiento jurídico, como ceder competencias del ente rector, es decir, el Micitt, a este nuevo órgano, en materia de celebración de convenios internacionales o dar capacidades de contralor de los recursos públicos que se destinen a servicios digitales, competencias exclusivas de la Contraloría.
Ninguno de estos aspectos está a la altura de los principios y buenas prácticas establecidos por la OCDE, sino que, planteados de esta manera, constituyen un retroceso en la agenda de desarrollo para la profundización de la transformación digital pública.
En contraste con lo anterior, y luego de casi dos años de trabajo, la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic), en conjunto con la Cámara de Infocomunicaciones, el Colegio de Profesionales en Informática y los ministerios de Hacienda, Economía Industria y Comercio, y de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, diseñó una propuesta basada en aspectos hacendarios (preservación y maximización de los recursos públicos) técnicos (interoperatividad, neutralidad, eficiencia, eficacia, rendición de cuentas) y legales (funciones del Estado).
La Agencia Nacional de Gobierno Digital, como órgano adscrito al Micitt, brindaría asistencia en la ejecución de proyectos transversales para el desarrollo de plataformas que trabajen bajo los principios de interoperatividad (que los sistemas de las instituciones se comuniquen entre sí para mejorar los índices de respuesta y el ahorro en trámites en cifras considerables), transparencia (acciones de las instituciones públicas que, cuando corresponda, sean puestas al escrutinio público, como parte del control ciudadano), eficiencia y eficacia de la Administración Pública (procesos que sistemáticamente se digitalicen con el propósito de reducir costos y dar atención precisa a las necesidades de la administración y los administrados).
Busquemos proyectos que respondan a nuestra realidad actual y generen los cambios necesarios para avanzar en una agenda de desarrollo que será medular en el crecimiento que todos merecemos.
El autor es director ejecutivo de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic).
