Gilberto Campos Cruz. 12 octubre

Los cabecillas del denominado Movimiento Rescate Nacional echaron gasolina y tiraron el fósforo que faltaba para que la calle ardiera.

La gente, indignada, molesta, harta y fatigada, con justa razón, reaccionó en contra del encierro, la pobreza y la falta de empleo, sopló la brasa con el aliento del oportunismo y avivó el reclamo.

Pero los liderazgos de esos tigres —parafraseando recientes declaraciones de Célimo Guido— no tenían ni dientes ni garras. Solo un chorro de gasolina y un fósforo.

No tenían salida de emergencia ni agua para apagar el incendio. Sobrepasados los que nunca fueron líderes, los bloqueos de la gente con legítimo descontento rápidamente dieron paso al vandalismo.

Gracias a decenas de transmisiones en directo de comunicadores regionales, de las orgullosas grabaciones de muchos protagonistas y al ocasional, pero oportuno teléfono celular de alguien más, asistimos al nacimiento de un nuevo modelo del oscuro negocio de la droga: el narcopiquete. Corrales lo dijo; el ministro de Seguridad, Michael Soto, lo confirmó.

Negocio y violencia. ¿Puede un capo local comprar a algún “dirigente” de cierta comunidad para que, junto con personas que no tienen nada que perder, cerrara una calle y manejara el peaje a su antojo? Así, los maleantes dejarían pasar a quienes quisieran durante un tiempo, causarían caos, desviarían la atención y ganarían “alguito”.

Lamentablemente, el sistema asistencialista y clientelista que no hemos superado, las ideas de izquierda que han tomado el sistema educativo, la pérdida de valores, el alto desempleo y las escasas oportunidades para los sectores marginales de la sociedad, aportan suficiente “mano de obra” disponible y dispuesta a hacer el “trabajo”.

Lo hemos visto una y mil veces: cientos de jóvenes que están más cerca de ser mareros que preocupados manifestantes informados por el rumbo del país se apoderaron de muchos bloqueos y, como pandilleros, avanzaron rompiendo, golpeando, quemando; arrasando con todo a su paso, como desahogo, como negocio, como castigo, como vendetta.

El problema es que el bloqueo de calles es la herramienta favorita de quienes recurren a la “democracia de la calle” o los “eventos de calle” para impulsar su agenda política.

Consecuencia de hacer caso omiso. En Costa Rica se institucionalizó, a pesar de la abundante jurisprudencia de la Sala Constitucional, que las autoridades prefieren despreciar.

Si a partir de este momento —una vez superada la crisis de los “tigres”— la policía tolera la obstaculización del tránsito en las calles, el peligro del narcobloqueo, del cobro de peaje de las pandillas y el vandalismo contra los ciudadanos que esperan se levante el impedimento para seguir hacia sus destinos, será entonces parte de esta nueva realidad en la que nos quieren obligar a vivir.

José Miguel Corrales reconoció su error y parte de la culpa. Los otros despintados y desdentados tigres insisten en su error, un recordatorio de los desvelados ideales que siempre han enarbolado.

La patria y la memoria histórica del país les pasará la factura, con IVA incluido, por supuesto.

El autor es politólogo.