Jorge Guntanis Rojas. 27 septiembre

La Internet de banda ancha pasó de ser un lujo a una necesidad; sin embargo, miles de hogares no cuentan con ella.

Miles de niños no tienen acceso a sus aulas y recursos en línea. Miles de personas de edad avanzada deben desplazarse a una clínica, lo cual significa un potencial peligro para ellos, por el único hecho de no poder tener una cita médica virtual. Miles más perderán oportunidades de trabajo por falta de una herramienta tan básica.

Todos estamos de acuerdo con que el acceso a Internet de banda ancha es tan vital como la electricidad y el agua potable. Y, si bien el alto costo es un factor en contra para muchos hogares, sobre todo para los más vulnerables económicamente, hay otros que impiden el acceso.

Parte de la razón por la cual Costa Rica está quedando atrás en el mundo en cuanto a conectividad de banda ancha es la falta de competencia y cobertura.

Como otros costarricenses, soy testigo de las consecuencias del problema. Basta con salir de la Gran Área Metropolitana para comenzar a experimentar lo que la gente ha tenido que enfrentar cuando el mundo virtual se convierte en algo lento, pixeleado y similar a un viaje en el tiempo a principios de siglo.

Como alguien que dirige una empresa de telecomunicaciones, me he dado cuenta de que para tener las velocidades necesarias para las aplicaciones más elementales los residentes en las zonas rurales tienen que pagar hasta miles de dólares para colocar el cable.

Algunas comunidades, a través de sus cooperativas, se organizan para compartir los costos, pero la burocracia y la opacidad del proceso es frustrante.

Complejidad. Para ser claro, esas comunidades son afortunadas de permitirse negociar una solución, pero no debería ser tan complejo obtener lo que se ha convertido en un servicio esencial.

Para las familias que afrontan problemas de conexión a Internet en los barrios rurales y en las zonas urbanas con poco apoyo, los resultados suelen ser mucho más graves. Puede significar la diferencia entre conseguir un trabajo o perderlo, entre perder el tiempo crítico de la escuela o algo peor.

La incapacidad nacional para financiar y mantener adecuadamente la infraestructura pública está asomando la cabeza en este momento de necesidad virtual, y amenaza con exacerbar las desigualdades preexistentes y reducir aún más las oportunidades.

No tiene por qué ser así. Podemos y debemos asegurarnos de que la banda ancha esté disponible para todos los costarricenses.

Es necesario un compromiso nacional de nuestros líderes y legisladores con el acceso a banda ancha.

Es preciso que las empresas de cable también cumplan su parte. Las “ofertas especiales” a corto plazo, extendidas durante la pandemia, de compañías que no han priorizado la conexión de todas las comunidades no deben ser consideradas una solución suficiente.

Hace más de un siglo, el gobierno efectuó inversiones audaces y reunió a los sectores público y privado para electrificar nuestra nación donde las oportunidades no se daban.

Tener visión. A medida que salimos de la crisis y reconstruimos nuestra economía en esta ocasión, el país debe pensar con la misma audacia en cómo llevar ese nivel de resolución al mercado de banda ancha, asegurando que la igualdad, el bienestar y la oportunidad de salir adelante en la vida no se vean frenados por el servicio mediocre de los proveedores de Internet.

La economía debe ser diseñada por y para la gente, con el pleno y moderno significado de la igualdad y la oportunidad en mente.

No podemos dejar una responsabilidad tan inmensa a las grandes empresas con intereses particulares, el futuro de toda nuestra nación está en juego.

La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) necesita diseñar una estrategia nacional y ejecutar la financiación que Fonatel suministra para asegurar que la economía que surja a partir de este momento no deje rezagadas grandes franjas de costarricenses desde el principio, de modo que cada familia tenga una verdadera oportunidad de cristalizar sus sueños.

El autor es informático.