
Asistir al Festival Internacional de las Artes en Costa Rica debería ser una experiencia de encuentro, disfrute y comunidad. Sin embargo, para quienes somos familias de personas con discapacidad motora, la realidad puede ser muy distinta.
Ir al Festival con mi hija, usuaria de silla de ruedas eléctrica o manual, no fue solo difícil. Fue, literalmente, una odisea.
Desde el inicio, la experiencia estuvo marcada por la falta de información. No había indicaciones claras sobre parqueos accesibles, rutas recomendadas o cierres de vías. Llegar implicó improvisar, equivocarnos y recorrer caminos que, en ningún caso, estaban pensados para una persona en silla de ruedas.
Transitamos por zacate, raíces expuestas, piedrilla suelta y aceras en pésimo estado. A esto se sumó la falta de iluminación en varias zonas, lo que hizo del regreso una experiencia aún más insegura.
Pero lo más alarmante no fue solo la infraestructura. Fue la ausencia total de orientación. Ningún oficial de seguridad ni de policía pudo indicarnos rutas accesibles o espacios designados. Incluso, se nos dijo que no existía ninguna zona asignada para personas con discapacidad.
¿Cómo es posible que un evento cultural de alcance nacional no contemple al 10% de la población que tiene discapacidad?
Y, sin embargo, en medio de esta experiencia tan compleja, ocurrió algo que merece ser destacado. Personas jóvenes, completamente desconocidas, se acercaron a ayudar sin que nadie se lo pidiera. Nos apoyaron levantando la silla en terrenos imposibles, abriendo paso entre la multitud, estando atentos a nuestro recorrido.
También hubo lo contrario: miradas incómodas, gestos de impaciencia, personas que nos percibían como un obstáculo en su prisa por avanzar.
Ahí hay una lección importante. Existe una ciudadanía que sí está dispuesta a construir inclusión desde la empatía. Esa es, sin duda, una señal de esperanza. Sin embargo, la accesibilidad no puede depender de la buena voluntad de terceros. No puede sostenerse sobre actos espontáneos. Requiere planificación, inversión y compromiso político.
Por eso, la recomendación a las personas organizadoras es concreta: utilicen una silla de ruedas (manual o eléctrica) e intenten llegar al sitio del evento por sus propios medios. No como un gesto simbólico, sino como un ejercicio real de planificación.
Solo así será posible comprender la urgencia de articular esfuerzos con las municipalidades para garantizar condiciones básicas: aceras adecuadas, rampas funcionales, rutas señalizadas, iluminación suficiente y seguridad para el desplazamiento autónomo.
También hay una tarea pendiente como sociedad. Muchas familias enfrentamos estas experiencias en soledad. Fortalecer redes de apoyo entre personas con discapacidad y sus familias no solo es necesario, es urgente.
El cambio real ocurre cuando se combina la voluntad de las personas con el compromiso político y financiero de las instituciones y la empresa privada.
El acceso a la cultura no puede seguir siendo un privilegio. Debe ser un derecho garantizado por los servidores públicos y la responsabilidad social de los patrocinadores. Porque cuando una persona no puede acceder, no es la persona la que falla. Es el entorno.
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Ana María Mora Arguedas es madre de una hija con discapacidad.