EscucharRecientemente, el Estado costarricense fue sometido a un proceso por el más alto tribunal interamericano en materia de derechos humanos por el juicio “Artavia Murillo y otros (fertilización in vitro) vs Costa Rica”. Con esas audiencias se inició la etapa final de un proceso que ha durado ya más de 11 años y cuyas repercusiones se extenderán a toda América Latina.
En el año 2000, la Sala Constitucional costarricense (Sala IV) prohibió totalmente la práctica de la técnica de fertilización in vitro (FIV) al considerar que esta atenta contra el derecho a la vida de los embriones. Un grupo de parejas con discapacidad reproductiva inició entonces un largo proceso por el reconocimiento de las afectaciones que esta decisión tuvo en sus vidas.
En el 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acogió su demanda y consideró que el país violentaba los artículos 11.2, 17.2 y 24 en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y recomendó al Estado costarricense levantar dicha prohibición, garantizar el acceso a la técnica FIV y reparar material y moralmente a las víctimas.
La Comisión consideró que la prohibición absoluta de la FIV constituyó una injerencia arbitraria en los derechos a la vida privada y familiar, y en el derecho a formar una familia. Asimismo, se alega que dicha prohibición viola el derecho a la igualdad de las víctimas, en tanto que el Estado les impidió el acceso al único tratamiento que les hubiera permitido superar su situación de desventaja para tener hijos o hijas biológicas. Además, que este impedimento habría tenido un impacto desproporcionado en las mujeres.
Desde entonces, se han realizado muchas acciones de incidencia y divulgación a favor de levantar dicha prohibición, con el fin de que Costa Rica ratifique su compromiso con la salud sexual y salud reproductiva y transite hacia el reconocimiento de la autonomía, autodeterminación y privacidad de las personas, a decidir libremente el número de hijos e hijas que se desean tener, con qué espaciamiento, con quién desean tenerlos y al disfrute de los beneficios del avance científico.
En el marco de los derechos humanos vigentes, hacemos un respetuoso pero vehemente llamado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que exija al Estado costarricense el levantamiento de la prohibición a la práctica de la FIV y a canalizar su atención en este tema más objetivamente absteniéndose de intervenir directa o indirectamente en el disfrute de un derecho o conjunto de derechos y en su lugar, a dar pasos prontos y cumplidos en todos los aspectos de sus políticas, prácticas legislativas y administrativas, para regular esa práctica médica en el país.
Coincidimos con lo expresado por la Defensoría de los Habitantes, el pasado martes 28 de agosto y citamos, “es fundamental que la Corte profundice el vínculo entre la obligación de no discriminación y el derecho a la no violencia y el deber de debida diligencia, para el desarrollo integral de las mujeres, particularmente en relación con sus derechos reproductivos”.
