Después de muchos años, dichosamente se ha puesto en evidencia la atomización de formas y costumbres de administrar el empleo y los salarios de los funcionarios.
Lo anterior es producto de la crisis fiscal, por lo que sobre el tapete ha estado básicamente el problema de las remuneraciones. Lastimosamente, dentro de los análisis se juntan chayotes con fresas, aguacates, piñas y demás variedades; y se llega a calificar como una barbaridad generalizada los niveles de salarios del empleado público.
Se atacan las grandes remuneraciones y otras compensaciones, como si todos tuvieran las mismas ventajas y prebendas; lo cual es una equivocación e injusticia para quienes no son parte de los grupos privilegiados.
Los funcionarios, como todo trabajador, deben recibir una compensación justa, sin perder de vista el equilibrio, la equidad y justicia interna estatal, en concordancia con las posibilidades financieras del país y una distribución y gestión del presupuesto público que considere el Estado integralmente; de forma que dicho presupuesto institucional no sea la herramienta para que algunos se sirvan con cuchara grande, en detrimento del bien común, cuando las responsabilidades, calidades, necesidades y demás son las mismas entre iguales.
El Estado exige funcionarios capaces y serviciales, pero también demanda una reestructuración del empleo y las remuneraciones, con la finalidad de que los servicios estatales se brinden para satisfacción del usuario.
Mitos. No es correcto generalizar que todos los empleados públicos ganan muy bien, tampoco lo es pretender que todos ellos ganen igual porque el salario debe ir ligado a funciones, responsabilidades, exigencias y demás del cargo; y aquí es donde se manifiesta la carencia de una política de empleo y salarios. Las diferencias entre lo que ganan los funcionarios es de asustarse.
Existen brechas salariales entre “pares” que deben ser corregidas, tanto en salarios base como en la cantidad y magnitud de los pluses.
Las evidencias que han expuesto diferentes medios e instituciones ponen de manifiesto la capacidad de las autoridades públicas para inventar conceptos salariales, lo cual ha llevado a las finanzas públicas al estado de endeudamiento actual.
Pero el problema no es solo el nivel de endeudamiento y la amenaza de un incumplimiento de pago a los funcionarios, sino, además, la injusticia que en materia de compensaciones hemos vivido por años: algunos ganan como de primera categoría y a otros, con más dedicación al servicio público, se les paga como funcionarios de cuarta o quinta categoría.
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Existen privilegios, y hasta abusos, pero no en todas las instituciones. Necesitamos una identificación pormenorizada de los sistemas y componentes de, entre otros, la gestión del empleo, la organización del trabajo y las compensaciones.
Las inequidades y arbitrariedades no son solo en salarios, se dan en los diferentes sistemas de pensiones, con el pago de cesantía, la cantidad de días y pago de vacaciones o permisos, etc.
También los jerarcas. Los altos cargos no escapan a esta desigualdad, de ahí la necesidad de establecer unidad de acción y pensamiento.
Por ejemplo, la aceptación de un cargo de ministro definitivamente no está motivada por el salario, pues ganará menos que algunos de sus subalternos y bastante menos que gerentes y presidentes de autónomas o de otros representantes de otros poderes.
El análisis del nivel de las remuneraciones y compensaciones, con el fin de tomar acciones para corregir las diferencias, debe hacerse estructuralmente. Pero más aún, con un enfoque, visión y atención integral del problema, para controlar y estandarizar una política de empleo y salarios que permita gradualmente, y con respeto de los derechos del funcionariado, corregir las irregularidades, inequidades y distorsiones.
El autor es administrador público, director de Organización del Trabajo y Compensaciones de la Dirección General de Servicio Civil.