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La inseguridad que golpea a Costa Rica no se limita a las calles: también se infiltra en los espacios comerciales donde, en teoría, el consumidor debería estar más protegido. Los recientes hechos criminales ocurridos dentro de locales comerciales exponen una peligrosa omisión compartida: la del Poder Ejecutivo, en su deber de garantizar la seguridad ciudadana conforme al artículo 140.6 de la Constitución Política, y la de los empresarios, en su obligación de prever y mitigar riesgos conforme a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y el Código Civil.
El deber del Ejecutivo: seguridad como servicio público esencial. El artículo constitucional señalado supra establece que corresponde al presidente y al respectivo ministro “mantener el orden y la tranquilidad de la nación, tomar las providencias necesarias para el resguardo de las libertades públicas”. La seguridad no es, por tanto, un valor secundario, sino un servicio público esencial cuya prestación el Estado no puede delegar ni minimizar. Cuando la criminalidad se desplaza a los centros comerciales, el Ejecutivo no puede alegar ignorancia ni falta de recursos: está frente a un incumplimiento directo de su deber constitucional.
La obligación empresarial: seguridad como deber de previsión. Ahora bien, tampoco basta con señalar solo al Estado. El comercio moderno implica responsabilidad objetiva de los empresarios para con las personas que ingresan a sus establecimientos. El Código Civil dispone que quien causa daño a otro por acción u omisión está obligado a repararlo. En consecuencia, si un local abre sus puertas al público sin prever seguridad perimetral, cámaras, controles de acceso o medidas razonables de prevención, incurre en culpa in-vigilando (falta de diligencia en la vigilancia de una persona sobre otra) y culpa in-omittendo (falta de diligencia por omitir, o dejar de hacer, algo que era deber de la persona o entidad).
Guarismos: el artículo 46, párrafo 4, y el 140.6 de la Constitución Política, el artículo 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor de Costa Rica, y el artículo 1045 y siguientes del Código Civil, refuerzan este criterio al exigir que Estado y proveedor garanticen al consumidor condiciones adecuadas de seguridad. De modo que la falta de previsiones mínimas convierte a Estado y empresarios en corresponsables de los hechos delictivos que sufran sus clientes dentro de sus instalaciones mercantiles.
Los hechos criminales en locales comerciales no son simples sucesos aislados: son síntomas de una doble negligencia. Mientras el Ejecutivo incumpla su deber constitucional y los empresarios omitan las previsiones que la ley y la prudencia exigen, los consumidores seguirán siendo rehenes de la inseguridad.
La verdadera solución exige reconocer que la seguridad en los comercios no es un lujo ni una cortesía: es un derecho protegido por la Constitución, la ley civil y la normativa de consumo, cuyo incumplimiento genera responsabilidad compartida y exige sanciones ejemplares.
País en manos del ‘peaje de seguridad’
Mientras la Constitución (artículos 46 y 140.6) y la citada ley del consumidor (art. 35) nos hablan de obligaciones claras en materia de seguridad, la realidad nacional nos grita otra cosa: que en Costa Rica, hoy son las mafias las que deciden quién abre o cierra un negocio o quién vive o muere.
Los comerciantes no pagan impuestos para recibir seguridad pública, pagan un “peaje criminal” para que las pandillas no les quemen el local ni los conviertan en estadísticas de violencia.
Este fenómeno, que la ley llama sin rodeos extorsión (art. 214 del Código Penal), se ha normalizado a tal punto que lo disfrazamos como “costo de operación”. ¡Mentira! No es un costo, es una rendición forzada ante el crimen organizado.
El doble castigo al comerciante
El comerciante costarricense sufre una esquizofrenia legal:
1) El Estado le exige seguridad perimetral en su negocio, bajo amenaza de responsabilidad civil objetiva.
2) El crimen organizado le exige “peaje”, bajo amenaza de represalias.
El resultado: los dueños de locales son financieros involuntarios de dos sistemas paralelos: el Estado que no cumple y las mafias que gobiernan por la fuerza.
¿Y por qué no se denuncia? Por miedo. Porque todos sabemos que aquí un comerciante que denuncia termina marcado, y el gobierno carece de la capacidad real de protegerlo. El silencio no es complicidad; es supervivencia, pero termina siendo el mejor aliado del crimen.
La verdad incómoda
El gobierno de turno puede seguir sacando comunicados de prensa, inaugurando planes de seguridad y prometiendo policías que nunca llegan. Pero lo cierto es que, en zonas enteras del país, los comerciantes pagan más por “seguridad” a las pandillas que al Ministerio de Hacienda. Eso significa una sola cosa: el Estado perdió soberanía en su propio territorio.
La pregunta que no quieren responder es ¿quién gobierna Costa Rica hoy? ¿El Poder Ejecutivo que se escuda en discursos, o las organizaciones criminales, que cobran su propio impuesto paralelo?
Conclusión combativa
En tanto no exista una política de protección real al denunciante, las autoridades no asuman la actividad preventiva con la fuerza que se requiere, y el Ejecutivo siga administrando excusas en vez de seguridad, el comerciante costarricense seguirá pagando el peaje de la impotencia estatal.
Y la pregunta seguirá flotando en el aire: ¿mandan los Supremos Poderes o las mafias?
lic.rafaelguillen@gmail.com
Rafael Ángel Guillén Elizondo es abogado y fue director general del OIJ.
