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Hace pocos días, en un foro realizado en la Asamblea Legislativa por el diputado Carlos Felipe García, el exvicepresidente de Colombia, Francisco Santos, lanzó comentarios ofensivos que insinuaban que diputadas costarricenses éramos reconocidas no por nuestro trabajo, sino por supuestas relaciones con empresas extranjeras. El hecho no solo constituye una falta de respeto a la institucionalidad que representa la Asamblea Legislativa; es también un claro ejemplo de violencia política contra las mujeres.
La violencia política contra las mujeres no siempre se ejerce con golpes ni amenazas directas. Muchas veces se manifiesta con palabras, con silencios y con gestos que buscan socavar nuestra credibilidad, reducirnos a estereotipos y cuestionar nuestro derecho legítimo a ocupar espacios de poder. Y lo más doloroso en este caso es que es una voz externa quien lo hace, y las autoridades nacionales, en lugar de denunciarlo y pedir cuentas, lo justifican o lo minimizan, como lo hizo Manuel Tovar, ministro de Comercio Exterior, en la red social X.
Quiero ser clara: la violencia política contra las mujeres no es un capricho ni una exageración. Es una realidad reconocida por la Ley 10235 en Costa Rica, por la Convención de Belém do Pará y por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Por lo tanto, Costa Rica está obligada a prevenirla, sancionarla y erradicarla. Cuando se minimiza, no solo se falta a las mujeres, se incumple un compromiso legal y ético con la democracia.
Estamos a 30 años de la Plataforma de Acción de Beijing, el mayor compromiso internacional por la igualdad de género. Sin embargo, seguimos enfrentando comentarios misóginos disfrazados de opinión política. ¿Qué mensaje recibe una joven que sueña con ser diputada o alcaldesa cuando ve que a las mujeres electas se nos ataca de esta forma? Que entrar en política es un acto de valentía, casi heroico, cuando debería ser un derecho garantizado.
La violencia política contra las mujeres no es una ideología; es un cáncer de la democracia, es un cáncer que mata las ilusiones e intenciones de las mujeres en política. Debilita la institucionalidad y perpetúa la desigualdad. No es un asunto de mujeres contra hombres; es un asunto de construcción de la democracia contra autoritarismo, de respeto contra desprecio, de futuro contra retroceso.
No soy la primera mujer en política que lo vive, pero sí quiero ser de las últimas y, por supuesto, quiero que no se repita con otras mujeres en el futuro.
Hoy levanto mi voz no solo por mí, sino también por todas las mujeres que han sido silenciadas o desalentadas por la violencia política. Que quede claro: no vamos a callar, no vamos a normalizar, no vamos a retroceder. Ni un paso hacia atrás.
La democracia costarricense será más fuerte el día que ninguna mujer tenga que sufrir, explicar, justificar o defender su derecho a hacer política. Ese día, que espero este muy cerca, será el verdadero triunfo de la igualdad.
Cynthia Córdoba Serrano es diputada independiente.
