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A seis meses de la apertura del frente de guerra en Irán por Estados Unidos e Israel, el 28 de febrero, una pregunta ha acompañado al conflicto: ¿estamos ante el preludio de una conflagración mundial? Si se interpreta la ocupación rusa de Crimea en 2014 como el inicio de una nueva fase de confrontación sistémica, la pregunta no resulta exagerada. Sin embargo, la evidencia acumulada obliga a matizar las predicciones iniciales.
Nuestros primeros juicios probabilísticos llegaron a situar el riesgo de escalada a un conflicto global entre 20% y 28%. Seis meses después, lo estimamos alrededor del 4%. No es una probabilidad estadística, sino un juicio estructurado que debe corregirse frente a nueva evidencia.
Ninguna potencia nuclear externa ha entrado directamente en la guerra, no ha habido intercambio nuclear y ni la OTAN ni la Unión Europea han activado sus cláusulas de defensa colectiva. La mediación de potencias medias como Pakistán, Omán y Catar también ha demostrado una capacidad de contención que inicialmente subestimamos.
Pero un riesgo menor de guerra mundial no significa que la crisis esté resuelta. El conflicto no ha seguido una trayectoria lineal hacia la paz o hacia el colapso, sino ciclos de escalada, negociación, acuerdos parciales y recaídas. El estrecho de Ormuz comenzó como termómetro de esos ciclos y terminó convertido en su principal punto muerto.
Los intentos de normalización de abril, julio y agosto han tropezado con la misma disputa: quién controla las condiciones del tránsito por una vía marítima clave; Washington rechaza un régimen que condicione la libertad de navegación. El 17 de agosto, expiró el plazo del memorándum de Islamabad sin que las partes lograran resolver esa diferencia.
La magnitud del bloqueo resulta difícil de ignorar: disminuyó significativamente el tránsito. Paradójicamente, el mercado parece haber incorporado ya la posibilidad de un cierre prolongado. La guerra comienza así a normalizarse sin haberse resuelto.
A esta incertidumbre se suma un acontecimiento con posibles repercusiones de largo plazo: el Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca, firmado el 7 de agosto por Arabia Saudita, Turquía y Pakistán. Su principio establece que un ataque armado contra uno de los tres será considerado un ataque contra todos.
La etiqueta de “OTAN suní” resulta atractiva, pero prematura. El texto completo del acuerdo no es público y una cláusula de defensa colectiva sobre el papel no garantiza su activación en una crisis. Su importancia reside en otra parte: introduce una nueva arquitectura de seguridad regional que vincula a Turquía, miembro de la OTAN, con Pakistán, potencia nuclear, y Arabia Saudita, actor directamente involucrado en la crisis.
Tampoco parece acertado interpretar el acuerdo simplemente como un alejamiento saudí de Washington. Riad mantiene una estrecha cooperación con Estados Unidos mientras construye garantías adicionales con otras potencias. Más que sustituir alianzas, Arabia Saudita está diversificando sus opciones.
¿Qué tiene todo esto que ver con Costa Rica? Costa Rica no depende directamente del petróleo de Oriente Medio, pero sí de precios internacionales, fletes, seguros y cadenas globales de suministro. El Banco Central de Costa Rica contempló en abril un escenario alternativo de mayores precios de hidrocarburos, en el cual la inflación interanual al cierre de 2026 alcanzaría 3,9%, frente a 2% en su escenario de referencia. Son proyecciones condicionadas, no resultados inevitables. La apreciación del colón ha contribuido a amortiguar parte del choque importado.
Recope continúa expuesta a las variaciones internacionales de los combustibles; la agricultura puede enfrentar mayores costos de insumos como urea y amoníaco, mientras que la inseguridad simultánea en Ormuz y el mar Rojo obliga a desviar algunas rutas por el cabo de Buena Esperanza, agregando tiempo, combustible, fletes y seguros.
Nada de esto conduce necesariamente a una crisis interna severa. El impacto dependerá de contratos, inventarios, tipo de cambio, rutas y duración del conflicto.
De hecho, nuestro escenario más probable, para lo que resta del año, no es una guerra mundial, sino un congelamiento sin acuerdo definitivo.
Allí aparece la verdadera lección de Ormuz para Costa Rica: la distancia geográfica no equivale a distancia estratégica. Un país pequeño y desmilitarizado puede encontrarse a 10.000 kilómetros de una guerra y, sin embargo, pagar parte de sus consecuencias en la estación de servicio, en los fertilizantes de sus agricultores o en el costo y tiempo de llegada de un contenedor.
Eso requiere desarrollar una verdadera capacidad de inteligencia geoeconómica: identificar vulnerabilidades en energía, rutas marítimas, proveedores, insumos críticos y cadenas de suministro antes de que una crisis obligue simplemente a administrar sus consecuencias.
También deja una lección para la política exterior. Para un Estado pequeño, autonomía no significa neutralidad ni equidistancia entre grandes potencias. Significa conservar suficientes relaciones, información y opciones para que las decisiones de otros no se conviertan automáticamente en vulnerabilidades propias.
Costa Rica ha construido históricamente parte de su influencia mediante el derecho internacional, la diversificación de relaciones, la credibilidad diplomática y su capacidad para dialogar con actores distintos.
Preservar ese margen de maniobra resulta particularmente importante cuando el sistema internacional vuelve a organizarse alrededor de competencia, alianzas y zonas de influencia.
Una paradoja útil. Costa Rica abolió el ejército, pero no puede abolir la geopolítica. Para un Estado pequeño, comprenderla, anticiparla y conservar capacidad de maniobra no constituye una ambición de poder: es una forma de reducir vulnerabilidades.
camuza@gmail.com
Carlos Murillo Zamora es investigador en la UCR y la UNA.
Agustín Gómez Meléndez es investigador en la UCR y la UNED.
