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Los saberes latinoamericanos dicen que el culantro (cilantro, para algunos) está bueno, pero no tanto, porque mata el sabor del resto del platillo.
Lo mismo está ocurriendo con el derecho ciudadano de petición de información pública en la Universidad de Costa Rica (UCR). Aquí, en la ‘U’, “mis derechos” son cosa natural de todo docente, administrativo, estudiante y hasta graduado. Y así debería seguir siendo.
Sin embargo, una exprofesora pensionada y un graduado con experiencia en medios de comunicación han enarbolado la bandera de hacer petitorias de información respecto al quehacer de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, así como de otras instancias universitarias.
Las solicitudes ocurren desde hace años y tienen que ver no solo con nuestras declaraciones en alguna asamblea, sino también con nombramientos, reuniones del comité científico y firma de documentos. Además, cuestionan los métodos de registro de las instancias universitarias: ¿se transcribió literalmente?, ¿quedó tal cual en el acta?, ¿dónde está el audio o video de respaldo?, ¿cuál es el historial de correos electrónicos?
Con temor a equivocarse y “más miedo” aún a que ambos aparezcan con un cuestionamiento inmediato, parece ser que sus formaciones en periodismo los han catapultado hacia una especie nunca vista de conspicuos defensores del debido proceso universitario.
Hay que celebrar, sin duda, el afán de criticar de manera razonada y justificada, pues se trata de una actitud válida en toda democracia, más ahora que circulan contenidos falsos y medias verdades desde los puestos de poder con el afán de alentar esta posverdad cotidiana en la que vivimos.
Sin embargo, semejante obsesiva pasión epistolar en el ámbito universitario no solo consume tiempo y recursos públicos para responder, pues así lo exige la burocrática institucionalidad, sino que desenfoca a quienes toman decisiones sobre la educación universitaria, en nuestro caso, la formación de futuros profesionales en Comunicación en tiempos de tanto desafío tecnológico y movimientos laborales en la industria mediática.
Pero lo más grave es que estas rutinarias prácticas de solicitud de información púbica alientan la autocensura en un ámbito universitario que, se supone, debería ser el más abierto al debate. Hay silencios de años de toda la comunidad docente sobre semejantes excesos, pues para no exponerse a cualquier posterior cuestionamiento, pocos abren la boca, al menos en público.
Quienes ya recibimos solicitudes de información luego de emitir una opinión en espacios diseñados para argumentar, y sutiles amenazas sobre los pasos legales que vendrían, ¿debemos tomarnos el tiempo para ampliar, precisar o justificar un argumento expresado? O bien, ante semejante arroz con mango de intenciones ocultas y motivaciones sin rumbo, ¿solo copiamos la misma receta de delirio y le agregamos culantro al platillo? ¡Quizá sí, pero no tanto!
alejandro.vargas@ucr.ac.cr
Alejandro Vargas Johansson es profesor en la Universidad de Costa Rica (UCR).
