Estamos a las puertas de la que probablemente sea la elección más decisiva en la historia reciente de Costa Rica. Y mientras el presidente Rodrigo Chaves usa su plataforma para enardecer ánimos y fomentar una creciente polarización y desconfianza hacia las instituciones del país, a la coyuntura se suman no solo la nunca resuelta amenaza de la desinformación masiva en redes sociales, sino también los avances acelerados de la inteligencia artificial generativa y las crecientes deficiencias de nuestro sistema educativo.
A mediados de mayo, Google presentó “Veo 3”, su modelo más avanzado para generar videos hiperrealistas con inteligencia artificial. Por 450 dólares mensuales, cualquiera podrá crear desde falsos reportajes o segmentos de noticias hasta personas comunes opinando o dando “testimonios” que nunca ocurrieron, prácticamente indistinguibles de la realidad. En un entorno político donde la mentira circula con velocidad y la verdad se subyuga a la emoción, las herramientas para fabricar realidades alternas creíbles son más accesibles que nunca.
El impacto de estos avances no es menor si se considera el marco normativo para las elecciones de 2026. Las competencias actuales del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) no le permiten intervenir en plataformas digitales, y su capacidad para exigir transparencia en la publicidad política depende de reformas legales que, a la fecha, no se han aprobado. El proyecto de ley que busca obligar a identificar quién paga por propaganda política en redes sociales se encuentra en discusión, pero con limitada viabilidad en un año preelectoral y con el veto presidencial ya anunciado.
Lejos de propiciar un debate serio, el presidente Chaves ha tergiversado públicamente la intención del proyecto, afirmando que se trata de un intento de prohibir que “la gente opine sobre política en redes sociales”. Este tipo de desinformación, desde el más alto nivel del poder político, es especialmente preocupante. No solo distorsiona el debate público, sino que lanza sospechas injustificadas sobre las intenciones del TSE y sobre la necesidad real de regular la propaganda electoral en redes sociales.
Y la desinformación tiene otro aliado para proliferar. El Informe del Estado de la Educación nos muestra que la inversión pública en educación se estancó desde 2010, para empezar a venir en picada desde 2020, llegando a mínimos históricos en la administración Chaves Robles. Por si fuera poco, la pandemia de covid-19 causó un rezago educativo mayor, especialmente en poblaciones vulnerables, dejando a toda una generación con carencias formativas y menos herramientas para distinguir entre hechos y engaños.
El fenómeno no es exclusivo de Costa Rica. En todo el mundo, la pandemia afectó la forma en que los jóvenes aprenden, se informan, se relacionan y votan. En Estados Unidos, por ejemplo, se estima que un 56% de los varones menores de 30 años votaron por Donald Trump, en parte influidos por discursos de hipermasculinidad y teorías conspirativas que se volvieron virales en plataformas como YouTube y TikTok. En Costa Rica, aún no hay estudios sobre el fenómeno de la radicalización de los hombres jóvenes, aunque sí se observa un mayor apoyo a Chaves entre varones de todas las edades, según las encuestas del CIEP.
Mas el desafío no se limita a los jóvenes. Las personas adultas mayores, muchas veces menos familiarizadas con el uso de las nuevas tecnologías, también pueden ser víctimas de la desinformación acelerada por la IA. Si no se reaccionamos a tiempo, estamos en terreno fértil para la manipulación emocional y el engaño dirigido en la campaña electoral.
Aunque estos ingredientes parecen predecir una tormenta perfecta, hay tiempo para actuar. Costa Rica sigue teniendo instituciones sólidas y un robusto sistema electoral que es admirado internacionalmente. La sociedad civil organizada empieza a despertarse y a actuar. Hay un fuerte aparato de medios de comunicación que brindan información basada en principios periodísticos y, aunque deslegitimados socialmente, aún pueden tener incidencia. Movimientos políticos democráticos dan señales de entender que quizá deban deponer sus banderas individuales en pro del bien del país.
Sin embargo, a pesar de estas fortalezas, no hay duda de que en los próximos meses se pondrán a prueba, como nunca antes, los cimientos democráticos e institucionales que nos rigen desde la fundación de la Segunda República.
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Diego Pérez Damasco es periodista y comunicador social.
