EscucharCuando uno como ciudadano ve a directores policiales pedir respeto y criticar el discurso de la Asamblea Legislativa, piensa en la trascendencia del mensaje por el fondo y por la forma.
El inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política dice que el presidente ejerce el mando de la Fuerza Pública, pero esto nunca le ha otorgado patente de corso para que haga lo que quiera.
De las actas de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949 se desprende que los diputados se refirieron con absoluto desprecio a aquellas prácticas politiqueras y vomitivas de usar a los militares y policías para intereses personales.
El diputado José María Zeledón, sobre el fuero militar, afirmó: “Si nuestro himno nacional canta la paz perpetua, es un contrasentido que exista el fuero militar, que solo se ha prestado en Costa Rica para alcahueterías por parte del gobierno, con tal de ganarse la simpatía y el respaldo de la fuerza militar”.
La abolición del fuero militar es consecuencia de la proscripción del ejército, pues con él se promovía la impunidad que les otorgaba el privilegio de ser juzgados “no por los tribunales comunes, sino por sus propios compinches”.
El “mando supremo”, como nuestros constituyentes lo pretendieron, es únicamente en cuanto a jerarquía y para evitar la impertinente politización de las fuerzas armadas y los golpes de Estado. Jamás sería para impulsar el compadrazgo, ni mucho menos un teatro de marionetas con revólveres y uniformes.
De acuerdo con el artículo cuarto de la Constitución, ninguna persona o reunión de personas puede asumir la representación del pueblo, arrogarse sus derechos o hacer peticiones en su nombre, porque sería sedición.
Aun así, los constituyentes fueron meridianos al otorgar la facultad de legislar al pueblo, pero por delegación en un organismo elegido mediante el sufragio. Se conoce como Asamblea Legislativa. En alguna medida, y dada esa potestad, los diputados representan la voluntad del pueblo.
Podría extenderme y debatir si a quienes damos ese privilegio lo honran y fielmente representan nuestras voluntades. Sin entrar en tal controversia, es cierto que, independientemente de nuestro criterio sobre el trabajo del Congreso, los diputados merecen respeto, pues nos guste o no, gozan de una prerrogativa dada por el soberano.
En el artículo 12 de la Constitución se estatuye que “para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias“ y que “solo por convenio continental o para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares“; sin embargo, ”unas y otras estarán siempre subordinadas al poder civil" y no pueden deliberar, ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva.
A raíz de este mandato constitucional, el artículo tercero de la Ley General de Policía refuerza la subordinación al poder civil y es aún más explícito: “Sus miembros deberán abstenerse de deliberar o manifestar proclamas al margen de la autoridad civil de la cual dependen”.
El impedimento no riñe con el derecho a reunirse pacíficamente, sin armas, ya sea para negocios privados o para discutir asuntos políticos y examinar la conducta pública de los funcionarios.
Los policías no pierden sus derechos políticos en el ejercicio del cargo, pero la limitación es absolutamente clara aunque los fines “para que se respete el uniforme” surjan de una buena intención.
Simplemente no se puede, como tampoco se debe atizar al pueblo y a la “tropa” para condenar social y moralmente a una diputada. Nos guste o no, ella y los otros 56 gozan de la llamada “irresponsabilidad parlamentaria”, que la Constitución define como que “el diputado no es responsable por las opiniones que emita en la Asamblea”. Es así, aunque a algunos les disguste y a pesar de que las manifestaciones estén plagadas de imprecisiones, errores o apreciaciones subjetivas o desafortunadas.
Cuando se reúnen los directores de los cuerpos policiales para aparecer en un video, en una especie de estado mayor conjunto, para cuestionar a una diputada y manifestar proclamas al margen de la autoridad civil de la cual dependen, coquetean con fines políticos, alimentan egos y, aun así, no son capaces de notar la gravísima herida que le infligen al Estado de derecho.
Debemos detenernos y cuestionarnos qué está pasando. ¿Por qué permitimos que un día sí y otro también se le pase por encima a la Constitución? Ellos, como todos los policías, juraron ante Dios y prometieron a la patria observar y defender la Constitución y las leyes de la República, y cumplir fielmente los deberes de su destino.
Eclesiastés 11:5-8 dice que los caminos de Dios son misteriosos, y, en razón de ello, no pretendo saber cómo Él llama a cuentas. Lo que sí me interesa saber es cómo lo haría la patria.
El autor es piloto administrador.
