La política no es sucia por naturaleza; se contamina cuando los buenos se abstienen, cuando los competentes se alejan, cuando los que pueden ayudar deciden, simplemente, evitar intervenir, mientras se debilitan las instituciones democráticas.
Esta falta de acción da paso a gobiernos ineficaces y corruptos, lo que perpetúa un ciclo de desconfianza y descontento en la sociedad.
La defensa de la democracia incluye defender la libertad económica, la seguridad jurídica y el respeto por las reglas del juego; pero también exige ética, sensibilidad social y visión de largo plazo.
Muchos emprendedores y empresarios aún ven la política como un campo que mancha o un compromiso con intereses partidarios.
Sin embargo, la conducción del país es demasiado importante para dejarla únicamente en manos de los políticos.
El silencio empresarial se convierte en complicidad cuando permite que imposiciones conflictivas marquen la agenda nacional, desplazando el sentido común por consignas ideológicas que niegan, con todo y sus defectos, nuestro exitoso modelo de desarrollo histórico: social, laboral, ambiental y económico.
El país necesita que el sector privado asuma un papel proactivo en exigir a los gobiernos de turno que gestionen y protejan los intereses a largo plazo, para que no se vea al Estado como un obstáculo, o como un negocio, sino como un socio necesario para construir una sociedad próspera, solidaria y con futuro.
Callar ante el enfrentamiento permanente del Poder Ejecutivo con los otros dos poderes de la República y con el TSE, así como tolerar el abuso o la incompetencia institucional, en cualquier gobierno, también es una forma de violencia pasiva contra la ciudadanía.
Cada ley mal concebida, cada norma arbitraria, cada discurso populista que gana terreno, lo hace en un ambiente donde la voz de los productores, la voz de la técnica y de la ética no deben brillar por una ausencia sistemática; de lo contrario, se fomenta la estigmatización del éxito económico legítimo y transparente debidos al esfuerzo y el talento.
Esto se evidencia en la proliferación de normativas perjudiciales y en campañas de desprestigio y desinformación que dominan el discurso público.
Del sector privado depende el 84% de total de trabajadores de Costa Rica; del parque empresarial, más del 90% de las empresas inscritas formales son pymes y el 70% tienen menos de cinco empleados, y para nuestro descrédito, más de 40% de las personas productivas se gana el sustento desde la informalidad.
El país nos pertenece a todos. Se requieren líderes empresariales que se formen, se informen y hablen, que construyan puentes entre la producción y el desarrollo humano, entre el empleo formal, la informalidad y la equidad de oportunidades para todos.
Cuando el sector productivo participa, eleva el nivel del debate público; aporta datos, argumentos, soluciones viables; cuando se ausenta, o actúa desde el repliegue, temiendo represalias políticas o cuestionamientos mediáticos, permite que lo emocional reemplace lo racional y se pierdan oportunidades de mejora real a largo plazo.
Esa actitud es insostenible; el costo de la inacción es la gradual desintegración del Estado de derecho, la erosión de nuestras instituciones y el avance de propuestas autoritarias que ocultan su verdadera naturaleza tras una retórica engañosa.
No se trata únicamente de proteger los negocios individuales, sino de salvaguardar la institucionalidad que permite que esos negocios existan y prosperen.
Sin confianza, sin colaboración público-privada, y sin seguridad jurídica, no hay mercado libre ni crecimiento ordenado que sea posible.
El empresariado no puede pretender neutralidad cuando el país clama por dirección, por capacidad gerencial, por ideas, por liderazgo honesto; su voz puede marcar la diferencia, pero solo si se atreve a usarla sin temor.
El país no necesita solamente héroes silenciosos; necesita, sobre todo, ciudadanos activos, con visión crítica y constructiva, que sepan influir sin arrogancia y dialogar sin perder firmeza ni claridad en sus convicciones.
La historia también juzga a quienes callaron cuando debían hablar, a quienes miraron para otro lado mientras todo se degradaba.
Los jóvenes necesitan referentes que inspiren desde la coherencia; que demuestren que se puede prosperar sin renunciar al deber de contribuir al bien común con valentía y responsabilidad.
El silencio no es neutral; es una forma de cobardía que, en tiempos de crisis, se paga con pérdida de derechos, libertades y calidad de vida para todos, sin excepción.
Álvaro Sáenz es ingeniero y empresario agroindustrial.