El ROP es del trabajador, pero fue creado para pagar una pensión

Hay una verdad que conviene reconocer: el dinero acumulado en el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias pertenece al trabajador. No es del Estado, de la operadora ni del banco. Pero de esa premisa correcta se extrae una conclusión equivocada: que ser propietario equivale a poder retirar todo el fondo en un solo desembolso al pensionarse.

Propiedad y libre disposición no son sinónimos. El ROP es patrimonio individual con un destino legal. El artículo 9 de la Ley N.° 7983 establece que su objetivo es complementar el IVM o los regímenes sustitutos. Su exposición de motivos fue todavía más clara: se buscaba crear un segundo pilar de ahorro obligatorio. No un premio de jubilación ni una cuenta corriente diferida. Una segunda pensión.

Si se rechaza el paternalismo, habría que rechazar el ROP

Se acusa de paternalismo a quienes se oponen al retiro total. Hay algo de verdad en la palabra, pero no en la conclusión. Todo régimen obligatorio de pensiones obliga a reservar hoy parte del ingreso para atender las necesidades futuras. El IVM también lo hace. La seguridad social parte de que el ahorro para la vejez no puede depender exclusivamente de decisiones de corto plazo.

Si cada adulto debiera decidir libremente qué hacer con todo lo que gana, el ROP nunca debió crearse. La ley pudo entregar el monto correspondiente mensualmente al trabajador para que lo gastara, ahorrara o invirtiera. No lo hizo porque reconoció un problema real: muchas personas, por falta de educación financiera, disciplina, ingresos o visión de largo plazo, llegarían a la jubilación sin un ahorro adicional.

Esto no declara incapaces a los adultos mayores. Reconoce el riesgo de longevidad y una conducta humana común: tendemos a valorar más una necesidad inmediata que otra lejana. Es contradictorio defender el ahorro forzoso durante décadas y eliminar su finalidad justo cuando comienza la jubilación.

El riesgo no es imaginario

Según información de Supén citada en un análisis oficial de 2026, el 54% de las personas que retiraron el ROP en 2020 agotó esos recursos en un año o menos, y el 85%, en menos de tres años. Estos datos no prueban que cada pensionado vaya a administrar mal su dinero. Sí demuestran que el peligro de convertir una pensión de largo plazo en liquidez de corta duración no es mera especulación paternalista.

La Ley 9906 ya reconoce que pueden existir circunstancias que justifican un trato excepcional. Permite el retiro total ante una enfermedad terminal debidamente calificada y estableció reglas transitorias para determinados grupos de pensionados. Eso es muy distinto que convertir la excepción en una opción general para toda persona, sin necesidad de acreditar una condición particular.

Una consideración adicional: cuando una persona agota el ahorro destinado a su vejez, las consecuencias recaen también sobre su familia y, eventualmente, sobre los programas públicos que atienden la pobreza y la dependencia.

La deuda cara sí exige una respuesta

El argumento más sólido a favor del retiro total es financiero: no tiene sentido mantener un fondo que rinde menos de lo que cuesta la deuda de una tarjeta de crédito o de un crédito de consumo. Una deuda al 30% o 40% anual destruye valor mucho más rápido de lo que una operadora de pensiones puede generarlo. Pero eso no obliga a escoger la solución más extrema.

Se podría crear un mecanismo de refinanciamiento para las personas ya pensionadas con deudas caras, utilizando una parte del ROP como garantía de un nuevo crédito. El banco cancelaría directamente las deudas caras y formales; el pensionado no recibiría efectivo, y el saldo del ROP permanecería invertido y continuaría pagando una pensión complementaria.

La garantía permitiría una tasa sustancialmente menor. El préstamo podría amortizarse con una fracción de los pagos periódicos del ROP, siempre que la cuota nueva sea inferior al servicio de las deudas canceladas y mejore el flujo mensual. Así se cambia deuda cara por deuda barata sin liquidar todo el capital acumulado.

Para evitar abusos, la ley debería contener ciertos requisitos: uso una sola vez del mecanismo; deudas preexistentes, formales y certificadas; pago directo a los acreedores; costo total transparente y limitado; prohibición de comisiones ocultas; garantía máxima, por ejemplo, del 50% del saldo, y supervisión de Supén, Sugef y Conassif. Las deudas informales quedarían fuera porque no pueden verificarse confiablemente.

El artículo 54 de la Ley 7983 hoy impide ceder, gravar o dar en garantía las cuentas del ROP. La propuesta requeriría una excepción legal expresa y estrecha que preserve la inembargabilidad del resto del fondo.

Libertad con propósito

El trabajador es dueño del fondo, sí. Precisamente por ser suyo, la política pública debe procurar que le sirva durante la etapa para la cual fue creado.

Defender esa finalidad no es proteger el negocio de las operadoras; es proteger una segunda pensión. Y atender una deuda ruinosa mediante un refinanciamiento regulado es mucho más responsable que convertir décadas de ahorro obligatorio en un cheque que puede desaparecer en pocos meses.

echerod@yahoo.com

Rodolfo Echeverría Martín es ingeniero y administrador de empresas.