EscucharCon suma preocupación, la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) denunció el recorte presupuestario de ¢30.000 millones a la educación pública, que propuso el Ministerio de Hacienda para el año 2010. Esta cifra es alarmante, por cuanto significa el deterioro e incluso el cese de una serie de programas sociales y educativos que desarrolla el Ministerio de Educación Pública.
La ANDE objetó este recorte ante la insuficiencia de recursos para enfrentar el total de los gastos que conlleva un curso lectivo en Costa Rica.
El sistema educativo no cuenta con el presupuesto suficiente para garantizar el desarrollo en infraestructura, talleres, laboratorios científicos y de informática que permitan a la niñez y a la juventud desarrollar sus destrezas intelectuales.
Falta de compromiso. El gobierno de turno y los que le antecedieron no han hecho nada por garantizar que el 6 por ciento del producto interno bruto (PIB) se destine a la educación, tal como lo exige la Constitución Política. Más lamentable aún es el hecho de que ninguno de los candidatos presidenciales, pese a estar en campaña, han manifestado su compromiso por garantizarle al país, el presupuesto necesario para la educación pública.
Los costarricenses estamos en la obligación de exigirle al Gobierno que invierta el 6 por ciento del PIB, en educación y se encamine hacia una reforma constitucional para que se destine el 8 por ciento . Costa Rica necesita una educación que se enrumbe a cambiar el destino de las clases sociales y a contribuir en el desarrollo de nuestros pueblos.
La ANDE está convencida de que la educación debe ser una prioridad estatal, que promueva el cambio y que brinde oportunidades para la niñez, para la adolescencia y para los adultos que creen en ella. Abogamos por una educación de calidad, equitativa, gratuita y obligatoria. Requerimos que nuestras mujeres se capaciten para enfrentar un mundo globalizado, en el cual sean competitivas y obtengan mejores oportunidades para superarse y salir de la pobreza.
La niñez y la adolescencia educada pueden abrir las puertas a las futuras generaciones para que rompan el círculo del hambre, la enfermedad y la pobreza.
Costa Rica necesita un gobierno que se comprometa a erradicar la pobreza por medio de la educación, a poner un alto a la deserción escolar y que otorgue recursos adicionales para que más niños puedan estudiar y concluir su educación.
El recorte propuesto por el Ministerio de Hacienda demuestra la falta de compromiso de este Gobierno con las futuras generaciones y con el desarrollo del país. Determina la poca atención que prestan los políticos a solventar las necesidades de los sectores sociales y nos coloca en la realidad latente de un Estado neoliberal, que busca el bien de los sectores más poderosos, por encima de los más desprotegidos.
Más inversión. Costa Rica requiere que las autoridades gubernamentales afiancen su compromiso con la educación pública costarricense e inviertan más recursos en los estudiantes pobres que están propensos a abandonar sus estudios, ante la falta de medios para continuar en las aulas. Esta tarea solo será posible si se consignan más recursos para los programas sociales que garanticen la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.
El compromiso con el país y con los sectores más desprovistos no debe ser solo político, necesitamos que se pase del discurso a los hechos. El Gobierno tiene el deber moral de velar por las generaciones de estudiantes jóvenes que dependen del Estado para continuar estudiando.
Las consecuencias de este recorte presupuestario, atribuido a la crisis fiscal, recaerán sobre los jerarcas del Ministerio de Hacienda y del presidente Óscar Arias, quienes no han sabido prever la situación y tomar las medidas preventivas para direccionar las soluciones financieras hacia sectores más poderosos y no hacia Educación, que es la principal y la más sólida alternativa para enfrentar cualquier crisis.
Los jerarcas de Hacienda deben aplicar de inmediato otras medidas alternativas, como la efectiva recaudación y distribución de los tributos que aportamos los ciudadanos, para programas sociales y control de programas como el de Reconversión Productiva, entre otros.
El Gobierno está en la obligación de recortar gastos superfluos, como lo son la publicidad y la propaganda estatal, que únicamente sirve para promover su imagen.
Nuestro llamado también es a los diputados, para que de ninguna manera aprueben este presupuesto, que va en detrimento de la educación pública costarricense.
Si la educación pública es una prioridad de campaña, demuéstrenlo con hechos y no con promesas.
