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Cuando se habla de gestión vial en Costa Rica, la mayoría de las personas no la asocia con conceptos como gestión de activos, planificación de largo plazo o modelos de conservación. Para el público general, la gestión vial suele entenderse como acciones visibles e inmediatas: tapar huecos, reparar calles dañadas, construir nuevas carreteras o ampliar carriles para “quitar las presas”, así como ordenar el tránsito mediante semáforos, rotondas o señalización básica.
Aunque estos elementos sí forman parte de la infraestructura vial, atenderlos de forma aislada no mejora de manera sostenible la movilidad.
La gestión vial moderna busca ir más allá de la obra puntual, busca equilibrar la calidad de la infraestructura con la capacidad del sistema para atender la demanda, es decir, lograr un balance entre oferta y demanda de transporte.
Cuando un país concentra sus esfuerzos únicamente en construir más carreteras, se adopta un enfoque puramente “ofertista” y se terminan agravando los problemas que se pretende resolver. La infraestructura vial no existe para ser inaugurada, sino para prestar un servicio de calidad.
No obstante, el énfasis político y mediático suele privilegiar las obras visibles y las “cintas cortadas”, mientras se ignoran instrumentos de gestión que, aunque menos espectaculares, generan impactos mucho más profundos y sostenibles en la calidad de vida de la población y en la eficiencia del gasto público.
Lecciones aprendidas y desaciertos históricos
La experiencia nacional deja múltiples lecciones que no deberían repetirse. Entre los errores más recurrentes destacan el inicio de proyectos sin diseños completos o sin financiamiento asegurado, la inauguración apresurada de obras inconclusas a costa de la calidad y la seguridad, y la improvisación técnica motivada por presiones políticas o coyunturales.
Estos desaciertos han tenido un alto costo para el país, no solo en términos económicos, sino también en congestión, riesgos para la seguridad vial y pérdida de confianza ciudadana. Aunque podrían interpretarse como “lecciones aprendidas”, lo cierto es que, sin políticas claras de gestión de activos viales y sin un sistema de gestión robusto, estos errores tienden a repetirse.
Lo que revelan los planes de gobierno
Un análisis de los principales planes de gobierno presentados recientemente permite identificar coincidencias relevantes en materia de infraestructura y transporte, así como importantes vacíos.
Existe consenso general sobre la importancia de las alianzas público-privadas, la modernización del transporte público, la multimodalidad y la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sector.
No obstante, las diferencias aparecen en el nivel de profundidad técnica y en la forma de implementar estas propuestas. En muchos casos, las iniciativas se plantean de manera fragmentada, sin articularse dentro de una estrategia integral de gestión vial.
Predomina un enfoque orientado a proyectos específicos o megaproyectos, mientras que la gestión sistemática de la red existente recibe menor atención, a pesar de su impacto directo en la congestión y en el uso eficiente de los recursos públicos.
La solución va de la mano con la gestión de infraestructura vial
Abordar de manera efectiva los problemas de congestión vial requiere un cambio de paradigma. La solución no está únicamente en construir más carreteras, sino en gestionar de forma inteligente y estratégica los activos viales que ya existen. Esto implica, entre otras acciones, priorizar las decisiones técnicas sobre la injerencia política y adoptar sistemas modernos que permitan integrar el transporte público y optimizar las inversiones, tanto en obra nueva como en su mantenimiento.
Es fundamental avanzar hacia esquemas contractuales de largo plazo que integren diseño, construcción y mantenimiento. Este tipo de contratos permite trasladar componentes del riesgo de la gestión vial hacia el privado, mientras la Administración se concentra en la fiscalización y el control.
Asimismo, resulta indispensable implementar sistemas de información y trazabilidad de la inversión, que permitan responder con claridad preguntas básicas sobre el verdadero costo de las obras viales y su actual mantenimiento. Sorprendentemente, hoy estas preguntas no siempre tienen respuestas claras, lo que evidencia las debilidades estructurales del sistema actual.
Finalmente, se requiere una visión integradora y de Estado que trascienda los ciclos políticos y permita construir un portafolio coherente de proyectos y acciones basado en criterios técnicos, sociales y económicos. El análisis de los distintos planes de gobierno muestra que existen múltiples coincidencias de alto impacto que podrían articularse en un “programa nacional integrado de desarrollo de la infraestructura vial”. Un esfuerzo de esta naturaleza tendría el potencial de generar amplios consensos políticos y técnicos, y de sentar las bases para una movilidad más eficiente y sostenible.
La gestión de la infraestructura vial no es una tarea de corto plazo ni una responsabilidad de un solo gobierno. Es una visión estratégica que exige planificación, disciplina técnica y compromiso institucional. El verdadero reto está en que, como país, entendamos que la solución a las presas no pasa únicamente por cortar cintas, sino por gestionar con seriedad y responsabilidad los activos viales que ya tenemos.
barrantesroy@gmail.com
Roy Barrantes Jiménez es ingeniero civil con especialidad en gestión de proyectos y gestión de infraestructura. Este texto representa su opinión personal, no la posición oficial del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme-UCR) ni de la Universidad de Costa Rica.
