Escuchar
Cada vez que una ciudad entera se detiene para abrir paso a una caravana política escoltada, ocurre algo más profundo que una mera alteración vial. Lo que se manifiesta no es solamente un operativo de tránsito: es una representación explícita de jerarquía. Una demostración pública de que existen personas cuya movilidad, cuyo tiempo y cuya comodidad parecen tener más valor que los de los demás.
Y precisamente por eso no comparto esa práctica.
No logro aceptar la idea de que quienes administran el país deban desplazarse protegidos de las mismas consecuencias que generan las decisiones tomadas en sus oficinas, sus vehículos oficiales o sus espacios ajenos a la vida cotidiana.
Me parece una contradicción demasiado evidente que quienes diseñan políticas sobre transporte rara vez sufran por el transporte; que quienes hablan constantemente de vivienda no enfrenten las mismas presiones habitacionales que gran parte de la población, o que quienes toman decisiones sobre infraestructura y planificación urbana puedan, simplemente, driblar el caos diario gracias a escoltas, cierres viales y sirenas.
Existe una distancia creciente entre quienes ejercen el poder y quienes deben convivir con los resultados concretos de ese poder. Y esa distancia no es accidental: está integrada en la propia lógica de muchas estructuras políticas modernas.
Con el tiempo, pareciera que ciertas posiciones institucionales dejan de concebirse como funciones de servicio público y comienzan a asumirse como categorías especiales de ciudadanía, dotadas de accesos, privilegios y excepciones que el resto de las personas no poseen. Carriles despejados. Operativos especiales. Vehículos abriendo camino. Ciudades enteras detenidas para que unos pocos no tengan que experimentar lo mismo que todos los demás.
Y luego nos preguntamos por qué tantas políticas públicas parecen diseñadas desde una desconexión casi absoluta con la realidad cotidiana.
Porque quien vive protegido de las consecuencias reales de un sistema difícilmente tendrá incentivos genuinos para transformarlo.
Quien nunca pasa dos horas atrapado en una presa no siente urgencia por resolver el transporte público. Quien nunca depende de un autobús inseguro, saturado o ineficiente probablemente vea el problema como una estadística y no como una experiencia humana diaria. Quien siempre puede atravesar una ciudad rodeado de escoltas jamás comprenderá el desgaste físico, económico y psicológico que implica para miles de personas perder largas horas de su vida dentro de un vehículo detenido.
La incomodidad compartida tiene una función política importante: obliga a enfrentar la realidad. Obliga a reconocer fallas. Obliga a actuar. Pero cuando ciertos grupos logran escapar sistemáticamente de esa experiencia común, el deterioro deja de representarles un costo real.
Y eso no ocurre únicamente con el transporte. Ocurre también en educación, salud, seguridad, urbanismo y vivienda. Con demasiada frecuencia, quienes deciden no utilizan los servicios que administran. No viven en los espacios afectados por sus políticas. No dependen de las estructuras que regulan. No padecen la lentitud burocrática que producen. No experimentan la vulnerabilidad cotidiana que muchos ciudadanos consideran normal porque nunca han conocido otra cosa.
Entonces aparecen discursos sobre sacrificio colectivo pronunciados desde entornos completamente blindados del sacrificio real.
También me parece preocupante la normalización simbólica de estas prácticas. Porque no solo se despeja el tránsito: se transmite un mensaje cultural. Se enseña que el poder merece prioridad física sobre los demás cuerpos, sobre el tiempo de los demás, sobre la movilidad de los demás. Y eso, inevitablemente, termina moldeando la manera en que una sociedad entiende la autoridad.
Peor aún, el uso reiterado de sirenas, escoltas y bloqueos para actividades no asociadas con emergencias vitales termina desgastando mecanismos que deberían conservar un significado excepcional. Las señales de prioridad vial deberían inspirar cooperación inmediata porque representan situaciones en que una vida humana puede depender de segundos. Ambulancias. Bomberos. Rescate.
Cuando esos mismos mecanismos comienzan a utilizarse como herramientas rutinarias de desplazamiento político, su significado se distorsiona y aparece algo peligroso: la fatiga social frente a la alarma permanente.
No considero saludable una sociedad donde las señales de excepción se convierten en parte habitual de la escenografía del poder.
Y tampoco considero saludable que se espere de la ciudadanía una aceptación automática de esas dinámicas simplemente porque “así funciona”. Muchas de las prácticas más desconectadas e injustas de cualquier sistema sobreviven precisamente gracias a la costumbre, a la resignación y a la idea de que cuestionarlas equivale a faltar el respeto a la institucionalidad.
Pero cuestionar privilegios no es faltar el respeto. Más bien, debería ser una obligación básica de cualquier sociedad que aspire a conservar algún sentido real de igualdad.
Porque al final del día, mientras una ciudad completa espera detenida al borde de la carretera para permitir el paso expedito de una comitiva política, queda expuesta una verdad incómoda: existen personas que administran un sistema del cual, en muchos aspectos esenciales, ya no forman parte.
pabloalvarez83@gmail.com
Pablo Andrés Álvarez Aguilar es médico intensivista y profesor universitario.
