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Una sociedad informada y crítica constituye un elemento fundamental para el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo sostenible. En el caso de Costa Rica, reconocida por su estabilidad política y su tradición institucional, este ideal afronta importantes desafíos vinculados a las enormes asimetrías sociales.
En este contexto, la capacidad de los ciudadanos para informarse y analizar críticamente su realidad se vuelve indispensable. Reich, citado por Deleuze y Guattari (1973), afirmaba: “¿Por qué soportan los hombres desde siglos la explotación, la humillación, la esclavitud, hasta el punto de quererlas no solo para los demás, sino también para sí mismos?”.
Creo firmemente que la respuesta está en que amplios sectores de la población –especialmente los más vulnerabilizados, los más depauperados, pero no solo esos, sino también algunos con estudios universitarios– optaron por no informarse adecuadamente, no leer la historia y quedarse con lo que dice el “pastor”.
Jürgen Habermas (1981) sostiene que la democracia depende de la existencia de un espacio público donde los ciudadanos participen mediante el uso de la razón y el acceso a información confiable. Empero, un amplio sector de la población costarricense se informa con lo que ve en las redes sociales, muchas veces sin un sustento crítico. Una ciudadanía sin herramientas críticas es más vulnerable a la manipulación mediática y a la difusión de noticias falsas.
Investigaciones en Costa Rica señalan que, en muchos casos, el problema no radica únicamente en el acceso a la tecnología, sino en la falta de conocimiento para su aprovechamiento adecuado. Asimismo, los escasos y poco articulados esfuerzos institucionales para reducir esta brecha han limitado el desarrollo de una ciudadanía plenamente informada. Lo grave es que parece que ha sido una práctica intencional de varias administraciones.
En la sociedad contemporánea, el control de la información está estrechamente vinculado al poder. Manuel Castells (1996) señala que las dinámicas sociales actuales están determinadas por los flujos de información, lo cual implica que quienes tienen acceso y control sobre estos flujos poseen una ventaja estructural.
En Costa Rica, aunque se han logrado avances en conectividad, persisten desigualdades que afectan principalmente a poblaciones rurales y sectores vulnerables, lo que limita su capacidad de participación en la sociedad del conocimiento.
Asimismo, la educación costarricense afronta desafíos importantes que inciden directamente en la formación de una sociedad crítica. Esto ha generado lo que algunos autores denominan una “crisis educativa”, caracterizada por rezagos en el aprendizaje y limitaciones en el desarrollo de habilidades analíticas, y esto es comprensible si consideramos que un altísimo porcentaje de los educadores(as) prefieren libros de texto para sus estudiantes con respuestas únicas o marcar con X, lo que promueve una educación mecanicista, sin análisis crítico.
Es claro que el problema es multidimensional, pero si no promovemos la incertidumbre, el riesgo para comprender la realidad, estamos creando ciudadanos fáciles de manipular (sin lugar a dudas, esa es la intención).
Requerimos una ciudadanía informada y crítica para fortalecer la democracia y reducir las odiosas desigualdades que atropellan la posibilidad de una sociedad más justa.
No son suficientes los accesos a la información si persisten desafíos estructurales como la desigualdad educativa y la desinformación. Superar estos retos requiere políticas públicas integrales y un compromiso social orientados a fortalecer las capacidades críticas de la ciudadanía. Solo así será posible consolidar una democracia participativa y resiliente frente a los desafíos que enfrentamos.
heriberto.hod50@gmail.com
Heriberto Ordóñez D. es periodista, filólogo y psicopedagogo.
