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En 1995 y como parte de un acuerdo político al que algunos denominaron Pacto Figueres-Calderón, se propuso el cierre de IFAM, diligencia que por varios motivos no alcanzó su fin. Por ello no nos sorprende ver cómo los mismos sectores que en esa oportunidad aplaudieron y celebraron tal acuerdo, manifiesten hoy su total apoyo a la pretensión del despido del 50% de los trabajadores de la institución, ahora promovida por su presidente ejecutivo bajo el ardid de darle sostenibilidad al IFAM.
En esa ocasión, la modernización del Estado fue el principal argumento para justificar la desaparición de una institución que había sido creada –precisamente en la administración del padre de uno de los ilustres participantes– con el objetivo de fortalecer el régimen municipal. Hoy, el debilitamiento del IFAM con el despido del 50% de sus trabajadores se justifica indicando una presunta “quiebra” en las finanzas de la institución, situación que existe solo en la creativa imaginación del señor Fabio Molina, presidente ejecutivo del IFAM.
Supuesta confabulación. No conforme con ello, este señor señala a los trabajadores como los culpables de esa presunta precaria situación y denuncia una confabulación malévola en contra del erario público en la que resoluciones judiciales, exmiembros de Junta Directiva y hasta la Contraloría General de la República, han coincidido en favor de 26 funcionarios públicos, para reconocerles el “vil privilegio” de tener un salario igual al de sus homólogos de otras instituciones estatales. Sin embargo, lejos de asustarnos ni de sonrojarnos, el apoyo de esos sectores a las diligencias realizadas por el Presidente Ejecutivo nos señala que transitamos por la senda correcta y fortalece nuestro compromiso con el quehacer institucional y el fortalecimiento del régimen municipal.
Así las cosas, en aras de la “modernización” del Estado esos sectores han logrado que en distintas administraciones se dé una disminución tal del aparato estatal –IFAM incluido, pues en el año 1994 fue reducido en un 50%– que materialmente lo inhibe del cumplimiento de sus fines de vigilancia de la cosa pública. Por ejemplo, recientemente, hemos sido testigos de cómo el director de Geología y Minas justifica, con base en el escaso personal, la disposición de su despacho, la lentitud en los procesos de control de concesiones de explotaciones mineras y otros, debilidad curiosamente aprovechada por personas que provienen de esos mismos sectores. Mencionar a la Setena, al Tribunal Ambiental Administrativo, algunas dependencias del Ministerio de Salud y otras, es abundar en ejemplos de la misma intención, del mismo propósito y de los mismos resultados.
Por ley, al IFAM le corresponde el cobro de más de ¢3.500 millones anualmente por impuesto selectivo de consumo de licores –nacionales y extranjeros– y cerveza, cifra que según estudios recientes representa una ínfima fracción de lo que debía recaudarse por dicho concepto y recursos que en gran parte se transfieren a los gobiernos locales para que estos mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.
Esta gestión de cobro ha con- llevado en los últimos años la ejecución de al menos 33 juicios en contra de algunos contribuyentes. Únicamente entre el 2003 y el 2006 mediante diferentes procedimientos, el IFAM había trasladado cargos por más de ¢3.500 millones ante distintas instancias judiciales. En la actualidad, el monto por dilucidar en este escenario supera los ¢6.400 millones. Sin tener la imaginación de la que hace gala el Presidente Ejecutivo, pareciera entonces que el discurso de paladín de la moral pública y de abanderado contra los privilegios de los trabajadores del sector público esbozado por el señor Molina Rojas –de forma deliberada o producto de su candidez–, es una mampara para desmantelar el Estado.
