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Hay preguntas que un promedio nacional no puede responder. ¿Por qué dos comunidades que comparten el mismo marco institucional, las mismas leyes y las mismas políticas generales ofrecen a sus habitantes horizontes de vida tan distintos? ¿Por qué el acceso a una buena escuela, a un hospital cercano, a un barrio seguro o a una municipalidad con capacidad de gestión depende todavía del cantón donde se nace?
Costa Rica exhibe, con razón, indicadores agregados de desarrollo humano que la distinguen en América Latina. Pero el promedio es un espejo que refleja el conjunto y pasa por alto las partes que lo componen.
El Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 2026, que el PNUD acaba de presentar junto al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), nace precisamente para mirar lo que el promedio no cuenta.
Desde su primera edición, hace casi dos décadas, esta herramienta ha aplicado al nivel local la metodología de medición del desarrollo humano reconocida internacionalmente, hoy sobre la base de registros administrativos de los 84 cantones del país y de siete índices que permiten leer el bienestar desde ángulos complementarios: salud, educación y nivel de vida, pero también desigualdad, brechas de género, privaciones simultáneas, seguridad ciudadana y, como novedad de esta edición, la vulnerabilidad territorial asociada a las drogas y sus actividades conexas.
El valor de este instrumento no está en ordenar cantones de mejor a peor: las clasificaciones simplifican y, con frecuencia, estigmatizan. Por eso, el Atlas propone otra lectura: entender configuraciones territoriales que vienen a revelar hallazgos que interpelan a todo el país.
El primero es que la desigualdad reordena el mapa. Cuando el desarrollo humano se ajusta por cómo se distribuyen internamente sus logros, casi un tercio de los cantones que se ubicaban en la categoría más alta desciende de nivel, y la proporción de población que vive en territorios de desarrollo pasa de 38 cantones a 26 cantones cuando se ajusta por desigualdad. No es que el país retroceda: es que el promedio escondía a quienes no participan plenamente de sus avances.
El segundo hallazgo es que la seguridad ciudadana y la vulnerabilidad a las economías ilícitas caminan juntas, y ambas son inseparables del desarrollo humano. La evidencia del nuevo Índice de Vulnerabilidad a Drogas y Actividades Conexas muestra que en cuatro cantones del país se concentra una muy alta vulnerabilidad, y que esta condición guarda una relación estrechísima con el deterioro de la seguridad.
Esto sugiere que la respuesta a la violencia difícilmente puede ser únicamente policial: si la vulnerabilidad a economías ilícitas y el deterioro de la seguridad están tan ligados, cualquier estrategia sostenible tendría que combinar prevención, inclusión social, educación y presencia institucional en el territorio.
El tercer hallazgo muestra que no existe una sola ruta hacia el desarrollo humano, sino varias. Hay territorios donde los logros se consolidan en todas las dimensiones; otros, donde los desafíos se acumulan y se refuerzan entre sí, particularmente en zonas costeras y fronterizas; otros que están en transición.
Y hay un cuarto grupo que merece atención especial: territorios donde un desarrollo humano alto convive con riesgos crecientes de inseguridad y vulnerabilidad, una combinación que puede erosionar en el mediano plazo lo que hoy parece un logro consolidado. Cada configuración exige una respuesta distinta. Tratar igual a territorios desiguales es, en la práctica, profundizar la desigualdad.
Esta edición incorpora, además, una reflexión inédita sobre la inteligencia artificial (IA). En un país cuyas capacidades digitales se concentran en la Gran Área Metropolitana (GAM), la IA puede ser multiplicadora de oportunidades (en salud, educación, seguridad y productividad) o convertirse en un nuevo vector de exclusión para los cantones sin conectividad, herramientas digitales ni institucionalidad local consolidada. Anticipar ese riesgo hoy, cuando todavía es posible orientarlo, es también una decisión de desarrollo humano. El futuro digital de Costa Rica se jugará, como todo lo demás, en el territorio.
Un análisis con esta resolución territorial, capaz incluso de anticipar riesgos como los de la IA, solo es posible gracias a un ecosistema de datos públicos que honra la tradición institucional costarricense. Por ello, el PNUD agradece a las instituciones públicas, desde entes estadísticos y electorales hasta reguladores y de seguridad social, cuyos registros administrativos permitieron calcular cada uno de los índices que integran esta herramienta.
Cuando las instituciones comparten sus datos, el país entero gana capacidad de verse a sí mismo: la evidencia deja de ser un insumo técnico y se convierte en un bien público.
Esta es la vocación del PNUD en Costa Rica: poner el conocimiento al servicio de las decisiones públicas, junto al Estado y sus instituciones, para planificar el desarrollo humano con la ciencia de los datos. Porque, al final, lo que este Atlas ayuda a construir es también una promesa urgente: que las oportunidades de una persona no dependan del cantón donde le tocó vivir.
Los datos ya están sobre la mesa. Convertirlos en decisiones es la tarea que compartimos.
El Atlas y su plataforma interactiva están a disposición de las municipalidades que planifican, de las instituciones que focalizan recursos, de la academia que investiga y de la ciudadanía que exige cuentas. Se puede acceder a ellos en este enlace.
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Sandra Sosa es representante residente de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Costa Rica.
