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Hay una frase que se escucha cada vez más en Costa Rica, en redes sociales, en conversaciones de café, a veces en los propios pasillos de la Asamblea Legislativa: “Lo que necesitamos es un Bukele”.
La frase tiene sentido emocional. Tres años consecutivos superando los 800 homicidios dolosos anuales, una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes, 50 menores de edad asesinados solo en 2025 –10 de ellos con edades de 12 años o menos– y una sensación generalizada de que el Estado perdió el control territorial ante el crimen organizado. El miedo es comprensible.
Lo que no es comprensible ni aceptable es la conclusión que se extrae de él. Porque el modelo Bukele no es una solución de seguridad. Es lo que la criminología denomina populismo punitivo: el intercambio de una forma de violencia (la del crimen organizado) por otra: la del Estado sin control democrático. Y Costa Rica tiene demasiado que perder para cometer ese error.
La crisis es real; el diagnóstico, también
La criminología no minimiza los números. El 44% de los homicidios en 2025 se concentraron en 20 de los distritos más violentos de los 478 distritos del país y al menos un centenar de distritos registraron aumentos del 100% o más entre 2022 y 2025.
Eso sugiere que la violencia no retrocedió: se redistribuyó y penetró nuevos territorios que antes eran tranquilos. El cantón Central de Limón tiene una tasa de 37,7 por 100.000 habitantes –equiparable a Ecuador, un país que declaró estado de guerra interno–. Esa concentración no es aleatoria: es la ecología del crimen organizado, que opera exactamente donde el Estado retiró su presencia antes de que las estructuras criminales llegaran a llenar ese vacío. Barrios con bajo desarrollo humano, alta informalidad, poca escuela y muchos jóvenes sin empleo. Ahí recluta el narco. Ahí llega antes que cualquier servicio público.
El proceso tiene historia. En los años 90, los carteles colombianos pagaron los servicios logísticos locales en especie –droga en lugar de dinero– y ese pago creó un mercado de narcomenudeo que antes no existía, aunado al cambio en las rutas de trasiego.
Las pandillas dejaron de ser grupos de delincuencia juvenil y se convirtieron en lo que las autoridades policiales denominaron “minicarteles criollos”, con control territorial sobre puntos de venta. Luego llegaron el Clan del Golfo y el Cartel de Sinaloa, que consolidaron alianzas locales y completaron la transnacionalización: Costa Rica dejó de ser un corredor de tránsito y se convirtió en hub logístico activo. Los 907 homicidios de 2023 no son el inicio del problema. Son su punto de ebullición.
Lo que realmente pasó en El Salvador
El régimen de excepción salvadoreño empezó el 27 de marzo de 2022. La narrativa oficial es conocida: los homicidios bajaron, las calles son seguras, el modelo “funciona”. Lo que no aparece en los titulares es el precio documentado de esa baja. El propio gobierno de Bukele reconoció 8.000 inocentes liberados por falta de pruebas. Organizaciones de derechos humanos cifran entre 25.000 y 30.000 las detenciones arbitrarias de personas sin vínculos con pandillas. Al menos 430 personas murieron bajo custodia estatal. El 90% de los detenidos está en prisión sin sentencia condenatoria y el 1,7% de la población salvadoreña está actualmente privada de libertad (datos de Human Rights Watch 2025, Amnistía Internacional, Cristosal y CIDH).
La criminología tiene un nombre para esto: violencia institucional: es la ejercida por el Estado a través de sus propios aparatos de control. No aparece en las estadísticas de homicidio, pero es violencia. Las detenciones se basaron en la apariencia física de los detenidos (tatuajes, juventud, residencia en comunidades pobres) y en denuncias anónimas. Human Rights Watch documentó cuotas de detención impuestas a jefes policiales. Amnistía Internacional documentó un patrón sistemático de tortura y violencia sexual contra mujeres y niñas detenidas. Ningún agente ha sido procesado.
Y detrás de todo esto, el desmantelamiento democrático: Bukele destituyó a los magistrados de la Sala Constitucional que se oponían a sus planes y los reemplazó con jueces propios. Luego se reeligió en 2024, aunque la Constitución prohíbe expresamente la reelección inmediata. La prensa fue hostigada: 311 vulneraciones a la libertad de prensa documentadas solo en 2023. Una abogada de derechos humanos –incluida por la BBC entre las 100 mujeres más influyentes del mundo– fue detenida por 36 horas sin que su familia supiera su paradero. Amnistía Internacional lo calificó como desaparición forzada.
La pregunta que hay que hacer
La criminología política hace una distinción central entre Estado de derecho y Estado de policía. El primero ejerce el monopolio de la violencia legítima con controles horizontales: jueces independientes, prensa libre, sociedad civil activa. El segundo lo ejerce sin controles efectivos. El tránsito de uno a otro no necesita un golpe de Estado: puede hacerse con decretos, nombramientos afines y la narrativa de que quienes protestan son “defensores de pandilleros”.
La pregunta que hay que hacerle a quien propone el modelo salvadoreño para Costa Rica es simple: ¿quién controla al que controla? Cuando el que decide quién entra al Cecot es el mismo que nombra a los jueces, la respuesta es: nadie. Y cuando nadie controla al que detiene, cualquiera puede ser detenido. Incluido usted.
Costa Rica tiene otro camino
La criminología basada en evidencia documenta que los modelos más eficaces contra el crimen organizado combinan tres elementos que el régimen de excepción deliberadamente evita: selectividad (presión focalizada en los actores más dañinos; no encarcelamiento masivo indiscriminado); legitimidad procedimental (actuar con respeto al debido proceso para no perder la cooperación de las comunidades que son los ojos y oídos de la inteligencia policial), y reducción de oportunidades estructurales (intervenir en los factores que hacen posible el reclutamiento).
Costa Rica ya empezó. La reforma constitucional de 2025 que habilitó la extradición por narcotráfico se hizo a través del proceso legislativo ordinario. La Operación Traición, de noviembre de 2025 —1.200 agentes, 67 allanamientos, desarticulación del Cartel del Caribe Sur– demostró que el país puede golpear estructuras de alto nivel sin suspender garantías. El OIJ proyecta que este año cerrará con menos de 800 homicidios: la primera reducción significativa en cuatro años. Eso no es rendición. Es construcción institucional sostenible.
Seguridad sin democracia no es seguridad
Adoptar el modelo Bukele sería intercambiar la violencia del crimen organizado por la violencia del Estado sin control. Desde la criminología, eso no es una solución: es una transferencia de victimización. Las personas que mueren a manos del narco y las personas que mueren en celdas del Cecot comparten algo: son víctimas de sistemas que fallaron en protegerlas. La diferencia es que, en el segundo caso, el agresor tiene escudo y placa.
Costa Rica tiene 873 homicidios anuales más las víctimas colaterales con lesiones de por vida; eso es intolerable y exige respuesta urgente. Pero también tiene una institucionalidad democrática que tardó décadas en construirse. Una vez destruida, no se recupera en décadas. Esa institucionalidad no es el problema. Es el único activo real con que el país cuenta para salir de esta crisis sin convertirse en el problema que intenta resolver.
taniamolina@tmrcr.com
Tania Molina Rojas es criminóloga y escritora. Autora del libro ‘Futuro secuestrado, análisis multidimensional de la inseguridad en Costa Rica’.
