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¿Quién influye hoy en las decisiones públicas en Costa Rica? ¿Y bajo qué reglas?
La pregunta puede resultar incómoda, pero es necesaria. Porque el lobby o cabildeo existe; es una realidad con la que convivimos diariamente. Ha existido siempre y seguirá existiendo. De ahí que la verdadera discusión no es si debemos permitir que distintos sectores intenten influir en las políticas públicas; la discusión es si queremos que esas interacciones ocurran bajo reglas claras y transparentes o en espacios opacos, donde solo algunos conocen cómo funcionan las cosas.
En Costa Rica, solemos asociar la palabra lobby con tráfico de influencias, privilegios o negociaciones oscuras. Sin embargo, esa visión ignora una realidad más compleja. Cuando una asociación de pacientes solicita acceso a medicamentos innovadores, está haciendo incidencia. Cuando una cooperativa agrícola plantea ajustes regulatorios, está haciendo incidencia. Cuando universidades, sindicatos, organizaciones ambientales o cámaras empresariales presentan propuestas a los tomadores de decisiones, también están intentando influir legítimamente en la política pública. Eso, en esencia, es lobby.
Por eso es que debemos entender correctamente que el “problema” no es la incidencia, sino más bien la ausencia de reglas claras.
Durante los cuatro años que tuve el privilegio de representar a Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pude constatar que las democracias más sólidas no buscan eliminar estas interacciones. Por el contrario, las reconocen como parte natural del proceso democrático y procuran regularlas para garantizar transparencia, integridad y acceso equitativo.
La adhesión de Costa Rica a la OCDE en 2021 representó un hito en la consolidación de una agenda orientada a fortalecer nuestra gobernanza democrática.
Entre las recomendaciones formuladas al país figura precisamente la necesidad de avanzar hacia un marco normativo claro para las actividades de lobby o cabildeo. No porque la participación privada sea sospechosa por definición, sino porque la ausencia de reglas termina favoreciendo la opacidad.
Y ahí radica una verdad incómoda: cuando no existen mecanismos de transparencia, quienes tienen mejores contactos suelen tener más oportunidades de ser escuchados que quienes simplemente tienen mejores argumentos.
Regular el lobby no significa restringir el diálogo entre sectores ni criminalizar la defensa de intereses legítimos. Significa ordenar, visibilizar y equilibrar esas interacciones. Implica, por ejemplo, establecer registros públicos de lobistas, transparentar reuniones con actores de interés y adoptar estándares éticos tanto para quienes ejercen funciones públicas como para quienes realizan labores de incidencia.
Las experiencias internacionales demuestran que es posible encontrar un punto de equilibrio. Ni desregulación absoluta ni sospecha permanente. Países como Canadá, Irlanda, Chile y Francia han desarrollado marcos normativos que permiten a todos los sectores (empresariales, sociales, académicos y sindicales) participar activamente en la construcción de políticas públicas dentro de sistemas claros de rendición de cuentas.
Costa Rica tiene una oportunidad para abordar este debate con madurez institucional. Una regulación moderna del lobby no debería surgir del prejuicio ni de la idea de que toda interacción entre lo público y lo privado es indebida. Tampoco, de una ingenua confianza en que la transparencia ocurrirá espontáneamente. Debe construirse a partir del reconocimiento de que la incidencia es inherente a la democracia y que, precisamente por ello, requiere reglas que garanticen integridad y equidad.
La transparencia no consiste en eliminar la incidencia; consiste en sacarla de las sombras. Costa Rica está a tiempo de construir ese modelo que permita llevar luz a un cuarto que ahora permanece oscuro.
Las democracias fuertes no son aquellas donde nadie intenta influir. Son aquellas donde todos saben quién influye, sobre qué temas y bajo qué reglas.
La democracia no se debilita porque haya influencia; se debilita cuando esa influencia no se ve.
esoley@ecija.com
Elías Soley Gutiérrez es exembajador de Costa Rica ante la OCDE (2022-2026) y socio de ECIJA (director de Políticas Públicas y TMT).
