Costa Rica entra en la recta final hacia las elecciones de 2026 en medio de una gran incertidumbre. Muchos ciudadanos todavía no saben por quién votar, y no es casualidad: el escenario político está marcado por la impronta del presidente Rodrigo Chaves, un gobernante que deja números económicos en apariencia positivos, pero también instituciones más frágiles y un estilo de confrontación que ha polarizado al país. Este artículo busca abrir una ventana de comprensión, para que cada elector pueda sopesar con claridad los logros y las sombras de su administración.
En lo económico, repasemos los resultados. Bajo el mando de Chaves, Costa Rica alcanzó un superávit primario del 1,6% del PIB en 2023 –en la actualidad, este indicador va en descenso–; atrajo inversión extranjera directa y, en datos fríos, logró una reducción de la deuda pública –lo cual se vincula con el crecimiento del PIB, la estabilidad en el tipo de cambio y el freno de Hacienda al gasto social–. Estas podrían verse como señales de estabilidad macroeconómica que dan confianza a inversionistas y organismos internacionales.
Si bien hubo avances en infraestructura vial, la mayoría corresponde a obras iniciadas en administraciones anteriores, como es el caso de la ruta de Circunvalación. Otros proyectos de infraestructura largamente esperados, como el nuevo hospital de Cartago, siguen frenados.
Pero la política no se mide solo en balances contables. Detrás de los aparentes logros económicos, el gobierno de Chaves se ha caracterizado por choques permanentes con la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría y la prensa. El presidente no ha dudado en usar un lenguaje confrontativo que debilita los consensos y erosiona la tradición costarricense de diálogo democrático.
A esto se suma un historial de investigaciones judiciales que incluyen el presunto financiamiento irregular de su campaña y el uso indebido de recursos públicos, lo que llevó a la solicitud de levantar su inmunidad presidencial.
Otro punto crítico es el retroceso en política ambiental y social. Costa Rica, reconocida internacionalmente por su liderazgo verde, envió señales contradictorias al coquetear con la exploración de hidrocarburos.
En lo social, hubo un recorte sustancial en los montos asignados a programas heredados, como es el caso de las becas Avancemos. Para muchas familias, el costo de vida sigue siendo alto. Todo esto, sin hablar del problema de la inseguridad, cuyo aumento alimenta el temor y el descontento ciudadano.
Un reflejo del debilitamiento de la política social durante este gobierno se observa en dos fenómenos alarmantes. El primero es el incremento de los llamados ninis. Según el INEC, en el primer trimestre de 2023, el 24% de los jóvenes de entre 15 y 24 años no estudiaba ni trabajaba, el pico más alto en tiempos normales, fuera del contexto de la pandemia. Esta cifra revela un vacío en la generación de oportunidades educativas y laborales que amenaza con dejar a toda una generación sin futuro ni expectativas, lo cual incrementa la exclusión y la vulnerabilidad social.
El segundo fenómeno es el aumento de los femicidios. En los primeros 34 meses de esta administración, se registraron 94 mujeres asesinadas por violencia machista, una cifra que ya supera el total reportado durante el gobierno anterior. Tan solo en el primer trimestre de 2025 se contabilizaron 13 casos, lo que refleja que la violencia feminicida persiste como una tragedia estructural.
A esto se suman miles de denuncias anuales por violencia doméstica y más de 197 por tentativa de femicidio en 2024. La ausencia de políticas efectivas en prevención, educación y protección de las mujeres pone en evidencia que la política social ha quedado relegada, y se ha debilitado la capacidad del Estado de responder a una crisis humanitaria silenciosa.
Estos datos muestran que, mientras la macroeconomía se presenta aparentemente fortalecida, los cimientos sociales del país se encuentran fracturados. No basta con superávit fiscal si el costo es el abandono de la juventud y la desprotección de las mujeres.
Un dato muy revelador del estilo de gobernar de Rodrigo Chaves es la rotación de jerarcas. En tres años, se registraron 83 movimientos en ministerios, presidencias ejecutivas y juntas directivas. Esto equivale a reemplazar prácticamente a todo el gabinete y la cúpula institucional más de una vez.
Si el gobierno fuera una empresa de primer nivel, este grado de rotación sería interpretado como un signo grave de inestabilidad. Mientras Apple, por ejemplo, ha mantenido sus políticas corporativas durante más de una década para garantizar continuidad, en Costa Rica la improvisación ha sido la norma.
Este fenómeno revela un problema de fondo: la ausencia de una estrategia de sucesión. Cada salida fue abrupta, producto de renuncias o destituciones, sin que existiera un plan para asegurar la continuidad de proyectos. Lo que no se institucionaliza, muere con la persona. Y cuando hablamos de un país, esa ausencia de planificación compromete el futuro de todos.
De cara a las elecciones de 2026, este balance debería servir como punto de reflexión. ¿Queremos un modelo político que se mide solamente por resultados económicos inmediatos, aunque eso implique debilitar los consensos y las instituciones que han sostenido a Costa Rica durante décadas? ¿O buscamos un liderazgo que combine estabilidad fiscal con diálogo democrático, políticas sociales sólidas y visión ambiental?
Los electores tienen en sus manos una decisión crucial. No se trata únicamente de evaluar a los nuevos candidatos, sino de comprender el legado que deja Rodrigo Chaves. Costa Rica debe decidir si el rumbo hacia adelante será la continuidad de un estilo personalista, o el regreso a un modelo más equilibrado que piense en el país a largo plazo.
En tiempos de incertidumbre, votar sin información es un riesgo. Este artículo pretende abrir una ventana: mostrar con claridad lo que ha funcionado y lo que no, para que cada ciudadano elija con plena conciencia.
El futuro de Costa Rica no se define solo en las urnas: se define en la capacidad de proteger sus instituciones. La pregunta que cada elector debe hacerse es simple pero decisiva: ¿queremos un país que dependa de un líder, o un país que dependa de su democracia?
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Ricardo Castro Calvo es abogado.