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Cuando dos naciones con décadas de relación comercial sólida entran en una dinámica de medidas recíprocas, el efecto no es solo técnico: golpea economías, comunidades y la confianza mutua. El nuevo arancel del 15 % impuesto por la administración Trump a las exportaciones costarricenses hacia Estados Unidos es, sin duda, un punto de inflexión.
Durante años, Estados Unidos ha sido nuestro principal socio comercial. Casi la mitad de nuestras exportaciones tiene como destino ese mercado. A la cabeza están dispositivos médicos, piña, banano, café y otros productos agrícolas y de manufactura avanzada.
El Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR permitió eliminar aranceles y dar previsibilidad a los productores, estimulando inversiones y generando miles de empleos directos e indirectos.
Este vínculo no es solo económico: significa oportunidades para jóvenes en zonas rurales, estabilidad para familias agricultoras y un flujo constante de divisas que sostiene el tipo de cambio y la balanza de pagos.
El arancel recíproco del 15% representa un aumento considerable en el costo de nuestros productos para el comprador estadounidense. Aunque, en teoría, el arancel es pagado por el importador en Estados Unidos, en la práctica suele trasladarse –total o parcialmente– al precio final, lo que afecta la competitividad frente a otros países de América Latina o Asia.
Las siguientes son consecuencias económicas directas:
- Pérdida de competitividad: Productos como piña y banano podrían encarecerse frente a competidores como Ecuador o Colombia.
- Riesgo de reducción de pedidos: Importadores estadounidenses buscarán alternativas más económicas.
- Afectación en encadenamientos productivos: Sectores que dependen de la exportación, desde transporte hasta empaques, verán una caída en la demanda.
- Impacto en empleo rural y manufactura: Las zonas bananeras, piñeras y los parques industriales médicos son especialmente vulnerables.
El impacto humano
Un arancel de este calibre no se mide solo en dólares. En comunidades como Limón, San Carlos o Puntarenas, una reducción en exportaciones puede significar jornadas reducidas, pérdida de empleos y menor ingreso para familias que dependen de la agricultura o la industria médica.
Además, la presión por reducir costos puede llevar a recortar inversiones en sostenibilidad o en condiciones laborales, lo que agrava las tensiones sociales.
Por todo lo anterior, Costa Rica debe reaccionar con inteligencia y rapidez:
- Negociar activamente para reducir o eliminar el arancel, utilizando los mecanismos del CAFTA-DR.
- Diversificar mercados en Europa, Asia y Oriente Medio para reducir la dependencia de un solo socio.
- Invertir en valor agregado, lo cual implica que nuestro café, frutas y dispositivos médicos no compitan solo en precio, sino en calidad, sostenibilidad y trazabilidad.
- Fortalecer la resiliencia interna. Esto es apoyar a los productores y empresas más vulnerables para que mantengan sus operaciones y empleos.
Reflexión final
Este 15% no es solo un impuesto: es un recordatorio de que las relaciones comerciales internacionales pueden cambiar de un día para otro, y que la seguridad económica de un país pequeño como el nuestro no puede descansar en la voluntad política de un único socio.
Es momento de actuar con visión, proteger nuestro tejido productivo y demostrar que Costa Rica puede ser más que un proveedor confiable: puede ser un socio estratégico, innovador y resiliente.
Dionisio Rojas González es director de Cefolog de Costa Rica.
