
Antes de concluir los primeros 100 días del gobierno de la presidenta Fernández Delgado –periodo en el que siempre se espera el acomodo del gobierno–, escribí un artículo sobre las “preocupaciones y esperanzas” relacionadas con la “continuidad chavista” en la presente administración. Lo hice teniendo presente lo vivido durante el gobierno del expresidente Rodrigo Chaves Robles y acentuando la esperanza a la que aspirábamos con el cambio de gobierno.
El tiempo transcurre y las señales del gobierno de Fernández van más por las preocupaciones que por la esperanza. Datos y hechos indican que el libreto del continuismo chavista sigue marcando la ruta del populismo, la polarización, los agravios, las confrontaciones, la prepotencia, las contradicciones, las descalificaciones y los ataques al Poder Judicial, el Ministerio Público y las instituciones y órganos encargados de ejercer los pesos y contrapesos democráticos.
¡Ah! Y la cacareada economía jaguar, que, según Chaves, estaba volando y era modelo para otros países, fue objetada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que abrió los ojos y los oídos de los costarricenses ante la grave crisis fiscal de Costa Rica. Las nuevas medidas fiscales del gobierno lo evidencian.
La “continuidad” también se refleja en las visibles y reiteradas intenciones de la actual derecha populista por controlar los tres poderes de la República y eliminar los controles y fiscalizaciones. ¿La razón? Los consideran estorbos para sus fines autoritarios y dictatoriales de lograr el poder absoluto, a imagen y semejanza de lo que ocurre en otros países con dictaduras de derecha o de izquierda. ¿Llegará Costa Rica a ser la tercera dictadura de Centroamérica?
Hay que reconocer que los gobiernos chavistas son expertos y persistentes en montar distractores de la atención popular para que los ciudadanos no se ocupen ni piensen en los graves problemas que afectan su vida personal, familiar y colectiva. Cuatro ejemplos:
La CCSS
Es público el monto billonario de la deuda del Estado con la Caja y las reiteradas excusas del anterior gobierno chavista para no pagar ni siquiera lo que le correspondía. Los efectos los están viviendo las personas enfermas en las interminables y angustiantes listas de espera y las familias que pierden a seres queridos por falta de atención médica. Las estadísticas de fallecidos siguen en aumento. ¿Hay sensibilidad y solidaridad humana en los actuales gobernantes? ¿La salud y el bienestar de quienes no pueden pagar la medicina privada no importan ni son prioridad para los gobiernos chavistas?
La inseguridad ciudadana
Es uno de los problemas nacionales más señalados y sufridos por los ciudadanos. Hay mucho miedo justificado. Si bien el número de asesinatos ha disminuido, sigue superando los 800 por año. Valga recordar que las competencias de prevención y el ejercicio de la justicia están claramente delimitadas en nuestra Constitución Política. Sin embargo, la falta de puentes de armoniosa coordinación, lamentablemente dinamitados por Rodrigo Chaves, ha sido sustituida por ataques, descalificaciones, agravios y confrontaciones, que han afectado la atención integral de este grave problema de seguridad ciudadana.
La grave crisis de la economía del país
El FMI vino a ponerles coto a las infladas mentiras del chavismo sobre la boyante economía jaguar, casi exportable al mundo. Las recientes medidas para mejorar el deterioro fiscal del país, lanzadas por el ministro de Hacienda, son la muestra más evidente del fracaso en el manejo de la economía por parte de su propia administración. A la vista de los costarricenses se asoma un mayor costo de la vida.
La educación pública
Es otro pilar fundamental –junto con la salud– de nuestra centenaria democracia, cuyo financiamiento ha caído a porcentajes muy alejados del 8% del PIB establecido en la Constitución. Los problemas han sido señalados por los estudios del Estado de la Educación y, sin los recursos necesarios, será difícil superarlos, sobre todo si no se construye un acuerdo nacional de educación que la ponga en los niveles de los países desarrollados.
En lo esencial, las esperanzas van quedando olvidadas en la administración Fernández: el diálogo productivo, los puentes de entendimiento, la independencia de los poderes de la República, el urgente equilibrio entre el desarrollo social y el desarrollo económico, la libertad de prensa y expresión y el restablecimiento de nuestro Estado social de derecho, sinónimo de solidaridad, concordia, justicia social y bien común.
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Marvin Herrera Araya es exministro de Educación Pública y exdiputado.