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Un reciente informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha encendido las alarmas: los delitos de fraude informático han experimentado un incremento superior al 400%, en los últimos cuatro años. Esta cifra no solo representa una estadística, sino una realidad que se traduce en angustia, dolor e impotencia para miles de víctimas que, en la mayoría de los casos, ven desaparecer sus ahorros sin posibilidad de recuperarlos.
Estamos frente a un flagelo que, por su impacto silencioso y devastador, podría considerarse peor que la pandemia de covid-19. Mientras el virus afectó nuestra salud física, el fraude informático ataca nuestra estabilidad financiera y emocional, minando la confianza en el sistema y dejando cicatrices profundas en el tejido social.
La comparación con la pandemia no es exagerada. Así como la covid-19 nos obligó a reinventar nuestras rutinas y prioridades, el auge del fraude informático exige una respuesta país integral y contundente. No podemos permitir que la inercia o la subestimación de este problema nos conduzcan a una crisis aún mayor. Es imperativo que cada actor social asuma su responsabilidad y actúe de manera coordinada.
Para combatir este flagelo, Costa Rica necesita implementar una estrategia multifacética que involucre a todos los sectores:
La ciudadanía, primera línea de defensa
La prevención comienza en casa. Como ciudadanos, debemos convertirnos en guardianes de nuestra propia seguridad digital; no puede pasar por nuestro pensamiento la idea “eso no me va a pasar a mí”.
- Educación y concientización constantes. Es fundamental aprender a identificar las modalidades de fraude más comunes (phishing, smishing, vishing), verificar la autenticidad de correos y mensajes, y desconfiar de ofertas o solicitudes demasiado buenas para que sean verdad. Las campañas de concientización masivas deben ser permanentes e irse adaptando a las nuevas tácticas de los delincuentes.
- Fortalecimiento de contraseñas y autentificación de dos factores. Utilizar contraseñas robustas y únicas para cada servicio, así como activar la autentificación de dos factores en todas las plataformas posibles, son barreras esenciales contra los accesos no autorizados.
- Monitoreo activo de cuentas. Revisar regularmente los estados de cuenta bancarios y de tarjetas de crédito permite detectar a tiempo transacciones sospechosas. Esto es importante porque no siempre llega en tiempo real el aviso de las transacciones bancarias realizadas, ni se revisa oportunamente el correo o mensaje de texto de la entidad bancaria.
Organismos de seguridad, un escudo robusto
El OIJ, el Ministerio de Seguridad Pública y los Tribunales de Justicia son pilares fundamentales en esta lucha. Sus acciones deben enfocarse en:
- Fortalecimiento de capacidades investigativas. Invertir en tecnología de punta, capacitación especializada para sus agentes en ciberseguridad y ciberdelincuencia, y crear unidades especializadas de alto nivel, son acciones cruciales para rastrear y desmantelar estas redes criminales.
- Cooperación internacional. El fraude informático no conoce fronteras. Es imperativo estrechar lazos con organismos de seguridad de otros países para compartir información, estrategias y coordinar operaciones transnacionales.
- Agilización de procesos judiciales. La burocracia y la lentitud en los procesos judiciales a menudo desmotivan a las víctimas y permiten que los delincuentes sigan operando impunemente. Se requiere una reforma que garantice una respuesta judicial más rápida y efectiva.
Poderes de la República: marco legal y voluntad política
El papel del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo es decisivo para crear un entorno seguro:
- Actualización de la legislación. Las leyes actuales pueden ser insuficientes para abordar la complejidad y la evolución constante de los delitos informáticos. Es necesario legislar de manera expedita para tipificar nuevas modalidades de fraude, aumentar las penas y facilitar la persecución de estos delitos.
- Inversión en ciberseguridad nacional. El Estado debe priorizar la inversión en infraestructura de ciberseguridad robusta para proteger sus propios sistemas y, por ende, la información de los ciudadanos. Esto incluye la creación de un Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad Cibernética (CSIRT) con recursos adecuados y capacidad de respuesta 24/7.
- Regulación financiera y tecnológica. Es crucial que las entidades financieras y las empresas tecnológicas refuercen sus protocolos de seguridad, implementen medidas de autentificación más seguras y asuman mayor responsabilidad en la protección de los datos y el dinero de sus usuarios.
El incremento desproporcionado del fraude informático es una llamada de atención que no podemos ignorar. No es solo un problema de individuos, sino una amenaza a la estabilidad económica y social del país. Es hora de actuar con la misma determinación y urgencia con la que enfrentamos la pandemia de covid-19.
Solo con un compromiso colectivo y acciones contundentes, podremos construir un escudo efectivo contra este flagelo digital y devolver la tranquilidad a los ciudadanos
gcalderont2018@gmail.com
Guillermo Calderón Torres es contador público autorizado.
