Roberto López Core. 10 mayo

El reportaje “Hospital Psiquiátrico pone candado a su centenario asilo” (La Nación, 8/4/2018) destaca la reforma del modelo asistencial de los trastornos mentales severos y persistentes, en operación durante los últimos años en el Hospital Nacional Psiquiátrico.

El 23 de abril se llevó a cabo el acto histórico de la clausura del “asilo”, es un hecho relevante que pone fin a un paradigma de reclusión y exclusión, encierro de seres humanos sin esperanza, agujero negro donde se depositaba a seres humanos de por vida.

La clausura, acompañada de la alternativa de inclusión social de esas personas, es congruente con el reconocimiento de sus derechos humanos y civiles, es decir, a vivir en el medio familiar o comunitario y ser incluidos en la sociedad, después de pasar por un proceso de rehabilitación psicosocial y haber vencido la resistencia de algunos profesionales, aferrados a un modelo de atención ya superado, como es el asilo.

La Política Nacional de Salud Mental 2012-2021 destaca la superación del modelo asilar y propone desplazar el eje de la atención de la salud mental del Hospital hacia la atención en la comunidad.

Este cambio no brinda la solución a otros usuarios objeto de salud mental, como las personas con trastornos mentales y conflictos con la ley, separados del hospital en julio del 2010 para cumplir una orden de la Sala Constitucional. Durante décadas, la convivencia de estas personas con trastornos mentales y quienes presentaban, además, conflictos con la ley, en las instalaciones del Hospital, resultó inconveniente, peligrosa y amenazante para personas disminuidas mentalmente.

Ni asilo ni cárcel. Ante esta situación, surgió como opción, en el 2010, el Centro de Atención para Personas con Enfermedad Mental y Conflictos con la Ley, cuyo acrónimo en este momento es Capemcol, para hacer la separación de las poblaciones. Con el pasar de los años, a raíz de otros acontecimientos en el hospital, fuimos procesando ideas sobre la temática y concluimos que el hospital psiquiátrico, acorde con los tiempos actuales, no debe ser “ni asilo ni cárcel” (R. López, La Nación, 20 de abril del 2009).

El “lema” toma especial relevancia en estos momentos. Al desocuparse varios “pabellones” en el hospital y no contar Capemcol con las condiciones físicas deseables para funcionar como centro de contención, de salud mental y reclusión penitenciaria de personas referidas por los jueces, se ha proyectado la remodelación del área clausurada del asilo para albergar, de forma separada, pero contigua, el Centro en La Uruca, en una antigua nave industrial alquilada por la CCSS, por un monto entre ¢17 millones o ¢18 millones mensuales, mucho dinero porque será por diez años.

Incluir un sistema carcelario en un hospital se constituye en una amenaza y en un retroceso si se toman en cuenta las reformas emprendidas

Las autoridades competentes del Hospital han manifestado, enfáticamente, contar con la aprobación de las autoridades salientes de la CCSS y que este Centro se instale próximamente en el hospital psiquiátrico, con las remodelaciones y los ajustes necesarios para unas “instalaciones físicas carcelarias”.

A un sector importante de funcionarios, conocedores del tema, les alarma. Incluir un sistema carcelario en un hospital se constituye en una amenaza y en un retroceso si se toman en cuenta las reformas emprendidas, acordes con los lineamientos de la Política Nacional Salud Mental 2012-2021.

Diferencias de criterio. En el 2009, los jerarcas de la CCSS asumieron sin restricción ese compromiso y contaron con el aporte de oficiales de la Policía Penitenciaria, acorde con el voto de la Sala Constitucional (2009).

Ante las diferencias de criterio, surge la gran pregunta: si deben estar separadas las poblaciones, ¿dónde debe ubicarse el Centro? Si tomamos en cuenta cómo está evolucionando el hospital, no se escaparía de la crítica si tuviera, dentro de sus instalaciones, una “cárcel”.

Pero sí se valoraría muy positivamente si una cárcel tuviera un módulo para atender las necesidades de salud mental de los internos y de las personas que llegan del medio social, enviados por jueces, como indiciados o como medidas cautelares.

Una tercera opción sería, fuera de ambas instituciones, como existe, pero con las condiciones físicas adecuadas, acorde con los tiempos, como apunta el expediente 20.235, en curso en la Asamblea Legislativa, Proyecto de Atención a las Personas con Enfermedad Mental en Conflictos con Ley, que se encuentra en proceso de revisión en el departamento de servicios parlamentarios. Consársele seguimiento.

El autor es jefe del Servicio de Psicología Clínica del Hospital Nacional Psiquiátrico.