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Durante la pandemia de covid-19, comenzaron a multiplicarse las noticias sobre objetos voladores no identificados (ovnis) o, en inglés, Unidentified Flying Objects (UFO), hoy llamados UAP (Unidentified Anomalous Phenomena).
Aquella oleada coincidía con un renovado interés en el Congreso de Estados Unidos, pero no faltaron las voces de conspiración que reducían el tema a una nueva distracción mediática tras la pandemia.
Hoy, el resurgimiento de estas noticias luego de recientes declaraciones y una orden ejecutiva del presidente Trump aparece, inevitablemente, bajo la sombra actual del escándalo de Jeffrey Epstein.
Sin embargo, reducir una discusión tan relevante a una simple teoría de distracción resulta, cuando menos, intelectualmente cómodo.
Lo entiendo. Este es un tema del que la población prefiere no conversar, sea por estigma, por desconocimiento, por considerarlo poco relevante, por religión o incluso por preocupación. Pero, más allá de coyunturas políticas o ciclos informativos, el fenómeno constituye una conversación de varias décadas que ha atravesado generaciones, contextos históricos y transformaciones tecnológicas.
Esta renovada legitimidad institucional puede ubicarse en el año 2017, cuando un artículo de The New York Times confirmó algo que durante años había sido objeto de sospecha: el Pentágono y el Gobierno de Estados Unidos mantenían investigaciones activas sobre fenómenos UFO, pese a décadas de negaciones oficiales.
A partir de ese momento, el Congreso estadounidense comenzó a involucrarse de manera más visible, impulsando audiencias, informes y reformas legislativas orientadas a una mayor transparencia. En sucesivas versiones de las leyes de defensa nacional, se introdujeron cambios significativos como la creación de unidades especializadas para el estudio, mecanismos de protección para testigos y denunciantes, y la creación de la All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO), una estructura formal dentro del Departamento de Defensa dedicada a la investigación de anomalías.
El punto culminante llegó en 2023, con la propuesta bipartidaria del UAP Disclosure Act, impulsado conjuntamente por Chuck Schumer y Mike Rounds. Si no se ha logrado su aprobación, el proyecto destaca no solo por su ambición regulatoria en materia de transparencia, sino por el lenguaje empleado: la expresión “inteligencia no humana” aparece repetidamente a lo largo del texto, junto con referencias explícitas a un proceso de revelación controlada de información y reserva de dominio federal sobre tecnologías recuperadas. Independientemente de la interpretación que cada lector quiera adoptar, resulta difícil sostener que este tipo de iniciativas legislativas pertenezcan al terreno de la frivolidad.
Lejos de tratarse de una discusión marginal o extravagante, legisladores, analistas y académicos coinciden desde perspectivas distintas en que este tema merece un tratamiento serio, lejos del sensacionalismo y del escepticismo automático.
Además, conviene recordar que el fenómeno no es exclusivo de Estados Unidos. Se registran casos notorios en otros países; por ejemplo, la Escuela Ariel, en Ruwa, Zimbabwe, en 1994; la Escuela de Westall, Australia, en 1966; el caso del general iraní Parviz Jafari en 1976; el caso de Japan Airlines, vuelo Jal 1628, en 1986; el caso Rendlesham Forest, Reino Unido, en 1980; los casos brasileños de Colares 1977 y Varginha 1996; la fotografía del lago Cote, en Costa Rica, en 1971, o los recientes encuentros reportados por pilotos comerciales y militares en múltiples países.
La desclasificación de videos captados por aeronaves militares estadounidenses ha añadido una nueva capa de complejidad al tema. Las imágenes muestran objetos cuyas características de movimiento parecen desafiar nuestro entendimiento actual de las leyes físicas. No se trata de conclusiones definitivas, sino de interrogantes persistentes.
Paralelamente, diversas figuras políticas y de inteligencia como Barack Obama, Bill Clinton, James Clapper, Marco Rubio, John Ratcliff y otros han hecho declaraciones que reconocen la legitimidad del fenómeno como objeto de estudio y muestran un detalle que no es menor: el cambio no es únicamente informativo, sino institucional.
Quizá la reflexión más honesta provenga de una observación formulada hace algunos años por parte del hoy secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio: “Existen dos posibilidades igualmente desconcertantes. O múltiples personas en posiciones estratégicas del Gobierno de Estados Unidos están profundamente locas, o lo que afirman haber observado es cierto y, por ende, existe una realidad que aún no comprendemos plenamente”.
La conclusión es inevitable: el tema plantea preguntas genuinas y de relevancia científica.
El verdadero desafío, entonces, no es decidir apresuradamente qué creer, sino cómo pensar el fenómeno. Entre la credulidad acrítica y la negación automática, existe un espacio más incómodo pero más fértil: el análisis serio y transparente. Y precisamente ese análisis serio, científico, desapasionado y metodológico es el que sigue pendiente en un escenario público para toda la humanidad. Porque más allá del ruido mediático, de las sospechas políticas o de la fascinación cultural, algo resulta evidente: la conversación ya no pertenece exclusivamente al terreno de la especulación popular, sino al del debate público. Y en un debate público, lo que corresponde no es la burla ni el dogma, sino la pregunta y la investigación transparente.
Esteban Carranza Kopper es abogado.
