EscucharEl Consejo de Europa, muchas veces criticado por ser excesivamente cauteloso, está dando muestras de poder. Desde hace meses, el Consejo ha venido trabajando con Ucrania para crear un tribunal conjunto que lleve al régimen del presidente ruso, Vladímir Putin, ante la justicia por crímenes de agresión en Ucrania.
Cuando estalla una crisis, el Consejo de Europa puede actuar con lentitud. Pero el Consejo respondió con celeridad ante el acto de agresión de Rusia contra Ucrania, en primer lugar suspendiendo los derechos de representación de Rusia el 25 de febrero del 2022 y, posteriormente, después de 26 años de pertenencia de Rusia a la entidad, expulsándola el 16 de marzo del 2022, según el artículo 8 de su estatuto.
Hoy, el procesamiento internacional de los líderes rusos —que el Consejo impulsa— no puede hacerse esperar, frente a los ataques intensificados del Kremlin contra la población civil de Ucrania.
El 8 de julio marcó uno de los peores días de violencia contra civiles ucranianos en meses. Una andanada de ataques de misiles destruyó el principal hospital de niños de Kiev, vapuleó a ciudades en todo el país y mató al menos a 42 personas e hirió a más de 190. La cantidad de niños asesinados en lo que va del año en ataques indiscriminados ha aumentado el 40% en comparación con el 2023, y más de 600 niños han muerto desde que estalló la guerra.
Tribunal especial
Ya están en marcha esfuerzos para que el Kremlin rinda cuentas por sus acciones. El año pasado, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto para Putin y Maria Lvova-Belova, comisionada de Rusia para los derechos de los niños, por la deportación ilegal de niños ucranianos a Rusia.
El mes pasado, los jueces de la CPI emitieron órdenes de arresto para el exministro de Defensa Sergéi Shoigu y el jefe de Estado Mayor ruso de las Fuerzas Armadas, Valery Gerasimov, por ataques a la infraestructura de electricidad de Ucrania.
Sin embargo, la primera violación y la más flagrante del derecho internacional por parte de Putin fue la planificación y la ejecución de la invasión, ocupación y anexión de Ucrania. Pero a pesar de tener jurisdicción sobre los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad (que incluyen la destrucción de escuelas, hospitales e infraestructura, y los ataques deliberados contra civiles) y el genocidio perpetrados en territorio ucraniano, la CPI no puede procesar a los líderes políticos y militares de Rusia por el crimen de agresión.
Eso se debe a que Rusia no es parte del Estatuto de Roma, que estableció la corte, y a que el poder de veto del país impide que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remita la cuestión a la CPI.
En consecuencia, hace falta un tribunal internacional especial para procesar a Putin y a sus esbirros por este crimen fundacional. Por supuesto, se pueden trazar paralelismos con otros conflictos en el mundo, particularmente en Gaza. Pero el acto de agresión deliberado y manifiestamente ilegal de Putin fue el detonante de la guerra actual en Ucrania, y la planificación que hizo su gobierno —que se remonta a la invasión de Crimea en el 2014— lo convierte en un caso inequívoco para una acusación.
Reglas para la inmunidad
Sin embargo, hay opiniones encontradas en cuanto a si se puede hacer responsable personalmente a Putin, dado el debate sobre la inmunidad de los jefes de Estado. No es de extrañar que Ucrania, en su calidad de víctima de la agresión de Putin, y los vecinos de Rusia, entre ellos Polonia y los estados bálticos, consideren que se debería privar a Putin de inmunidad.
Estados Unidos, el Reino Unido y Francia hasta el momento se han mostrado a favor de mantener la inmunidad para los jefes de Estado, inclusive frente a un tribunal absolutamente independiente e internacional. Probablemente teman sentar un precedente que pueda exponer a otros líderes —quizá los suyos propios— a la obligación de rendir cuentas.
Lo que necesitamos es una prueba de sentido común: ningún miembro decente de la sociedad que yo conozca cree que se le debería otorgar inmunidad a Putin. En lugar de que siga siendo una cuestión de diplomáticos y abogados, una decisión tan importante debe reflejar la opinión pública informada, que desaprueba fuertemente eximir a Putin de un procesamiento.
Una solución posible sería crear el tribunal sin exigir un acuerdo inicial sobre inmunidades personales, o con una cláusula flexible que esté abierta a interpretación. Las partes que establezcan el tribunal, como ha sugerido el distinguido experto legal internacional Philippe Sands, podrían decidir que la cuestión de la inmunidad se rija por las reglas aplicables del derecho internacional. Esto, en efecto, permitiría que los jueces del tribunal decidieran sobre la cuestión.
Debemos encontrar una resolución con urgencia para estas cuestiones de cara a la elección presidencial de Estados Unidos el próximo noviembre, ya que una segunda presidencia de Donald Trump podría cambiar la trayectoria de la guerra y abrir las puertas a un período de incertidumbre.
Para poner fin al impasse y establecer el tribunal especial sobre los crímenes de agresión en Ucrania, el nuevo gobierno laborista del Reino Unido debería invitar al grupo central de partes interesadas —el Consejo de Europa, Ucrania y los países afines— a reunirse en Londres en setiembre. Esto permitiría al Reino Unido manifestar su rechazo por la guerra brutal de Putin, así como su voluntad de liderar el camino del restablecimiento del Estado de derecho internacional.
El Consejo de Europa fue fundado después de la Segunda Guerra Mundial, cuando extensiones gigantescas de Europa estaban en ruinas, con el objetivo de defender el Estado de derecho y los derechos humanos. Procesar a Putin y a su régimen por el crimen de agresión contra Ucrania encaja perfectamente en esa misión. También enviaría un mensaje de que un sistema basado en reglas, y no en el poder, sigue siendo la mejor manera de crear un mundo más estable y pacífico.
Gordon Brown, ex primer ministro del Reino Unido, es enviado especial de las Naciones Unidas para Educación Global y presidente de Education Cannot Wait.
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