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A raíz de la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos federales, una parte significativa del debate latinoamericano reaccionó con una explicación inmediata y complaciente: todo se habría tratado, una vez más, del petróleo venezolano.
La narrativa es conocida, intuitiva y políticamente eficaz. Sin embargo, cuando se le contrasta con la evidencia histórica y económica de las últimas décadas, resulta débil. Dice más sobre los esquemas con los que América Latina sigue interpretando el mundo que sobre la lógica real del poder en el siglo XXI.
Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha demostrado ser un actor notablemente ineficiente a la hora de convertir intervenciones militares en beneficios materiales sostenibles.
El periodo inmediatamente posterior a 1945 es el contraejemplo más incómodo para la tesis de la usurpación automática. Con Europa derrotada y Japón ocupado, Washington tenía condiciones ideales para imponer un modelo clásico de saqueo: apropiarse de recursos, imponer reparaciones perpetuas o subordinar industrias enteras al beneficio directo del vencedor.
No ocurrió así. En lugar de extraer, reconstruyó; en lugar de mantener a los derrotados en dependencia, aceptó que Alemania y Japón se transformaran en potencias industriales capaces incluso de competir con su antiguo vencedor. El retorno fue real, pero indirecto: estabilidad geopolítica, aliados confiables, mercados ampliados y un orden internacional funcional durante décadas. No hubo petróleo saqueado ni industrias trasladadas al Tesoro.
Las intervenciones posteriores refuerzan este patrón. Vietnam, Irak o Afganistán fueron guerras no solo muy duras, sino costosas, prolongadas y, desde el punto de vista económico, ineficientes. No produjeron control duradero de recursos ni enriquecimiento estatal.
Si la extracción directa fuera el verdadero motor de la política exterior estadounidense, estos episodios habrían sido éxitos económicos. Fueron exactamente lo contrario.
Resulta revelador contrastar estos fracasos con un caso distinto pero complementario: Corea del Sur, un país devastado por la guerra y sin recursos naturales determinantes, que bajo un paraguas de seguridad no fue explotado, sino que desarrolló capacidades industriales, tecnológicas y exportadoras propias hasta convertirse en una potencia económica. Una vez más, el beneficio para Estados Unidos no fue el saqueo, sino la consolidación de un aliado estratégico y un socio comercial de alto valor.
Este marco ayuda a entender por qué la explicación petrolera del caso venezolano resulta insuficiente. Incluso si, tras un cambio político, empresas extranjeras participaran en la modernización de la infraestructura petrolera de Venezuela, el análisis económico no se parece al “saqueo” clásico.
La industria hoy está colapsada: producción deprimida, infraestructura obsoleta, pérdida de capacidades técnicas y fuga de talento. En ese contexto, la inversión externa no implicaría extracción de riqueza existente, sino creación de valor donde hoy no lo hay. El incentivo empresarial estaría alineado con la recuperación productiva, y el principal beneficiario sería el propio país.
Este punto clave refuerza la idea central: en el mundo contemporáneo, incluso en sectores tradicionales como la energía, el poder económico opera menos mediante enriquecimiento coercitivo y más mediante decisiones institucionales que permiten –o impiden– generar valor.
Donde el poder se ejerce con mayor eficacia hoy en día no es con tanques ni misiles, sino con infraestructura crítica, estándares y dependencia tecnológica.
Costa Rica ofrece un ejemplo cercano. La presión estadounidense para excluir a Huawei de esquemas 5G suele interpretarse por algunos sectores, como una imposición arbitraria o como una disputa comercial disfrazada. Sin embargo, en un país que alberga cadenas productivas sofisticadas –zonas francas, manufactura avanzada, dispositivos médicos y propiedad intelectual– el 5G no es solo “Internet más rápido”: es la infraestructura crítica por donde circula propiedad intelectual, datos industriales y procesos sensibles.
El costo real para Costa Rica no fue excluir a un proveedor específico, sino el atraso acumulado por decisiones internas, incentivos mal alineados y un marco institucional que penaliza la competencia.
El debate sobre el proveedor terminó desplazando la discusión esencial: el costo económico del atraso y la incapacidad institucional para ejecutar decisiones a tiempo. En este contexto, el papel del ICE es ineludible, porque cuando una estructura tiene poder de bloqueo, el país entero paga el precio de cada año perdido.
Este no es un dilema exclusivo de Costa Rica. Japón restringió exportaciones tecnológicas sensibles hacia China tras un cálculo explícito de riesgos y beneficios a largo plazo. Australia decidió excluir a Huawei de sus redes 5G, asumiendo costos comerciales relevantes.
En ninguno de estos casos hubo petróleo, invasión o saqueo: hubo evaluación de incentivos, margen de maniobra futura y costos aceptados conscientemente.
Esto no implica desconocer que, en el siglo XX, empresas privadas como la United Fruit Company ejercieron un poder económico desproporcionado en países con instituciones débiles, muchas veces con respaldo estatal. Implica reconocer que ese modelo responde a otra época y no basta para explicar cómo se ejerce hoy el poder en economías más complejas y tecnológicamente integradas.
Ese es, en el fondo, el hilo que conecta la captura de Maduro, el tema con el petróleo y nuestras propias decisiones internas. Mientras buena parte de América Latina sigue interpretando el poder como un drama de saqueo externo, el mundo real avanza por otra vía: la de la tecnología, la productividad y el tiempo perdido.
En Costa Rica, ese costo es tangible. Con decisiones oportunas, hoy podríamos tener escuelas y colegios públicos conectados a redes 5G, donde jóvenes de zonas rurales aprendan y practiquen inglés diariamente mediante plataformas de inteligencia artificial, ampliando oportunidades reales de empleo y movilidad social.
Podríamos tener también un sistema robusto de telemedicina en la Caja Costarricense de Seguro Social, con citas virtuales, mayor prevención, seguimiento remoto a los pacientes crónicos y una reducción efectiva de listas de espera; se mejoraría la eficiencia sin sacrificar calidad.
Nada de esto requiere invasiones, conspiraciones ni discursos épicos; requiere decisiones, competencia y ejecución.
La ironía es evidente: mientras denunciamos un saqueo que rara vez ocurre como lo imaginamos, toleramos pérdidas que sí son reales, diarias y acumulativas.
Entender los incentivos reales del poder, exige abandonar esquemas del pasado y asumir responsabilidades del presente. La soberanía del siglo XXI no se pierde por saqueo externo, sino por ceguera interna: cuando no valoramos los costos de oportunidad, delegamos nuestro futuro sin que nadie tenga que invadirnos.
rdelacruzdds@gmail.com
Ronald de la Cruz Rojas es odontólogo.
