Escuchar
Costa Rica afronta una tendencia alarmante: cada vez más trabajadores cerca de su jubilación son despedidos bajo argumentos económicos. Según proyecciones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en el año 2050 apenas habrá 2,4 cotizantes por cada jubilado, frente a los cinco de hoy, lo cual ejercerá una fuerte presión sobre el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Además, el Observatorio del Envejecimiento de la UCR revela que en 2010 había 11 personas mayores de 65 años por cada 100 en edad de trabajar; en 2022 esa cifra se disparó a 20. Este aumento de la población adulta mayor contrasta con un mercado laboral que no brinda garantías a quienes están cerca de jubilarse.
Un ingeniero de 63 años
Juan, ingeniero con 28 años de experiencia en una empresa nacional, fue despedido a los 63 años, cuando le faltaban solo dos para su pensión. Según me contó, su salida se justificó como efecto de una “reestructuración”, pero la razón real fue el alto salario que percibía. Con la pérdida del empleo, también perdió su fuente de cotización y el acceso a una pensión digna.
Desde entonces, Juan trabaja como chofer en plataformas de transporte privado. Relata: “Así reúno algunos colones, pero no cotizo y mi pensión peligra”. Su situación refleja el círculo vicioso: sin acceso a empleo formal, pierde cotizaciones necesarias y aumenta su vulnerabilidad en la vejez.
Aunque la Ley 8107 prohíbe el despido por razones de edad y exige restituir al trabajador si demuestra tal discriminación, las cláusulas permiten despidos por “reestructuración” sin mucha vigilancia. El resultado: un vacío normativo en que la experiencia se sustituye por ahorro empresarial.
Como acciones recomendadas para afrontar esta frecuente práctica, se sugiere:
- Reforma al preaviso: ampliar el preaviso a 3 meses para trabajadores mayores de 55 años con más de 10 años en la empresa.
- Incentivos fiscales o subsidios para empresas que mantengan a sus empleados sénior.
- Programas estatales de reinserción laboral especialmente diseñados para mayores de 55 años.
- Supervisión activa del Ministerio de Trabajo, para prevenir que las “reestructuraciones” oculten despidos indebidos.
Despedir a una persona a punto de jubilarse no solo afecta su vida; es una señal de que, como país, no valoramos la trayectoria y el esfuerzo. Juristas, expertos en seguridad social y pensionados lo advierten: este es un tema urgente de desigualdad intergeneracional.
La experiencia no debe penalizarse con el olvido. Costa Rica necesita garantías reales para quienes están a poco de asegurar su futuro. Sin ellas, estamos construyendo un sistema injusto y, en última instancia, insostenible.
La dignidad laboral no tiene fecha de caducidad. Es deber del Estado, del sector empleador y de toda la sociedad garantizar que quienes han trabajado con compromiso y esfuerzo durante décadas no sean descartados cuando más protección necesitan.
No podemos seguir castigando de esta forma la experiencia.
adquesada@itcr.ac.cr
Adrián Quesada Martínez es profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).
