Es cada vez mayor el abismo que separa el derecho de la realidad. Mientras el derecho padece de ineficacia crónica y gula semántica, los fenómenos de poder parecieran remitirnos a pretéritas épocas en que fuerza y dinero dictaban las únicas normas válidas. Nuestro ordenamiento jurídico ha crecido hasta mostrar una obesidad insana, sin embargo su aplicación padece de raquitismo, de abulia, de impotencia. ¿De qué nos sirven tantas leyes si no se aplican?
Carrera hacia la anomia. En los últimos meses hemos sido inundados de noticias sobre graves violaciones al ordenamiento jurídico que ya adquieren características de endemia. Corrupción en el ejercicio de la función pública, atropello a los derechos laborales, desprecio por la vida y la integridad física de los habitantes, el robo –cada vez con mayor violencia– y la estafa como ocupación declarada, el daño ambiental aceptado en las concesiones, la expedita liberación de homicidas, agresores, conductores temerarios, abusadores de menores y violadores como trámite normal en los juzgados penales. Esta carrera pertinaz y compulsiva hacia la anomia debe frenarse; de otro modo la vida en sociedad se tornará una ilusión.
Dice el libro del Génesis: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra” y en el Evangelio según San Juan leemos “En el principio era el Verbo...”.
En ambos textos sagrados Dios es acción. Dios no es idea o palabra, sino acción. Sin embargo, nosotros, sus criaturas, hemos inventado las palabras y naufragamos en su embrujo seductor; definimos una veintena de tipos penales, los incorporamos a un código y festejamos como si las palabras, por sí solas, fueran capaces de eliminar todas las conductas ilícitas que la norma incorpora.
Mientras el derecho no se manifieste en la realidad, mientras las normas jurídicas no se apliquen, de nada sirven. Hace seis años, en el transcurso de una investigación sobre explotación sexual de menores, encontré 38 normas vigentes desde la Constitución Política hasta decretos, pasando por tratados internacionales y leyes; 19 proyectos de leyes en la corriente legislativa y 43 instituciones entre públicas y privadas –varios Ministerios, el PANI, la CCSS, la Defensoría de los Habitantes, Unicef-Costa Rica y otras– dedicados al problema. La lista no era exhaustiva, fue aportada con ánimo de ejemplificar.
La falta de articulación entre las instituciones era de espanto, la ausencia de aplicación normativa inexplicable y el cúmulo de millones gastados en salarios, honorarios, programas y proyectos que nunca se traducían en atención concreta a los niños y niñas explotados/as, era tan estelar como indignante. Esta injusticia de proporciones siderales que es la falta de protección a los menores de edad, aún se mantiene para vergüenza de todos nosotros.
Palabras inútiles. Días atrás, anonadada por tanto atropello a la dignidad humana que ha tomado por asalto a nuestras comunidades, a nuestros niños, a nuestros trabajadores, a nuestros ancianos, enfermos, indigentes, mujeres agredidas, inmigrantes, escandalizada por la forma irresponsable y arbitraria en que se manejan los fondos públicos, derrochados en detrimento de urgentes necesidades, indignada por tan salvaje destrucción a nuestra pródiga naturaleza propiciada desde las altas esferas gubernamentales, me dije: el derecho ha muerto, arropado por millones de palabras inútiles y hambriento de eficacia; el derecho ha muerto y lo que nos muestran es su cadáver embalsamado, así pensamos que todavía vive.
Dolorida y vestida de negro mi alma, recordé las sabias palabras de quien fuera mi profesor, el doctor Héctor Negri, palabras que tantas veces repetí a mis alumnos:
“Con el hombre como núcleo y centro de sus determinaciones, con el respeto como base para despliegues todavía más humanos y profundos, el derecho es parte de una inacabada esperanza”.
Y entonces recapacité. Tal vez no ha muerto el derecho, tal vez esté gravemente enfermo. Hay que esmerarse en un tratamiento que le devuelva su vigor, su auténtica vigencia; hay que recordarles a los encargados de su aplicación que los fines últimos del derecho son el bien común y la armonía social; hay que insistir en la necesaria y urgente manifestación de los valores jurídicos: orden, seguridad, paz, cooperación, solidaridad, justicia.
Hay que sacarlo de las bibliotecas y llevarlo a la vida cotidiana. Hay que alimentarlo con una dosis potente de eficacia. Hay que resucitar el sentido de responsabilidad en los seres humanos, que como significa aceptar las consecuencias de nuestra conducta, lleva necesariamente a meditar antes de actuar. Hay que…
Tarea de todos. Demasiada tarea para una sola persona. Se van a necesitar expertos en logística, en organización eficiente del trabajo, en psicología social, en pedagogía, en cuidados intensivos, en programación y control (sobre todo esto último, control), en nutrición espiritual, y también, desde luego, verdaderos juristas.
Pero, sobre todo, será necesaria una valiente brigada con abundantes pertrechos de paciencia, constancia y buena voluntad. Y ya hay muchas brigadas valientes en el país. Sigamos su ejemplo en esta nueva tarea.
¿Quiénes se unen a esta cruzada? Yo me apunto. La tarea es urgente. Nuestro ordenamiento jurídico necesita un drástico tratamiento que le devuelva validez y eficacia. Esta Costa Rica que tanto queremos, merece nuestro esfuerzo. Espero aliados y aliadas. Ustedes dirán que es una utopía lo que propongo. Puede ser. Ya escuché eso muchas veces.
Pero ¿no es acaso en pos de utopías como ha crecido el derecho desde aquellas lejanas épocas de Ur-Nammu? No tengo mucha idea de por dónde empezar, pero empecé por escribir esto porque, como decía Lao Tse, “un viaje de mil leguas comienza donde están tus pies”. No usé los pies, sino las manos y el pensamiento y la voluntad. ¿Vale? Ahora es necesario caminar.