El delito definanciamiento partidario

Transparencia y publicidad. La transparencia obliga a los partidos políticos a informar sobre este delicado tema del financiamiento, mientras que la publicidad garantiza a todos los ciudadanos, y a las otras agrupaciones políticas, conocer el origen de los fondos con los que cuenta un partido. La visión de los partidos políticos, desde la perspectiva del Código Electoral, es la de organismos indispensables en el sistema democrático y, además, formadores de la manifestación de la voluntad popular y vehículos de participación ciudadana. De ahí que, en los partidos políticos, resulta inaceptable el secretismo, el anonimato y el hermetismo.

Lo anterior, precisamente, tiene como objetivo, entre otros, evitar la impunidad y la corrupción. Sabemos que la impunidad hace un serio daño al sistema democrático, más si esa impunidad está referida a conductas que atentan contra el proceso electoral. Asimismo, la corrupción afecta la credibilidad y confianza de los ciudadanos en las instituciones indispensables para la vida democrática de una sociedad. Por eso, el legislador, responsable del diseño de la política criminal, ha reforzado la protección de los ciudadanos en el proceso electoral, por medio de tipos penales que castigan el financiamiento oculto o secreto de los partidos políticos, o cuando dicho financiamiento provenga de determinados sujetos o fuentes.

Penas de prisión. Las conductas prohibidas se orientan en primer lugar a la violación al deber de informar sobre la recaudación de fondos, lo mismo que a la omisión de llevar el registro de actividades de recaudación de fondos. El incumplimiento de estos deberes acarrea penas de prisión, que van de dos a seis años. La responsabilidad penal por esta recepción de contribuciones privadas ilegales recae en el tesorero o miembros del comité ejecutivo. La responsabilidad penal del tesorero de los partidos políticos queda destacada en el diseño de los delitos electorales, al establecerse conductas prohibidas que solo le son atribuibles a él. Lo mismo ocurre en algunos delitos, en que se sanciona a los contadores públicos que certifican datos falsos u ocultan información. Lo anterior no significa que a otros sujetos –como, por ejemplo, los candidatos de elección popular– no se les pueda atribuir algunas de estas conductas delictivas.

Contribuciones. La prohibición penal se extiende, particularmente, a las contribuciones de extranjeros y personas jurídicas. La prohibición a estos sujetos resulta absoluta: a las personas jurídicas de cualquier naturaleza, con o sin fines de lucro, mercantiles, sociales o culturales, se les prohíbe efectuar, directa o indirectamente, contribuciones, donaciones o aportes en dinero, o en especie, para sufragar gastos de los partidos políticos. Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, tienen prohibido adquirir títulos o realizar cualquier operación que implique cualquier beneficio para los partidos políticos (Art. 128, Código Electoral)

Acertadamente, la Sala Constitucional, mediante el voto número 1534-2013, declaró recientemente sin lugar una acción de inconstitucionalidad que pretendía la completa eliminación del Código Electoral (Ley N.º 8765) y, consecuentemente, de estos delitos y faltas administrativas electorales. En la misma acción de inconstitucionalidad se pretendía también eliminar una serie de secciones y artículos del Código Electoral, entre otros, la Sección V del Código Electoral, la cual se refiere a la cesión de derechos de la contribución estatal. Al respecto, la Sala Constitucional ordenó la suspensión de los artículos 115-119 del Código Electoral por haber sido impugnados por razones de fondo.

A consecuencia de lo anterior, los partidos políticos tenían en suspenso la utilización de los tradicionales bonos, que promueven el anonimato de los contribuyentes, adquirentes o donantes. En su lugar, deben utilizar la figura de la cesión de derechos de la contribución estatal, por medio de los certificados de valor. Aunque todavía no se conoce la integridad de la sentencia de la Sala Constitucional, lo relevante es que se mantiene en primer lugar la vigencia del Código Electoral y, en segundo lugar, la validez de las restricciones que establece dicho código para el uso de los bonos de la deuda política.

Fiscalización. El voto de la Sala Constitucional reafirma, sobre todo, los principios de transparencia y publicidad no solo del Estado democrático, sino, particularmente, de los partidos políticos, pues los ciudadanos de un Estado democrático tienen derecho a conocer y hasta fiscalizar el financiamiento de los partidos. El rol de los medios de comunicación en esta labor de fiscalización resulta de primer orden. De ahí que, para cumplir con esta importante tarea, los medios necesitan un amplio acceso a información de naturaleza contable, y los partidos políticos están obligados a proporcionarla. Sin duda, el tema reviste un enorme interés público.

La resolución de la Sala Constitucional tiene también una finalidad procesal práctica: el Ministerio Público podrá continuar, sin ninguna duda de constitucionalidad, con importantes investigaciones abiertas por supuestos ilícitos penales de naturaleza electoral que se realizaron aparen-temente en la campaña política pasada. Pero, para la vigencia real de las normas jurídicas –las penales no son la excepción–, se requieren, además de establecer estos delitos como una prioridad en la investigación, los medios necesarios, recursos y personal especializado y capacitado, más aún si consideramos que nuestro país no tiene una tradición, ni legislativa ni jurisprudencial, en los delitos electorales.

Los esfuerzos que se realicen respecto a casos político-criminales resultan absolutamente relevantes, ya que en la base de esta tutela penal se encuentra precisamente el respeto a la libre voluntad popular, expresada a través del sufragio.