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El panorama del cierre del proceso político-electoral en Costa Rica impone una pregunta ineludible: ¿qué deber cívico recae sobre las candidaturas que, a estas alturas, se ubican por debajo del margen de error?
Esta cuestión no es menor, porque llega en un contexto de fragmentación partidaria creciente y de una competencia en la que, para bien o para mal, cientos o decenas de votos pueden determinar cuánto poder institucional efectivo acumulan las fuerzas de la oposición al oficialismo.
Desde hace varios procesos electorales, ha aumentado la cantidad de partidos inscritos por los que el electorado ha de optar. En el proceso actual, se alcanzó un nuevo récord: 20 partidos disputan a nivel nacional el Poder Ejecutivo y el Legislativo (y otros tantos, a nivel provincial).
No me interesa aquí explicar por qué ocurrió este salto; baste sugerir que su probable determinante es un mal diseño institucional que facilita la inscripción de organizaciones partidarias ante el Tribunal Supremo de Elecciones, un diseño en cuya instauración la Sala Constitucional jugó un papel clave.
Vale notar, sin embargo, que esta multiplicación de partidos políticos no es proporcional a la diversidad programática ni al pluralismo político. La mayor parte de las alternativas ideológicas relevantes ya está cubierta por los principales partidos nacionales más importantes.
Estos son, además, los que suelen contar con planes de gobierno y agendas legislativas más desarrolladas, y con equipos relativamente preparados para asumir responsabilidades reales en el Ejecutivo y en el Congreso. En síntesis: más partidos no ha implicado, en lo sustantivo, un mayor pluralismo político.
Buena parte de esta oferta partidaria está compuesta por figuras públicas menores, con estructuras partidarias débiles o inexistentes y con poquísima preparación política. Sin mayor sorpresa, prácticamente todas esas nuevas propuestas no han superado el margen de error en las encuestas más serias sobre intención de voto para el actual proceso electoral.
Y aquí aparece un punto normativo central en nuestra coyuntura actual: cuando una candidatura está por debajo del margen de error, su continuidad como “proyecto presidencial” o “proyecto legislativo” deja de ser una apuesta razonable para la representación política, pero sí contribuye a la dispersión del voto opositor.
Por ejemplo, votos que se dispersen en propuestas partidarias tan cercanas ideológicamente como las de Ana Virginia Calzada (Partido Centro Democrático y Social), Claudio Alpízar (Partido Esperanza Nacional), Luz Mary Alpízar (Progreso Social Democrático) y Walter Rubén Hernández (Justicia Social Costarricense) difícilmente les habilitarán para tener una sola diputación en la Asamblea Legislativa. Pero esto sí puede llevar a que alguno de los partidos de la oposición con mayor recepción electoral pierda una curul en el próximo Congreso.
Estamos a las puertas de lo que razonablemente puede describirse como una de las elecciones más importantes en décadas para Costa Rica. La alternativa oficialista se perfila como una amenaza directa a fundamentos básicos del orden constitucional vigente. De ahí que el deber cívico de las candidaturas por debajo del margen de error se vuelve claro. Su criterio de acción no puede ser una terca perseverancia testimonial, sino el interés de la República misma.
Por eso, en mi opinión, el deber cívico gravísimo de estas candidaturas es poner el interés de la República por encima de intereses electorales que, a estas alturas, son claramente infértiles. Y ese deber obliga a dar un paso a un lado y llamar con claridad a votar en ambas papeletas por alguna de las alternativas opositoras al oficialismo que sí se encuentran por encima del margen de error.
Este es un acto básico de responsabilidad republicana frente a una coyuntura política excepcional. Veremos quién está a la altura de cumplir con este deber.
alguear7@gmail.com
Alejandro Guevara Arroyo es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.
