EscucharDesde el punto de vista de nuestro ministro de Ambiente, Energía y Minas, la propuesta de Ley General Eléctrica (LGE) que ha sometido ante la Asamblea Legislativa es una propuesta de consenso, la cual trata de conciliar dos posiciones ideológicas antagónicas, la de un mercado controlado totalmente por las inversiones del Estado extraídas a costa del bolsillo del abonado, o por capitales privados en régimen de competencia. (La Nación, Foro, 28/01/11)
Sin embargo, la urgencia para que el país cuente con una ley que regule a todo nuestro sector eléctrico responde más a una apremiante necesidad económica que a la imposición de una ideología de mercado. El costo de la energía eléctrica que pagamos en Costa Rica se ha triplicado en menos de una década (de los cinco a los diecisiete centavos de dólar promedio el KW hora nacional) y no tenemos por ahora ninguna seguridad de que esa tendencia alcista cambiará en los próximos diez años.
Problema no es ideológico. El problema que enfrentamos no es de carácter ideológico, ni de carácter tarifario, como lo expresó en una ocasión don Teófilo, sino que es un caso de optimización económica de la producción y distribución eléctrica.
Mientras toda la producción de la energía eléctrica esté en manos de una agencia del Estado, y esta producción sea siempre, durante los meses de verano, inferior a la demanda, la tendencia de las tarifas será siempre alcista. No hay ley que obligue al ICE a mantener la capacidad productiva real superior a la demanda en todo momento. Si el mayor porcentaje de producción eléctrica sigue bajo una agencia del Estado, como lo pretende la propuesta de ley, y esta agencia no enfrenta competencia significativa para reducir sus costos de inversión y luego de producción, las tarifas eléctricas seguirán siempre al alza y determinadas por el piso tarifario que impondrán las plantas del ICE.
Ejemplo: Si Pirrís producirá a partir de septiembre a un costo de más de quince centavos de dólar el KW hora, no podríamos esperar que una nueva planta privada ofrezca su producción a ese o a un menor costo. Si al terminar Diquís su producción tendría un costo de veinte centavos de dólar el KW hora, muy difícilmente habrá oferentes privados para entonces, ofreciendo su energía a menor costo, sobre todo cuando el comprador seguirá siendo único y terminará dándole preferencia a la compra de su propia energía. Mientras no se permita la competencia en la distribución eléctrica, la tendencia en tarifas siempre será hacia el alza afectando a toda la población, e incidiendo en el incremento de nuestros índices de pobreza extrema.
Omisiones. Las omisiones de la propuesta de LGE del actual gobierno son tantas, que no auguran un impacto positivo, ni en la estabilidad de tarifas, ni en el estímulo a la producción sobre la demanda, ni en la atracción de capitales para coadyuvar el esfuerzo inversionista estatal, ni a garantizar la protección para el abonado y para sus intereses y contribuciones económicas realizadas durante décadas dentro de un modelo de solidaridad, ahora caduco y en total distorsión.
Lo realmente ideológico de la propuesta de LGE es que intenta convertir el statu quo del régimen de facto actual de producción y compra de la energía eléctrica, denominado monopsonio, en un marco legalizado que le concede todas las potestades monopolísticas de compra de la energía eléctrica al ICE.
No debería sorprendernos entonces que muchos sectores políticos, incluyendo muchos dentro del partido oficial, estén decepcionados con las políticas del actual Gobierno, y ya estén cerrando filas en torno al liderazgo que les ofrece la continuidad de la apertura y crecimiento económico privado.
Tampoco debería sorprendernos el visible retorno del poder sindical estatal tradicional y su insaciable lucha por usufructuar del ingreso económico de la hacienda pública, esta vez producto de la inminente reforma tributaria.
