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Una noticia que publicó el mes pasado el diario La Nación (13/07/2026) tuvo el poder de estremecernos: dos adolescentes de 16 y 17 años fueron asesinados de múltiples disparos en Limón. Con ellos, aumenta una estadística que debería sacudir la conciencia nacional. Sin embargo, corremos el riesgo de leerla, lamentarla durante unas horas y continuar como si se tratara de una sucesión inevitable de hechos violentos.
Estamos ante adolescentes que están siendo reclutados, utilizados y finalmente sacrificados por el crimen organizado. Jóvenes convertidos en vigilantes, mensajeros, distribuidores, cobradores o sicarios. Para estas estructuras, son mano de obra barata, fácilmente sustituible y, cuando deja de ser útil, desechable.
Cada uno de estos asesinatos representa una vida perdida, una familia destruida y, también, el fracaso de un Estado que no llegó a tiempo.
No basta con que las instituciones aparezcan después del crimen: la Fuerza Pública para acordonar la escena, la Cruz Roja para recoger a los heridos y el Organismo de Investigación Judicial para iniciar una investigación.
La obligación del Estado comienza mucho antes: cuando un adolescente abandona el colegio, empieza a consumir drogas, vive situaciones de violencia, se aleja de su familia o comienza a ser seducido por el dinero y el poder que le ofrece una organización criminal.
El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) tiene una responsabilidad superior como ente rector en materia de niñez y adolescencia. Su obligación no es solamente administrativa. Responde al mandato constitucional de brindar protección especial a las personas menores de edad y de articular la acción del Estado cuando sus derechos están amenazados.
Debo reconocer que en el PANI existen muchos profesionales comprometidos, funcionarios que conocen esta realidad, que trabajan en condiciones difíciles y que hacen esfuerzos importantes por proteger a niños, niñas y adolescentes.
El problema radica en una jerarquía que ha actuado de manera errática, sin una orientación clara, sin liderazgo técnico sostenido y sin una propuesta nacional capaz de responder a la magnitud del fenómeno.
No se asignan los recursos necesarios, pero lo más grave es que tampoco parece existir un proyecto alternativo serio para atender a estos adolescentes; no hay una ruta nacional claramente definida que integre protección, educación, salud mental, tratamiento de adicciones, formación para el trabajo, intervención familiar y reinserción comunitaria.
El PANI no puede limitarse a trasladar adolescentes de una organización a otra, ni a buscar apresuradamente un lugar dónde ubicarlos. La atención de esta población exige mucho más que techo, alimentación y vigilancia: requiere una infraestructura humana, clínica, educativa, ocupacional y comunitaria que permita reconstruir un proyecto de vida.
Es necesario reconocer el valioso aporte de organizaciones no gubernamentales que durante años han asumido responsabilidades que el Estado no ha podido o no ha querido atender. Algunas han demostrado un compromiso extraordinario, han acumulado experiencia y han trabajado con poblaciones de enorme complejidad en condiciones muy difíciles.
Pero no debemos caer en la ingenuidad de pensar que cualquier organización, por el solo hecho de presentarse como una entidad de bien social, posee la capacidad técnica para atender a los adolescentes más vulnerables.
Resulta peligroso que se delegue esta responsabilidad en organizaciones que no cuentan con experiencia, personal especializado, metodologías de intervención ni planes claramente definidos. En algunos casos, pareciera que las decisiones responden más a cálculos financieros, a la posibilidad de recibir transferencias estatales o a filiaciones de carácter dogmático-religioso que a una verdadera propuesta terapéutica y educativa.
La espiritualidad puede constituir un recurso valioso para muchas personas, pero nunca debe sustituir la intervención psicológica, psiquiátrica, educativa y social que estos jóvenes necesitan; mucho menos puede convertirse en una condición para recibir atención o en un mecanismo para imponer creencias a una población especialmente vulnerable.
Atender a adolescentes con graves trastornos conductuales o emocionales, consumo problemático de sustancias, experiencias de abandono, violencia, explotación o vinculación con grupos criminales no es una tarea que pueda improvisarse. Requiere experiencia comprobada, equipos interdisciplinarios estables, supervisión técnica, evaluación permanente y absoluta transparencia en el uso de los recursos públicos.
Costa Rica ha tenido experiencias que pudieron fortalecerse, evaluarse y mejorarse. El Hogar San Agustín nació precisamente como una respuesta a las dificultades del propio PANI para atender adolescentes con perfiles de gran complejidad: jóvenes abandonados, agredidos, desescolarizados, con problemas conductuales, emocionales, de consumo y con un altísimo riesgo de ser captados por estructuras delictivas.
No era un proyecto perfecto. Ningún programa que trabaja con esta población puede estar libre de dificultades, pero era una alternativa construida durante años, con experiencia acumulada y con una propuesta que procuraba integrar la atención psicológica, la intervención conductual, la educación, la formación ocupacional y la reconstrucción del proyecto de vida.
En lugar de evaluar esa experiencia, corregir sus debilidades y fortalecerla, se tomó la decisión de cerrarla. Posteriormente, el proceso penal relacionado con los hechos que motivaron aquella intervención concluyó con un sobreseimiento definitivo y, para entonces, el daño ya estaba hecho: el programa había desaparecido, los trabajadores habían perdido sus empleos y los adolescentes habían sido reubicados abruptamente.
El país destruyó una alternativa sin haber construido otra.
Lo ocurrido con San Agustín no debe analizarse únicamente como un hecho del pasado. Es una muestra de la facilidad con que una decisión administrativa puede eliminar años de experiencia sin medir las consecuencias ni garantizar la continuidad de la atención.
Este problema no puede atribuirse únicamente al PANI. Se necesita una política de Estado y una alianza interinstitucional real. El Ministerio de Educación Pública debe evitar la expulsión silenciosa de los adolescentes del sistema educativo y construir opciones flexibles para quienes no logran permanecer en la educación tradicional.
El INA debe ofrecer programas adaptados a esta población y no cursos pensados únicamente para jóvenes que ya poseen estabilidad personal, familiar y académica. La CCSS, el IAFA y los servicios de salud mental deben garantizar atención intensiva y continua. El Poder Judicial, las municipalidades, el IMAS y las instituciones responsables de la formación y el empleo también deben asumir su parte.
No podemos continuar trabajando como si cada institución fuera una isla. El crimen organizado sí actúa de manera coordinada, conoce los territorios, identifica a los adolescentes más vulnerables y les ofrece dinero, pertenencia, reconocimiento y una aparente protección. Mientras tanto, el Estado fragmenta las responsabilidades, discute competencias y posterga decisiones.
Cuando un adolescente comete un delito, debe asumir las consecuencias correspondientes; la sociedad necesita normas claras, límites y responsabilidad, pero reducir la respuesta a la cárcel es renunciar a comprender el problema y, sobre todo, a prevenirlo.
Muchos de estos jóvenes han sido víctimas antes de convertirse en victimarios; han vivido abandono, violencia, fracaso escolar, exclusión y ausencia de oportunidades. Reconocer esta realidad no significa justificar sus actos, significa comprender por qué son tan fácilmente reclutados y qué debe hacer el país para impedir que otros recorran el mismo camino.
Tampoco basta con afirmar que la prisión no rehabilita. Quienes sostienen esa posición tienen la obligación de proponer alternativas concretas, técnicamente sólidas y debidamente financiadas. ¿Dónde están los programas residenciales especializados? ¿Quién atiende a un adolescente que desea abandonar una organización criminal? ¿Qué protección se le ofrece a él y a su familia? ¿Dónde puede estudiar, recibir tratamiento y aprender un oficio? ¿Quién lo acompañará durante el largo proceso de reconstruir su vida?
Cada adolescente asesinado constituye una derrota para su familia, para el sistema educativo, para las instituciones de protección y para toda la sociedad costarricense.
No podemos continuar contando muertos mientras las instituciones explican por qué el problema no les corresponde o por qué no cuentan con presupuesto. La falta de recursos es real, pero también lo es la falta de dirección, de voluntad política y de un proyecto nacional.
El PANI, como ente rector, debe convocar y conducir esta respuesta. No puede eludir esa responsabilidad ni transferirla de manera indiscriminada a organizaciones privadas. Debe definir estándares técnicos, seleccionar entidades con experiencia comprobada, supervisar rigurosamente su funcionamiento y garantizar los recursos necesarios.
Costa Rica necesita una política nacional de prevención, rescate, rehabilitación e inserción social para adolescentes en alto riesgo, una propuesta que no dependa de improvisaciones, afinidades políticas, intereses financieros o posiciones religiosas excluyentes.
La adolescencia necesita límites, responsabilidad y consecuencias, pero también educación, tratamiento, oportunidades y adultos dispuestos a no abandonarla.
El crimen organizado ya está reclutando.
La pregunta es cuánto tiempo más tardará el Estado costarricense en responder.
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Otto Silesky Agüero es psicólogo, educador y presidente de la Fundación Omar Dengo.
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