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Cada día la noticia es una nueva cifra de homicidios, un asesinato por encargo o una operación policial contra estructuras criminales. Los comentarios son del mismo libreto: indignación, búsqueda de responsables y no falta quien proponga aumentos de penas y reformas a la ley.
Con ello nos cuestionamos: ¿es realmente la falta de leyes nuestro principal problema o debemos comenzar a cuestionarnos la capacidad real del Estado para enfrentar organizaciones criminales cada vez más complejas?
La legislación moderna es importante. Se requieren herramientas jurídicas adecuadas para que el Estado sea eficiente. Mi preocupación está centrada en ver cómo en cada crisis de seguridad, esta termina convirtiéndose en una competencia por ver quien propone penas o medidas más severas. Legislar no es sinónimo de resolver.
No se debe confundir la aprobación de leyes con una investigación adecuada. No es lo mismo detener personas, que desarticular organizaciones. Decomisar dinero, no es suficiente, lo importante es seguir su ruta hasta identificar la estructura económica que sostiene esa actividad criminal.
No es suficiente describir a Costa Rica como un territorio de tránsito de drogas, el fenómeno cambió. Las disputas son territoriales, tenemos mercados ilícitos internos y las organizaciones tienen una capacidad económica cada vez más robusta, que permite el reclutamiento de menores de edad y la violencia por encargo.
¿Qué ocurrió anteriormente?
Antes de aprobar una nueva reforma, es mejor cuestionar qué ocurrió con las anteriores. Este cuestionamiento es menos mediático que el anuncio de, cero tolerancia, orden y disciplina, pero con probabilidad sea más importante. No olvidemos que una ley puede aprobarse en pocos meses, pero construir la capacidad institucional cuesta años.
El crimen organizado necesita recursos para existir, con ello se financia todo y además, crea riesgos de corrupción y penetración institucional. No es suficiente el decomiso de bienes con valor económico, la investigación financiera es primordial. Es de suma importancia identificar quién tiene el control de los activos, quién se beneficia de ello y cómo estos recursos son inmersos en la economía con apariencia legítima. Al afectar la capacidad financiera, le es más difícil la operación.
Mi mayor preocupación, radica en ver que cada vez que se aumenta la violencia, se responsabiliza a las garantías procesales. Se cuestiona a los jueces, al debido proceso, a la prisión preventiva e incluso, al ejercicio de la defensa. Este enfoque simplifica peligrosamente el problema. Por ello, no se debe temer al debido proceso, cuando se actúa y se investiga de manera profesional. Aquí, el desafío será investigar mejor y no investigar sin límites.
Una persona juzgadora, especializada en delincuencia organizada, o el ente fiscal no tienen como función combatir el crimen organizado. Su función es investigar y juzgar imparcialmente. Parece una diferencia pequeña. No lo es. Es una diferencia constitucional.
Política carcelaria y prevención
En una política criminal integral, el sistema penitenciario también debe formar parte de la estrategia. El Estado debe impedir que determinadas estructuras mantengan comunicaciones o liderazgo desde los centros penitenciarios. Pero eso requiere inteligencia penitenciaria, clasificación técnica, tecnología, control institucional y lucha contra la corrupción. La seguridad penitenciaria y la dignidad humana no son incompatibles.
La permanencia de las autoridades en los territorios es importante una vez que se han recuperado.
Seguridad, claro que sí. Pero también políticas preventivas que permitan educación, oportunidades, infraestructura, deporte, cultura y servicios públicos. Si el Estado llega únicamente con policías y después se retira, alguien volverá a ocupar ese espacio. El Estado debe entender perfectamente el valor del territorio, esto lo tienen claro las estructuras criminales.
Costa Rica necesita una política criminal que vaya más allá de cada gobierno de turno. El crimen organizado no trabaja en periodos de cuatro años. Cambia rutas, sustituye personas, modifica métodos y aprende de sus errores. Se requiere de una política de Estado con objetivos medibles, presupuesto, indicadores, evaluación y continuidad.
Es una falsa disyuntiva el pensar que Costa Rica tiene que escoger entre seguridad y derechos fundamentales. La realidad nos dice que se debe construir un Estado capaz de investigar organizaciones complejas, seguir el dinero, analizar evidencia digital, recuperar territorios y proteger sus instituciones.
Los discursos fuertes, las penas más severas no generan temor al crimen organizado. Por eso, debemos dejar de preguntarnos únicamente cuánto queremos castigar. La pregunta verdaderamente incómoda es otra: ¿Tenemos el Estado necesario para enfrentar el crimen organizado que ya tenemos?
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Rafael A. Rodríguez Salazar es abogado y notario.
