Lina Barrantes. 4 febrero

El país ha estado sumido en un debate sobre la pertinencia de reducir la tenencia de armas de tres a una. Me contaba un diputado que recibió 20 solicitudes de audiencias para convencerlo de votar para que el número de armas por ciudadano se mantenga en tres y para que la edad para entrar en un polígono se reduzca a 12 años. Esos son los proarmas.

Evidentemente, detrás hay un negocio universal: las armas son el comercio mundial lícito más grande del mundo. ¿Habrá intereses financieros de por medio?

Quienes defendemos el derecho a la vida y queremos que menos armas circulen en la sociedad no defendemos ningún interés económico.

Si usted es ese honorable ciudadano armado, tiene más probabilidades de morir asesinado por un conocido que por un criminal

Los proarmas han llevado el debate a una discusión estadística. ¿Qué porcentaje de armas incautadas utilizadas en la comisión de delitos eran originalmente armas legales? Si bien es cierto ese dato no es menospreciable (un 25 % de las incautadas) no creo que ese deba ser el fondo de la discusión.

El dilema es ético e ideológico. Costa Rica decidió declarar la paz desarmándose hace 70 años. Presumimos de exportar paz, de ser un país “con maestros y no soldados”. La Sala Constitucional ha emitido sentencias que rescatan ese ADN costarricense. Somos un país donde la paz es casi un derecho constitucional (recuerdo en el amargo debate sobre el TLC que la Sala resolvió que sería inconstitucional tener en territorio nacional fábricas de armas, municiones o pertrechos militares).

Ese país que decidió desarmarse unilateralmente debate si mantiene el número de tres armas por ciudadano. Existen 250.000 armas registradas y se calcula que el subregistro es de 500.000. Es decir, en un país desarmado, circulan 750.000 armas para una población de 5 millones, cuya mitad es menor de edad. Es decir, 2,5 millones de costarricenses tenemos 750.000 armas. ¿Suena exagerado para un país que tomó la decisión de desarmarse, no? Suena mucho para un país que casi establece la paz como un derecho constitucional.

Escenarios. Podemos extrapolar que 30 de cada 100 ciudadanos están armados. La cantidad que fueron armas legales y pasaron a ser ilegales sin que sus dueños interpusieran la denuncia nos lleva a preguntarnos cuál es la relación de ese ciudadano honorable que compró un arma de fuego para defender a su familia con ella. La relación es nula. En un momento de miedo, porque alguien cercano sufrió un robo o un asalto, un buen ciudadano compró un revólver, aprendió a usarlo, obtuvo sus permisos y, luego, olvidó que lo tenía guardado al pasar el miedo. Ese es uno de los escenarios.

El otro es la enorme cantidad de homicidios en espacios de confianza. Si usted es ese honorable ciudadano armado, tiene más probabilidades de morir asesinado por un conocido que por un criminal.

Cuando se saca una arma de fuego, se saca para matar: ¿Cree usted, honorable ciudadano, que el criminal que entró a su casa mientras usted dormía está menos decidido que usted a usar el arma para matarlo, que lo que está usted mismo? Hasta donde yo sé, ningún ciudadano honorable en su sano juicio se levanta en la mañana decidido a asesinar. El criminal sí.

Por eso es que todos conocemos historias de gente de bien sorprendida por un criminal y asesinada. El debate no debe girar alrededor de si hay un 0,0005 % o un 0,0015 %; el debate debemos centrarlo en si al reducir de tres a una el privilegio de portar armas de fuego salvamos una vida. Para mí es suficiente.